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Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas, según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces. En el Ministerio de Justicia, en tanto, dicen que muchos magistrados se fueron para jubilarse (no hay datos oficiales de las causas) y se niegan a arriesgar otra explicación para este fenómeno.

Se trata del índice de deserción más alto desde el advenimiento de la democracia. A lo largo del año y medio de gobierno de Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces; durante los dos años de Fernando de la Rúa, 48; en las presidencias de Carlos Menem, 46 y 102, respectivamente, y en los casi seis años de gestión de Raúl Alfonsín, 110.

Y la tendencia se profundiza. En lo que va de este año ya se fueron 39 magistrados. Sólo habían renunciado tantos jueces juntos durante los doce meses de 2004, de 2005 y de 1984, cuando el fin de la dictadura produjo una renovación en el Poder Judicial.

Mientras tanto, hay cada vez más juzgados vacantes y la Federación Argentina de la Magistratura advierte que ocurre algo nunca visto: en los tribunales del interior ya hay distritos en los que la justicia local tiene problemas para cubrir cargos por falta de candidatos.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por LA NACION sobre todos los decretos de aceptación de renuncias de funcionarios nacionales publicados desde 1983 hasta hoy en el Boletín Oficial.

Hay un dato para tener en cuenta: la Justicia creció. Sobre todo en los años posteriores a 1992, cuando se instrumentó la oralidad para los juicios penales. En 1991 (el primer año del que tiene registro la Oficina de Estadísticas de la Corte), había 558 jueces nacionales y, en 1995, 821. Pero en la última década el número de jueces fue casi idéntico: en 1996 eran 858 y en 2004 (último dato disponible), 874.

Hoy, 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Magistratura. Esto produce demoras en el trámite de las causas y obliga a la Justicia a recurrir a los subrogantes, jueces suplentes de dudosa constitucionalidad.

Varios jueces coincidieron en que su trabajo se volvió ingrato, que la gente les exige respuestas que no siempre se condicen con lo que les ordena la ley y que el Gobierno, lejos de cumplir con el mandato constitucional de afianzar la Justicia, cuestiona sus decisiones.

A eso se suma el miedo de ser acusados por el Consejo de la Magistratura, que desde 1997 los investiga y los somete a juicio en caso de mal desempeño. En los últimos seis años, al menos 20 jueces renunciaron mientras avanzaba una investigación en contra de ellos.

Reciclado de "gerontes"

La diputada kirchnerista Diana Conti, miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que la renovación obedece a dos causas: a que hay jueces que prefieren renunciar porque saben que podrían ser "ajusticiados" en el Consejo por sus actos y a que el país transita un cambio cultural.

"Esta no es una etapa política de reciclado porque sí de los gerontes. Es un reciclado para las nuevas generaciones. Cumplieron un ciclo y deben ceder el liderazgo", explicó Conti.

Y advirtió: "El sistema político cambió. Ahora responde al pueblo argentino y quiere ser representativo del sentir nacional y popular. Se van los jueces que creían que el sistema político respondía a unos pocos".

María Cristina Camiña, jueza de un tribunal penal y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, no coincide. "Sentimos que estamos en la cuerda floja. Con los juzgados atiborrados, aun el mejor juez corre el riesgo de cometer un error que termine en su destitución", afirmó.

Y enojada, dijo: "Estamos expuestos a la crítica más severa, sin reconocimiento social, y el Gobierno no ayuda para nada. Cuando un juez dicta una sentencia, se pliega al clamor popular, como cuando liberaron a Chabán".

En el Ministerio de Justicia no quisieron hacer ningún análisis. "Los fundamentos que plantean los jueces en sus renuncias son razones personales o jubilación. Lo demás son consideraciones subjetivas", dijo una fuente cercana al ministro Alberto Iribarne.

Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree, en cambio, que hay un innegable descontento en el Poder Judicial.

"Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios, recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo Caminos, que negó que los jueces renunciaran por presiones políticas. "Más allá de expresiones públicas desafortunadas que pueden caer mal en el Poder Judicial, no recibimos denuncias de presiones concretas."

Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de paralizar los poderes judiciales", denunció.

Según Fleming, los jueces están en un "fuego cruzado" entre demandas populares ("de los que no entienden que los jueces no están para buscar consenso") y un Estado ausente para apoyar sus decisiones. "Enfrentamos una soledad institucional que produce mucho desgaste", declaró.

En tanto, la sociedad no confía en los jueces. Según un estudio del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la Justicia como "muy confiable".

Fleming cree que la Justicia tocó fondo y que ahora se van a empezar a ver signos de la recuperación. Pero advierte que el desprestigio es fuerte en el interior y que hay problemas para cubrir las vacantes por falta de candidatos: "Pasó en Salta, en algunos distritos como Orán y Tartagal, que no llegaron a juntar siquiera tres candidatos para hacer una terna. Esto era impensado en otros tiempos".

Acorralados

Acorralados por investigaciones que avanzaban contra ellos en el Consejo de la Magistratura, varios jueces renunciaron. Según la Comisión de Acusación del Consejo, fueron 16 casos, pero los archivos dan cuenta de algunos más. En general, el Presidente acepta esas renuncias, pero el Consejo a veces le recomienda rechazarlas, como en el caso de Juan José Galeano, finalmente destituido. En rigor, el juicio político tiene por único fin la remoción. Entonces, no tiene sentido no aceptar la renuncia ("es un dispendio jurisdiccional", dijo Ricardo Gil Lavedra), pero los consejeros creen que permite revelar la verdad. (Fuente: La Nación)