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En diálogo con radio Mitre, Massa señaló que "la denuncia nace de una investigación interna" de la Anses, "tras un correo electrónico anónimo que me llega en agosto de 2004".

Allí, según el funcionario, plantearon "la posibilidad de filtración (de información confidencial) a partir de la utilización de claves de la base de datos de la Anses. Ese sumario interno derivó en la causa que se inició en febrero del año pasado por una denuncia de Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises).

Massa reconoció que "lo más grave" del caso es "la manipulación de datos" en que podrían haber incurrido funcionarios de la dependencia a su cargo.

En este sentido consideró que "una cosa es que alguien haga una consulta personal y otra es que alguien utilizando un programa transforme eso en una base de datos. Son datos que por si mismo no tienen valor, pero sí en su conjunto".

La causa. Después de más de un año de investigación y de un allanamiento en la sede central de la Anses, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como sospechosos del posible tráfico de información al ex gerente de Control del organismo Manuel Prieto; al actual gerente de Control Prestacional, Gustavo Xamena, y al empresario cordobés Diego Pizarro.

El magistrado sospecha que a fines de 2004 los funcionarios de la Anses traspasaron (o vendieron) la base a P&P Datos, la compañía de Pizarro, con sede en la ciudad de Córdoba. P&P, también conocida como BDP SA, es una firma de evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz.