Lunes 31 de julio de 2006
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Política
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Se compromete más futuro por norma para jubilados
Amplia moratoria para acceder al haber mínimo

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a economía argentina tiene garantizado su crecimiento, además del positivo contexto internacional, por el alto ahorro fiscal del gobierno. Por ello, el riesgo de una amplia moratoria lanzada para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo aun sin haber efectuado aportes. El empleo en negro tiene este costo y lo tendrá más a futuro si se toma en cuenta que hoy la informalidad está cerca de 45%. No es casualidad con impuestos elevados para contratar personas. El gobierno dispuso subsidiar a aquellos que, en edad de jubilarse, no podían hacerlo por no haber aportado al haber trabajado en negro. No es criticable por ello (aunque haya quienes reciban el subsidio oficial y no lo necesiten), sino porque en paralelo no se dispongan los ahorros necesarios en otras áreas para hacer frente al nuevo compromiso. No se sabe exactamente el costo final que tendrá, pero dependerá de cuántos de los 2.200.000 personas en condiciones de adherir se sumen a esta moratoria. En el peor escenario, serían $ 11.440 millones, según advierten los economistas Daniel Artana y Nuria Susmel. Es la mitad del superávit primario hoy. Muy riesgoso.

La mejora en las cuentas públicas de la Nación se ha basado en un aumento notable en la presión tributaria, que ha financiado un incremento en el gasto primario y una mejora en el resultado fiscal primario que pasó de menos de un punto del PBI en 1998 a 3,5% del PBI en la actualidad. La calidad de este «ajuste» es cuestionable: impuestos de baja calidad, como las retenciones y el impuesto al cheque, reasignación de gastos desde jubilados hacia programas sociales e inversión pública.

En lugar de aprovechar la coyuntura favorable para ir corrigiendo estas debilidades, el gobierno continúa expandiendo el gasto primario por encima del crecimiento nominal de la economía. Hacia el futuro, se pueden visualizar nuevas presiones de gasto.

Inflación

En la Argentina existen hoy alrededor de 4,3 millones de jubilados y pensionados incluyendo las cajas provinciales no transferidas y las fuerzas de seguridad, la mayoría en sistemas de reparto. Desde finales de 2001 hasta la fecha, la inflación acumulada ha sido del orden de 83%. Solamente alrededor de 1,5 millón que percibía la jubilación mínima hacia el año 2004 ha recibido aumentos que compensan la evolución de los precios. El resto ha tenido aumentos inferiores, mientras que el grupo de beneficiarios con haberes superiores a 600 pesos solamente recibió un incremento de 11% a mediados de este año. Esto da lugar a pasivos contingentes para el Estado por incumplimiento de las normas previsionales que pueden generar un flujo de gasto adicional algo superior a 0,5% del PBI.

En este contexto, a fines del año pasado se modificó la legislación previsional, pero no para corregir el problema mencionado en el punto anterior, sino para crear un importante gasto adicional al habilitar por medio de una generosa moratoria que las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años puedan acceder a una jubilación mínima, aun sin haber realizado aporte alguno en el pasado. La ley, al reducir los intereses que se cobraban anteriormente, disminuye la deuda en poco más de 85%, lo que hace posible que una persona que no ha realizado ningún aporte pueda regularizar su situación pagando durante 5 años una cuota mensual fija algo inferior a los 380 pesos por mes (1). Pero pagando la primera cuota de la moratoria puede acceder a una jubilación de 470 pesos por mes a los cuales hay que agregar 30 pesos adicionales del subsidio a jubilados y pensionados establecido en agosto del año pasado. En resumen, el Estado le pagará a la gente para que regularice su deuda previsional y le quede una diferencia a cambio algo superior a 100 pesos mensuales.

Esa es la cuota máxima posible, porque la deuda (y por consiguiente la cuota) se reduce si la persona tiene aportes previos y si excede la edad mínimapara jubilarse (aproximadamente cada dos años de exceso de edad se recorta uno del total de años a regularizar).

Este régimen es universal para cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad; incluso las mujeres que cobran una pensión pueden tramitar su jubilación. Más aun, una persona puede gestionar la pensión derivada de su cónyuge fallecido aunque éste nunca haya realizado aporte alguno.

Costo fiscal

En base a la estimación de la población por edad y los datos de jubilados de las diferentes cajas, se puede estimar la cantidad de gente que podría acceder a este beneficio. El máximo sería alrededor de 2,2 millones de personas que pueden acceder a una jubilación, a lo que habría que adicionarle alrededor de 550 mil que pueden demandar una pensión por el cónyuge fallecido.

El costo fiscal dependerá de cuánta gente acceda a este beneficio, de la edad y los años de aporte previos de cada uno. En el corto plazo el impacto es más bajo, porque se descuentan los pagos de la moratoria, mientras que en el mediano plazo (5 años) éste aumenta, ya que se percibe la jubilación plena al terminar de cancelar el plan de facilidades de pago. La tabla siguiente muestra distintos escenarios, todos de alto costo fiscal. Nótese que a la fecha, según información oficial, ya entraron a la moratoria casi 130.000 personas.

Un escenario de adhesión total a este régimen parece poco probable, ya que por diversas cuestiones no todos demandarían el subsidio. Sin embargo, aun considerando solamente 50% de adhesión a la moratoria, el costo fiscal es elevado: 3.900 millones al inicio y 7.100 millones después del quinto año si ninguno tuviese aportes previos. Si en cambio los adherentes pueden justificar en promedio 5 años de aportes, el costo fiscal durante los primeros 5 años sería mayor (ya que su cuota sería menor) como puede verse en la 4ª columna de la tabla.

En base a la información de la Encuesta de Hogares se puede analizar cuántos de los potenciales adherentes pertenecen a hogares de bajos ingresos. El 27% del total pertenece a familias de los dos deciles más bajos de ingresos, 23% al siguiente 20%, y 50% restante a familias de ingresos medios y altos. Un programa focalizado se hubiera concentrado en los dos primeros deciles o eventualmente en los cuatro primeros; aquí se optó por una medida universal que potencia el costo fiscal. La filtración hacia las familias no pobres sería de casi $ 2.000 millones en los primeros años y $ 3.600 millones al sexto año, en el caso de adhesión de 50% e individuos sin aportes, monto algo superior al inicio si las personas tienen algunos años de aportes.

A modo de comparación, el Presupuesto Nacional para el año 2006 incluye un monto total por ayuda social a las familias de $ 4.100 millones. Esta política de subsidio universal se suma a otros subsidios ya existentes (transporte, energía, servicios públicos en general) con filtraciones importantes hacia familias de ingresos altos y alto impacto fiscal actual o potencial. Además, genera evidentes inequidades para las personas que han realizado aportes, desalentando el cumplimiento presente y futuro a la espera de un nuevo esquema de este tipo.

El gran logro fiscal del gobierno aparece amenazado no sólo por el deterioro observado en las cuentas públicas provinciales, sino también por un Estado nacional que ha optado por «regalar a diestra y siniestra» apostando a que la recaudación puede crecer sin límite.

(1) Se puede optar por un menor número de cuotas, pero, dado que los intereses de las cuotas también son bajos, es de esperar que la gente opte por el máximo de 5 años permitido. (Fuente: Ambito)

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