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De acuerdo con el texto el Jefe de Policía será la autoridad de aplicación, un hecho que generó cierta polémica entre las organizaciones de los derechos humanos.

Según la publicación en el Boletín Oficial, el texto fue aprobado por la Legislatura en diciembre y reforma el vigente redactado hace más de 50 años.

El nuevo código está conformado por 120 artículos que sancionan las faltas y contravenciones contra la autoridad, además de toda conducta y acción que altere el orden público.

Para la aplicación de las sanciones se establece la Unidad de Multa (UM), equivalente al 3 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil Nacional, que actualmente es de 18,9 pesos si se toma como base un sueldo de 630 pesos y puede aplicarse hasta 50 UM, es decir 954 pesos.

Como alternativa a la multa económica y el arresto, los contraventores dispondrán de cuatro modalidades para cumplir con la sanción: asistencia a un curso educativo; tratamiento terapéutico; trabajo comunitario y prohibición para concurrir a determinados lugares públicos.

Algunas organizaciones sociales, particularmente las vinculadas a los Derechos Humanos, se manifestaron de acuerdo con el contenido general del texto, aunque criticaron que la autoridad de aplicación recaiga sobre el jefe policial, y en ese sentido sugirieron la creación de Juzgados de Faltas.