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Además, pidió indagar y detener al ex titular de la DAIA Rubén Beraja y a la abogada de esta institución judía, Marta Nercellas y a un dos ex altos funcionarios de la SIDE en el menemismo, Patricio Pfinnen y Alejandro Brousson.

Para Ribelli, hoy en libertad después de pasar ocho años preso por el ataque, todos formaron una "asociación ilícita para encubrir el atentado" y pidió su detención por ese delito además de encubrimiento y privación ilegal de la libertad.

"Cumpliendo diferentes roles y ejerciendo todos ellos relevantes funciones públicas, profesionales y comunitarias desviaron adrede e inescrupulosamente la investigación del atentado", argumentó.

En realidad muchos de los mencionados por el abogado, como Anzorreguy, Galeano y los ex fiscales, están ya citados a declaración indagatoria todavía sin fecha como sospechosos de haber cometido irregularidades en la pesquisa, principalmente el pago ilegal de 400 mil dólares a un ex acusado, Carlos Telleldín, a cambio de declarar contra ex policías bonaerenses.

El delito por el que podría ser acusado Anzorreguy es "peculado" -relativo al desvío ilegal de fondos públicos- que tiene penas no excarcelables de prisión.

Según dictaminó el Tribunal Oral Federal 5 que en el 2004 absolvió a los cinco acusados de haber integrado la conexión local del ataque del 18 de julio de 1994, Anzorreguy habría usado fondos de la SIDE para pagar en secreto a Telleldín en juliode 1996.

Como contrapartida, el detenido y ahora liberado reducidor de autos firmó una declaración indagatoria tomada por Galeano donde complicó a cuatro ex policías bonaerenses, Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Barreiro y Raúl Ibarra, en la trama derivada de la entrega de la camioneta Trafic que se usó como cochebomba en Pasteur 633 y dejó 85 muertos.

Todos resultaron absueltos en un proceso donde los jueces ordenaron investigar a los ex funcionarios menemistas Anzorreguy y Corach por el pago "oscuro e ilegal", según recordó hoy el abogado de Ribelli en su presentación.

El juez federal Lijo se hizo cargo de la causa por las irregularidades de la pesquisa luego que la Cámara Federal apartó del tema a su par Claudio Bonadío, por considerar que pudo perder imparcialidad cuando Corach se volvió un sospechoso.

Esto fue así porque Bonadío fue empleado de Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, antes de ser nombrado juez federal cuando Menem amplió ese fuero durante su primer gobierno.

Lijo está actualmente de vacaciones, se reintegrará a su puesto el miércoles próximo y recién entonces, según fuentes consultadas, continuará revisando los expedientes que recibió desde el juzgado de Bonadío.

Por el momento, el magistrado no fijó fechas para las declaraciones indagatorias que dejó ordenadas su antecesor en la causa.