E
s que, según una encuesta publicada este domingo por un matutino dominical -basada en un informe a cargo de la Universidad Abierta Interamericana-, el 76 por ciento de los argentinos opina que los indultos deben derogarse tanto para militares como para quienes fueron integrantes de organizaciones guerrilleras.
Uno de los temores del Gobierno en torno al tema de los indultos es, precisamente, que su declaración de nulidad alcance también a los miembros de las organizaciones armadas involucrados en causas judiciales por hechos violentos en los 70.
En este sentido, la tesis que apoya el oficialismo -y con la cual coincidiría la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia- es que la nulidad de los indultos sólo podría ser aplicada a los casos en los que hubo delitos de lesa humanidad, ya que éstos son imprescriptibles.
Según la jurisprudencia internacional incorporada en la Constitución nacional, los delitos de lesa humanidad son 'actos inhumanos contra la población civil o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos', siendo un caso paradigmático el genocidio.
Distinto es el caso de los delitos comunes, que sí prescriben con el paso del tiempo.
Es a partir de esta argumentación que desde el oficialismo se considera que la declaración de inconstitucionalidad de los indultos debe aplicarse solamente para quienes violaron los derechos humanos desde la órbita del Estado, es decir, los integrantes de las Fuerzas Armadas.
No obstante, los indultos también beneficiaron a ex líderes montoneros, como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, y a militares carapintadas que se alzaron contra la democracia, entre ellos Aldo Rico.
Al respecto, el constitucionalista Félix Loñ señaló que, frente al pedido de extradición del terrorista vasco Láriz Irondo, 'la Corte se negó porque los crímenes cometidos por él no eran considerados de lesa humanidad'.
'Para esta Corte, este tipo de delito sólo es cometido por el Estado cuando ejerce su poder punitivo', indicó Loñ al periódico dominical.
En este marco, el gran dilema que le aguardará al supremo tribunal de Justicia será tal vez el de diferenciar responsabilidades entre jefes militares y civiles.
El viernes pasado, durante el acto en Campo de Mayo, Kirchner renunció a la posibilidad de derogar aquellos indultos por decreto, aunque su mensaje a la Corte Suprema fue tajante: 'Espero que proceda y a fondo'.
De todas formas, trascendió que el Gobierno estaría preparando un proyecto para enviar al Congreso en el que se pide que, de ahora en más, los autores de crímenes de lesa humanidad no puedan ser indultados.
La posibilidad de derogar los indultos estaba en la agenda del Gobierno desde el año pasado, cuando el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, antecedente válido que demuestra que ese órgano tiene argumentos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de los perdones consagrados por Carlos Menem.
Los indultos de Menem fueron dictados en dos tandas: en 1989 firmó cuatro decretos y en 1990 siete más, mediante los cuales favoreció a alrededor de 1.200 personas, entre una inmensa mayoría de represores, líderes guerrilleros y hasta gente investigada por delitos comunes.
