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sta vez no hubo anuncios ni se utilizó la Casa Rosada como telón de fondo, como sucedió con la mayoría de las obras ferroviarias. Sin embargo, el Gobierno dio hace poco más de una semana un importante paso en su política de reactivación de trenes.
Después de meses de negociaciones y de varias licitaciones fallidas, la Secretaría de Transporte dispuso que el ramal ferroviario Belgrano Cargas, con la excepción del área metropolitana de Buenos Aires, sea gerenciado por un heterogéneo grupo de empresas y gremios. Luego prevé entregarlo a este grupo, conservando el Estado una mínima participación accionaria.
El nuevo esquema estipula que por seis meses y con la opción de prorrogarlos por un año más, los gerenciadores liderados por el grupo Macri y por la empresa china Sanhe Hopefull operen el ramal, mientras que el Gobierno se hará cargo de los sueldos de los casi 1500 empleados que tiene el ferrocarril. Además, la nueva empresa recibirá $ 22,5 millones mensuales, de los cuales $ 4 millones se destinarán al pago de impuestos y el resto, a la operación del ferrocarril.
Esta decisión marcará el regreso del grupo Macri a los servicios públicos, después de que la administración del presidente Néstor Kirchner le rescindió el contrato de concesión del Correo Argentino, en una de las primeras reestatizaciones de empresas privatizadas que impulsó el actual gobierno.
"Es un paso muy importante, porque salimos de un esquema donde todo estaba en manos de un gremio y vamos hacia otro mucho más democrático, con cuatro empresas y tres gremios", dijo el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Empresa "democrática"
La "democrática empresa gerenciadora", como la definió Jaime, además de contar con Macri y los chinos, está compuesta por los grupos empresariales Emepa (operador de Ferrovías y la Hidrovía) y Roggio (Metrovías).
Por el lado gremial también tendrán voz y voto dentro de la sociedad la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y el Sindicato de Camioneros, todos con participaciones accionarias menores.
El Gobierno decretó la emergencia del ramal que une 13 provincias por 180 días, prorrogable por dos períodos más, en abril pasado. Con esa medida, el Poder Ejecutivo sacó el ferrocarril de la órbita de la Unión Ferroviaria -dueña del 99% de las acciones- y se hizo cargo de todos los gastos que demanda la operación.
Por entonces, el grupo Macri, junto con empresarios chinos, hizo llegar al Gobierno una propuesta para comprar las acciones que tenía el gremio. Pero en la Casa Rosada prefirieron armar un grupo más heterogéneo y se invitó entonces a que se sumaran al proyecto a las empresas Roggio y Emepa.
Interés gremial
La Unión Ferroviaria pretendió entonces reducir su participación societaria (del 99%) a alrededor de un 15%, pero su porción fue devorada por otros gremios.
La Fraternidad, el gremio de los maquinistas ferroviarios, que siempre había estado al margen de la operación, reclamó su parte y el Gobierno accedió. Cuando ya estaba todo prácticamente sellado, ingresó en escena el camionero Hugo Moyano, cuyo argumento fue que el futuro ramal competiría en el mercado de las cargas con los camiones. Moyano, que no conoce de frenos oficiales, también se llevó una parte de la sociedad. Lo cierto es que cada uno de los sindicatos contará con alrededor del 6% del paquete accionario del nuevo ramal.
La gerenciadora, la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), está ahora compuesta por la Sociedad Operativa Ferroviaria (SOFE), que tiene un 80,2 por ciento. Esta empresa, a su vez, es liderada por Macri en sociedad con la empresa china Sanhe Hopefull, y está integrada además por las firmas Roggio y Emepa. El restante 19,8 por ciento está conformado por los tres gremios, con una participación de un 6,6 por ciento cada uno.
Sin licitación
Respecto del paso a manos privadas, se preguntó a Jaime si no era una adjudicación directa, cuando debería ser una nueva licitación. "No -contestó el funcionario-. Lo que se negoció son las acciones que estaban en poder de la Unión Ferroviaria, que era la dueña del 99 por ciento del paquete accionario."
En realidad la adjudicación directa del ramal al gremio que dirige José Pedraza la había realizado en su momento el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, luego de que se declaró desierto un llamado a licitación.
Menem transfirió el ramal al sindicato y le concedió un subsidio de US$ 250 millones, que nunca se efectivizó. Esa operación sí está siendo cuestionada por la Oficina Anticorrupción, que presentó una denuncia en la justicia penal.
El ramal del Belgrano Cargas cuenta con una red de trocha angosta de aproximadamente 10.000 kilómetros de extensión que une el puerto de Buenos Aires y las terminales portuarias de Barranqueras, San Martín, Rosario, Buenos Aires y San Lorenzo con la hidrovía de los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata. Además tiene posibilidades de llegar a Bolivia y Chile a través de los pasos Pocitos y La Quiaca y Las Cuevas y Socompa, respectivamente.
Según datos aportados por la Secretaría de Transporte, "la cobertura del Belgrano Cargas abarca una región del país que comprende trece provincias y la ciudad de Buenos Aires, que representan en su conjunto el 85 por ciento del producto bruto interno de la Argentina, el 78 por ciento de las exportaciones y el 85 por ciento de la población total del país".
