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Fernandez explicó que "los agravios" del periodista en su programa por un canal de cable "vienen desde hace dos años", y en esta oportunidad el "detonante" fue una afirmación acerca de que el ministro había recibido una millonaria cantidad de dólares de la empresa Swiftt para "sacar carne del país" pese a las limitaciones para exportaciones.

El ministro dijo que Cherasny afirmó que como Fernández "no repartió" en el gobierno esa supuesta coima "por eso ahora lo quieren echar" lo que, reiteró, "es un verdadero disparate ante el que no me puedo callar".

Las calumnias (falsas imputaciones de delitos) y las injurias son causas de "acción privada" por lo que el impulso del expediente está exclusivamente a cargo del presunto ofendido y no se da intervención a los fiscales.

De acuerdo a las normas procesales corresponde ahora que -tras la ratificación- el juez convoque a una audiencia de conciliación en la que se invita a las partes a solucionar el diferendo lo que puede ocurrir a través de una rectificación y pedido de disculpas del ofensor o de explicaciones que satisfagan al ofendido.

En caso contrario el juez abrirá la causa a prueba y otorgará un plazo de 10 días al querellado para que ofrezca la prueba de la que intentará valerse, finalizado ese período y producidas las medidas pedidas, el ofendido solicitará al juez que fije la fecha para el juicio oral y público que, en los delitos correccionales como este, tramita el mismo juez que instruyó la causa.

Acreditados los dichos agraviantes -mediante testigos, videos, recortes o cualquier otro medio de prueba- la única excusa absolutoria que le queda al ofensor es demostrar que era cierta la afirmación cuestionada.

Ese planteo, conocido como "exceptio veritatis" o prueba de la verdad, excluye la antijuridicidad de la conducta y la responsabilidad de quien difundió los conceptos agraviantes.