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El proyecto fue respaldado por 42 votos contra 17 del arco opositor conformado por el radicalismo, los provinciales y el socialismo.

En su discurso, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, al defender el proyecto del oficialismo, afirmó que se "pone en marcha algo a lo que todos (los gobiernos) le tenían miedo".

"No tengan miedo, vamos a discutir todas las cosas que quieran en este Senado", indicó la senadora.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia son instrumentos que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional cuando, según el artículo 99 inciso tercero de la Constitución Nacional, "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las Leyes", siempre y cuando no se trate de normas que regulen "materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos".

La norma aprobada hoy regula la intervención del Congreso en los DNU, los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de Leyes, dictados por el Ejecutivo.

El eje central del proyecto radica en que la Comisión Bicameral Permanente reglamentada por esta Ley debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento.

El Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto, lo someterá al tratamiento del Congreso. En caso de que ello no ocurra, la Comisión se abocará de oficio a su tratamiento con un plazo de diez días hábiles para dictaminar y elevar la norma al plenario de ambas Cámaras.

El proyecto aprobado esta madrugada establece que vencido el plazo sin que la Comisión Bicameral haya completado el trámite, las Cámaras se abocarán al "expreso e inmediato tratamiento" del decreto.

En el caso de que la Comisión, que estará conformada por ocho diputados y ocho senadores respetando la proporción representativa, sí haya dictaminado, el plenario está facultado para discutirlo en sesión, pero sin plazos límites.

El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

La principal queja de la oposición, por lo cual votó en contra de la medida, radica en lo que fue considerado un "retroceso institucional" en virtud de que la Ley no establece plazos para la ratificación o rechazo de los DNU lo que, para muchos opositores, fue considerado como una "sanción ficta" de los decretos.

Fernández de Kirchner, ponderó en un discurso que duró más de dos horas la decisión del Gobierno nacional de constituir la Comisión Bicameral, apuntando a que desde la reforma Constitucional de 1994 ningún gobierno había implementado esa medida.

"La situación institucional de contralor siempre va a ser mejor para cualquier gobierno de turno, si la Comisión no estaba formada. Eso no es casualidad", sostuvo Fernández de Kirchner, quien argumentó que el proyecto "pone en marcha algo a lo que todos le tenían miedo".

"Es imprescindible dejar en claro la legalidad y jerarquía constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia", afirmó la senadora bonaerense, y subrayó la "necesidad" de que los DNU "tengan expreso tratamiento".

En la misma sintonía, el jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, defendió la ausencia de un plazo para el estudio de los decretos en el Congreso al argumentar que "la mora del Parlamento no es imputable al Poder Ejecutivo Nacional".

"Si le ponemos un plazo, y este no se cumple, el efecto es que el decreto quede rechazado. La negligencia del Poder Ejecutivo se la estaríamos trasladando al Poder Legislativo que cumplió con una norma que está prevista en la letra de la Constitución", defendió el rionegrino.

Por su parte, el radical disidente Rodolfo Terragno, resaltó que en el caso de los DNU "el sí o el no deben ser expuestos" porque si no es así "entonces hay aprobación ficta, porque el decreto sigue vigente y eso viola el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece que la voluntad de cada Cámara debe ser expresa".