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En su dictamen dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuración General propicia que se haga lugar al recurso de queja que presentó la defensa.

En ese recurso, la defensa señaló que el Superior Tribunal de Jujuy, presidido por Héctor Tizón, no puede paralizar el trámite del recurso ante la condena de Romina, tal cual lo hizo.

Asimismo, el procurador le pidió a la Corte que le ordene al Tribunal provincial se dicte sentencia definitiva a la brevedad, teniendo en cuenta que está en juego la libertad de una persona.

Opinó que dicho Tribunal de Jujuy se 'valió de afirmaciones genéricas y dogmáticas que importaron como base circunstancias que no se corresponden con las constancias de la causa, o bien resultan apreciaciones infundadas que privan de validez al fallo como acto jurisdiccional'.

'La paralización del trámite debe ser dejada sin efecto pues reconoce como fundamentación solo aparente, apoyada en conclusiones dogmáticas o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, que no parece responder más que a la exclusiva voluntad de los jueces', señaló el dictamen del procurador.

También le pide a la Corte Suprema que se tramite y resuelva rápidamente el pedido de excarcelación negado por dicho Tribunal a Romina.

El dictamen destaca que la doctrina de la Corte es que las personas tienen que estar en libertad mientras se tramitan los recursos, y que esa doctrina es obligatoria para los demás Tribunales.

Por último, sostiene que la Corte 'debe declarar procedente la presente queja, hacer lugar al recurso extraordinario, y revocar el fallo apelado para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho'.