E
n una docena de carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani concluyeron que el juez Sergio Torres, quien dictó los medidas, "no efectúa un análisis de la prueba acumulada con posterioridad a la intervención de esta alzada (...) a los hechos que investiga, ni expone la normativa en la que sustenta el proceder que, a su entender, debieron seguir los funcionarios del banco estatal".
En el expediente se imputan irregularidades a los ex directivos del Central por una resolución que "dispuso aplicar el instituto de exclusión de activos y pasivos privilegiados" en el Banco Medefín con lo cual "han violado el deber de protección y cuidado de los intereses de los depositantes". También se les reprocha haber omitido "un adecuado análisis de la situación de la entidad e ignorando la opinión de los expertos, con el fin de beneficiar a unos pocos y causando prejuicio a los acreedores no excluidos por la Ley de Entidades Financieras".
De acuerdo a esa supuesta conducta, se habría generado "un orden de privilegio inexistente antes de la declaración de quiebra" del Medefín. Pero los camaristas, al revocar los procesamientos, dijeron que "debe ser materia de análisis específico, más profundo y detallado en la Justicia Comercial" (y no en la Penal). Además, sostuvieron, "no puede afirmarse que los directivos tuvieran facultades para cuestionar en el ámbito en el que debían actuar y, con los límites impuestos, la calidad de los pasivos a excluir.
