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Este proyecto de ley borra la estructura educativa impulsada por el gobierno del ex presidente Carlos Menem. Ya no existirá más la educación general básica (EGB) ni el Polimodal. Buscan unificar, así, el sistema —hoy hay 54 modalidades en el país— con la vuelta de la tradicional primaria y la obligatoriedad de la secundaria.

De convertirse en ley, aumentará de 10 a 13 años la escolaridad obligatoria, se enseñará un idioma y se garantizará el acceso a las nuevas tecnologías de la información desde la primaria. El documento retoma la Ley de Financiamiento Educativo en la cual el Estado se compromete desde 2010, a garantizar un mínimo del 6% anual del PBI para la inversión en el sector.

El ministro Daniel Filmus presentó ayer el anteproyecto de la ley que, desde mañana, se repartirá en las escuelas de todo el país para una nueva ronda de consulta. En el Ministerio estiman que en octubre habrá jornadas de discusión, y que en noviembre recibirán las respuestas. Inmediatamente, enviarán el proyecto al Congreso para que se convierta en ley antes de fin de año.

"Queremos que la ley entre en vigencia en el próximo ciclo lectivo 2007. De ser necesario, impulsaremos sesiones extraordinarias para que los legisladores la sancionen. Además, nadie olvida que 2007 es un año electoral y no queremos que la ley esté atada a semejante coyuntura", explicó Filmus acompañado por Juan Carlos Tedesco (secretario de Educación Nacional) y los ministros de Educación Alberto Sileoni (Ciudad de Buenos Aires) y Adriana Puiggrós (Provincia).

"Esta ley deroga a la Ley Federal de Educación y nos permitirá avanzar en un solo modelo educativo, con una estructura que gradualmente establecerá una primaria de seis o siete años y una secundaria de cinco o seis años", explicó el funcionario. Ese es uno de los puntos salientes del borrador porque determina que las jurisdicciones sólo podrán elegir entre estas dos opciones.

Además estipula un plazo de seis años para que, a través de acuerdos entre el Ministerio y el Consejo Federal de Educación —que reúne a los ministros del área del país y que a partir de esta ley sus decisiones serán vinculantes—, se defina la ubicación del 7º año de la escolaridad. El Consejo Federal, además, elaborará las disposiciones necesarias para que las jurisdicciones garanticen un mínimo de 20 horas reloj de clase semanales en primaria y de 25 en las secundarias.

El secundario tendrá dos ciclos: uno básico y común —el borrador no especifica su duración— y otro orientado a distintas áreas de conocimiento. Crearán también la figura de tutor o coordinador de curso que supervisará y orientará la formación de los alumnos. "Queremos acabar con los 'docentes taxi' y fijarles una sola escuela", destacó Filmus.

Un punto clave de la futura ley son los cambios en la carrera docente de modo que se permitirá ascender sin dejar el aula. "Hasta ahora, los maestros que querían escalar posiciones abandonaban la docencia y ocupaban puestos de gestión", dijo Filmus. Se reglamentará la gratuidad de la formación y especialización, impulsará un Instituto Nacional de Formación Docente para evitar las desigualdades regionales y creará un sistema de "residencias" en escuelas carenciadas para que los futuros maestros tengan experiencia antes de egresar.

Como uno de los objetivos de la política educativa nacional, el documento se mete con la educación sexual. El Estado se obliga a "brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable".

Para asegurar la calidad de la educación, el artículo 90 indica que habrá mecanismos de renovación periódica total o parcial de los contenidos curriculares, que mejorará la formación inicial y continua de los docentes y que se implementará una política de evaluación. Desde la primaria será obligatoria la enseñanza de "la causa de la recuperación de las Islas Malvinas", la construcción de la memoria colectiva acerca de la dictadura de 1976/83 y el fortalecimiento de una perspectiva regional latinoamericana.

Como modalidad del sistema educativo incluye la educación intercultural bilingüe para garantizar el derecho constitucional de las comunidades indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer su cultura, su lengua. (Clarín)