Miércoles 27 de septiembre de 2006
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Gacetillas
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Qué dice el dictámen de mayoría que fue expuesto por el senador Argain (PJ)
Ref.: Expte. 8410 – Acuerdo Constitucional, solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar al Doctor Emilio Aroldo Eduardo Castrillon miembro del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

H

onorable Senado:
I-INTRODUCCIÓN
El trámite y las vicisitudes que han rodeado el pedido de acuerdo al que se hace referencia “ut supra”, se han constituido en una clara demostración del acierto de esta Excma. Cámara al modificar el Reglamento que rige los procedimientos de este cuerpo legislativo, más precisamente en su artículo 19, el cual establece que “Ante todo pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo, para el nombramiento de magistrados y/o funcionarios públicos” se seguirá una serie de pasos encaminados a darle publicidad (inc.a), permitir la intervención de la ciudadanía y sus organizaciones (inc.b), la posibilidad de solicitar informes a organismos públicos y privados (inc.c), la realización de una “audiencia pública” frente a la ciudadanía, que se publica en medios periodísticos locales (no sólo en el poco leído “Boletín Oficial”) y en la página web del Senado, con antelación suficiente y a los efectos detallados en el mismo reglamento –sobre lo cual luego aludiremos- (inc.d), posteriormente corresponde la elaboración de este dictamen (inc.e) y, también, en sesión pública (inc.f) se pone a consideración para el tratamiento y resolución del Honorable Cuerpo de Senadores en pleno.
La importante participación de entidades intermedias, instituciones, organizaciones no gubernamentales, funcionarios, particulares y, porque no decirlo, el lugar preponderante que los medios periodísticos locales han prodigado a esta postulación, demuestra palmariamente la importancia de la participación de la ciudadanía en cuestiones institucionales de relevancia que antes estaban sometidas al sigilo o al mínimo de trascendencia, lo cual permitía eludir una de las cuestiones más acendradas de la República como lo es la “publicidad” de los actos y decisiones gubernamentales y, también, eludía un clamor propio de los tiempos que nos tocan vivir el de poder contar con conductos en donde la sociedad en su conjunto, sectores de ella (incluso con opiniones contrapuestas) y hasta individuos presentados como ciudadanos puedan manifestarse ampliamente, lo cual no es menor.
De hecho que sabíamos y sabemos que exponer ante el análisis de todos los entrerrianos las postulaciones a los cargos del poder judicial, de esta manera pública y transparente, posibilitaría que estos trámites pasen de ser meros trámites a procesos de gran impacto en la opinión pública. Por ello, estamos convencidos que la mejora institucional que todos pregonamos se encuentra en el camino del sacrificio y de demostrar con actos y hechos y no solo con palabras, los compromisos asumidos con el electorado que representamos.
Ese camino de mejoramiento institucional mediante la publicidad, la participación y la transparencia, no produce efectos inmediatos, sino que, con el correr del tiempo y, a veces, de mucho tiempo, permite un inexorable resultado positivo, con avances y retrocesos, con exposición a la mala intención y al descrédito, pero si padecer aún mínimamente dichos costos son los necesarios para mejorar las instituciones, este Senado se encuentra comprometido en someterse a esos “costos” -como se dice habitualmente- que son menores en relación alos altos y trascendentes fines que nos hemos propuesto con todo este cambio.
Concluyendo con esta introducción, los cinco cuerpos de doscientas fojas cada uno del expediente que pasamos a analizar, con más la profusa y variada prueba aportada por el propuesto en la audiencia celebrada el día 6 de setiembre pasado, acreditan documentadamente lo antes expresado.
II-EL PEDIDO DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO Y LOS ANTECEDENTES APORTADOS POR EL PROPUESTO El 21 de julio del cte. año, ingresa a esta Honorable Cámara de Senadores el pedido expreso del Sr. Gobernador para “que con las facultades que le son propias, se preste el Acuerdo que establece el artículo 135º inc.17) de la Constitución Provincial, al Dr. EMILIO AROLDO EDUARDO CASTRILLÓN, para ser nombrado miembro del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, reuniendo el mismo los requisitos establecidos por el Artículo 149º de la Constitución Provincial”, a lo cual agrega que el propuesto “reúne acabadamente los requisitos legales y constitucionales exigidos para desempeñar el alto cargo para el cual este Poder Ejecutivo lo propone”.
De fs.2 a 157 obra documental que se compone del currículum vitae del propuesto, al cual, luego aludiremos al momento de analizar las calidades del candidato.
III-EL TRÁMITE IMPRESO AL PEDIDO DE ACUERDO SOLICITADO POR EL PODER EJECUTIVO
Ingresado que fuera el pedido y, luego de la recepción de numerosas adhesiones a la postulación propuesta por el Poder Ejecutivo (fs.158 a 162), conforme a lo establecido en el artículo 19 del reglamento de esta H. Cámara de Senadores, se procedió a publicar los antecedentes del Dr. Castrillón (fs.165/167), en el Boletín Oficial de la provincia (fs.172 vta. y 173; 174 vta. y 175), en la Página Web del Senado (fs.164) y en los periódicos locales de difusión provincial (fs.168/170 “El Diario”, fs.169/171 Diario “Uno”).
Que, por Secretaría, se le ha corrido traslado al Dr. Castrillón de los escritos presentados que objetan su postulación como miembro del Superior Tribunal de Justicia, a los efectos de preservar su derecho de defensa constitucional (art.18 C.N.) y el debido proceso constitucional (analóg. aplic. art.170 Pacto San José de Costa Rica) para que pueda dar las debidas explicaciones en el momento de la Audiencia Pública (fs.373 y vta.; 384 y vta.; 464).
Que, también por Secretaría, se procedió a publicar en la página web del Senado, a comunicar a los Sres. Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (fs.462), al propio candidato propuesto (fs.465), a publicar –además- en el Boletín Oficial y en los periódicos de circulación provincial “El Diario” y “Uno” (fs.466), el día, lugar y hora de realización de la Sesión Pública del art.19 inc.f) del reglamento.
Que, presentada que fuera por el postulante prueba documental en la sesión llevada a cabo el día 6 de setiembre pasado, quedó a disposición de los impugnantes y de los interesados la misma, para el debido control y como forma de permitir se informe de la misma la ciudadanía interesada, haya o no participado previamente en el procedimiento llevado a cabo y que es motivo de este dictamen.
IV-LAS ADHESIONES RECIBIDAS, LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS Y LAS EXPLICACIONES REALIZADAS POR EL CANDIDATO PROPUESTO
Que, en primer lugar, cabe expresar que como Anexos I, II y III se adjuntan a este dictamen de comisión el detalle de las adhesiones (Anexo I), las observaciones que implicaban un rechazo a la designación del propuesto (Anexo II) y otras presentaciones que, a juicio de esta Comisión, no pueden ser calificadas ni como “a favor” ni “en contra” de la postulación del Dr. Castrillón (Anexo III), como luego veremos.
Esta remisión al Anexo del detalle, posibilita un análisis más general –sin dejar de ser preciso- de las manifestaciones que deben ser tenidas en cuenta por esta Comisión al momento de fundar el dictamen, evitando una tediosa y estéril descripción de documentos y escritos que pueden ser válidamente agrupados en sus partes comunes o similares, sin dejar de destacar particularmente, algunos aspectos que, consideramos, merecen un tratamiento especial.
También, con el mismo propósito y fin que el antes mencionado, se produce un Anexo IV, en el cual se detalla la prueba aportada por el postulante en la sesión pública transcurrida el día 6 de setiembre pasado, con el objeto de brindar prueba que sostenga las explicaciones realizadas a los cuestionamientos puntuales que se mencionaron en los escritos que objetaban su candidatura a vocal de la Sala Civil del máximo tribunal provincial.
V-ANTECEDENTES DE DICTAMEN
V.1 El Marco Constitucional Aplicable y el Rol de la Honorable Cámara de Senadores en el caso

La Constitución Provincial brinda pautas claras en cuanto a la potestad del Poder Ejecutivo provincial, a través, de su titular, el Gobernador en ejercicio, para “Nombrar, con acuerdo del Senado, los miembros del Superior Tribunal de Justicia” (art.135 inc.17 C.P.).
Para ello, se requiere que el propuesto sea ciudadano argentino, tenga título nacional de abogado, treinta años de edad y seis, por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura (art. 149 C.P.). Obviamente que el postulado debe reunir los otros requisitos constitucionales previstos en nuestra Constitución Provincial (art. 22) y en la Constitución Nacional (art. 16).
Efectuado el encuadre jurídico del caso, pasemos a recordar cuál es el sentido y la finalidad de la intervención que se le reconoce como potestad al H. Senado para prestar o no el acuerdo para determinadas designaciones de funcionarios públicos de las máximas autoridades provinciales, según el sistema adoptado por nuestra constitución provincial. En efecto, la posibilidad de prestar o no el acuerdo, implica -sin más- el ejercicio de una de las principales responsabilidades que el sistema de división de poderes brinda al Poder Legislativo, cual es el de controlar –fundamentalmente- determinados actos institucionalmente relevantes, en el caso, del Poder Ejecutivo.
Por ello es que la designación de determinados funcionarios de altas jerarquías ( ), implica que la designación de ellos, se integre por dos manifestaciones coincidentes de órganos constitucionales situados en distintos poderes del Estado entrerriano, una la del Poder Ejecutivo y la otra de la H. Cámara de Senadores, lo cual constituye la necesidad de un acto administrativo “complejo”, como lo expresa la doctrina administrativista, como condición de validez y ulterior eficacia en el mundo del derecho.
Pero resta aún dilucidar hasta dónde esta Cámara debe controlar, es decir, si debe ser un control meramente “formal”, limitado a los requisitos constitucionales en cuanto a su observancia y el no encontrarse incurso en las inhabilidades que obstan su designación o si debe ser también “sustancial”, entendido ello en cuanto a la idoneidad y antecedentes que se supone debe reunir el candidato propuesto.
Respondiendo a dicho interrogante, esta gestión en forma pionera y como ninguna otra en la historia de la provincia, con la implementación del procedimiento público reglamentado como obligatorio para todos los casos (pasen o no, previamente al pedido del Gobernador por el Consejo de la Magistratura), ha demostrado que está dispuesta a analizar la “forma” y el “fondo” del tema sujeto a su evaluación ante una constitución que nada agrega a lo ya mencionado. Pero dicho análisis que, obviamente, debe ser serio y también público al tener que ser tratado en una sesión de la cámara, debe pretender seguir su curso debido y no dejarse influenciar por quienes –consciente o inconscientemente- pretenden desvirtuar el verdadero y recto sentido que debe presidir este asunto.
En efecto, esta Comisión, con el procedimiento implementado, no ha pretendido (por no corresponder) constituirse en un tribunal que juzgue al postulado en base a –mal denominadas- “impugnaciones”, ni en base a prueba de “cargo” y “descargo” que pueda agregar quienes alientan, desalientan o se defienden, de las cuestiones incorporadas a lo largo de este expediente.
Lo que rectamente corresponde a esta Comisión es evaluar si el candidato propuesto reúne o no las calidades exigidas por las normas y principios aplicables al momento de evaluar las condiciones de una persona para acceder a un cargo público. Por ello, de ninguna manera se apartará de tan importante función republicana, la cual ha sido objeto de un gran aporte de “elementos” que podrán o no ser objeto de consideración, ponderación y referencia, como luego se demostrará, pero que no podrá entenderse en el sentido equivocado de que el presente dictamen podría ser considerado, evaluado o tratado como una especie de “sentencia” de tipo judicial, confundiéndolo todo y, lo que es peor, tergiversando un procedimiento público que pretende mejorar las instituciones poniéndolas frente a la ciudadanía y no en un pobre escenario de mezquinos y menores intereses sectoriales.
Por otra parte, cabe aclarar desde ya, la índole “política” de esta instancia y procedimiento en el que nos encontramos al analizar la postulación del Dr. Castrillón de parte del Gobernador. Obviamente, que el carácter político del asunto lo emparenta aunque no lo confunde con lo antes expresado respecto a que no constituye una sentencia o un fallo judicial el dictamen que presta o niega el acuerdo, con el procedimiento de destitución por Juicio Político, entre otros, de los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Moliné O´Connor, Eduardo” sostuvo que “la decisión del Senado de la Nación por el cual se destituyó a un ministro de la Corte Suprema sometido a juicio político reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y en los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión que les ha conferido la Constitución Nacional, sin que pueda ser alcanzada por el poder de revisión conferido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Como puede apreciarse la cuestión de sustancia “política”, excede con creces el término utilizado en un sentido depreciado de su verdadero valor en la vida democrática de los pueblos, por un proceso que en nuestro país tiene profundas y entendibles raíces en la comunidad, pero que en nada influye en el verdadero y recto sentido que debe entendérselo en su manejo de tipo institucional, que es el que estamos ejerciendo en este dictamen, es decir, el exhaustivo estudio político de la proposición del Sr. Gobernador, por supuesto, que en dichos análisis se encuentran presentes elementos jurídicos, pero no sólo ellos deben ser evaluados y considerados, como algunas presentaciones escritas y algunas otras declaraciones públicas sobre esta cuestión han incorrectamente lo han pretendido.
V.2 Los Principales Argumentos Sostenidos por las Adhesiones a la Propuesta del Poder Ejecutivo
Se puede generalizar afirmando que las adhesiones que, en su gran mayoría, son oriundas del Departamento La Paz y que contienen una muy diversa representación de individualidades, como profesionales independientes, funcionarios provinciales y municipales, como de organizaciones sociales como la de entidades deportivas, religiosas y culturales, desde donde proviene el propuesto, se basan en forma coincidente en destacar del postulado: 1º) su idoneidad profesional como abogado;
2º) la dedicación y compromiso en sus labores;
3º) su trayectoria pública tanto como legislador, como de abogado; y 4º) su capacidad y experiencia.
Ahora bien, corresponde nos detengamos en algunas adhesiones por diversas razones:
1º) A fs.177 obra nota suscrita por el Presidente del Colegio de Abogados Seccional La Paz (es decir, en donde el propuesto ha desarrollado su profesión de abogado), en el cual informa que no registra antecedentes desfavorables en dicha seccional y culmina su nota expresando “no podemos dejar de hacer notar la importancia que significa para esta Sección que un colega del foro local haya sido propuesto para integrar el Superior Tribunal de Justicia”; 2º) A fs. 221/222 obra adhesión de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales, en donde se brinda un apoyo que se basa en una serie de argumentos que merecen ser tenidos en cuenta, si es que se pretende analizar con la misma seriedad las adhesiones como las observaciones. Así, se destaca que:
a) el actual gobernador en esta gestión ha orientado la reconstrucción de las instituciones democráticas y a la pacificación de la convivencia de los distintos poderes del Estado entrerriano;
b) la creación, por decreto, del Consejo de la Magistratura en donde no sólo se autolimitó los poderes constitucionales el propio gobernador dictando un reglamento autónomo que así lo establecía, sino que ha mantenido el destacable criterio de proponer siempre al primero que haya sido calificado por dicho consejo;
c) el cubrimiento de las primeras dos vacantes del Superior Tribunal de Justicia por dos mujeres que pertenecían al propio poder judicial;
d) la permanente insistencia en llevar adelante la reforma de la constitución para darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura, vigente por un simple decreto del gobernador; etc.

V.3 Los Principales Argumentos Sostenidos en las Observaciones a la Propuesta del Poder Ejecutivo

Pueden ser agrupados en los siguientes subtítulos:
1º) La vinculación política partidista entre el postulante (el Gobernador) y el postulado en su actual calidad de legislador; 2º) El ataque al “sistema” de postulación que se exige sea el mismo que el adoptado por el gobernador mediante la intervención previa a la proposición del mismo de parte del Consejo de la Magistratura; 3º) Falta de idoneidad para el cargo propuesto, de trayectoria profesional y académica del candidato; 4º) Cuestiones personales atinentes a su vida familiar y en relación a un incidente protagonizado con un juez de la provincia de Santa Fe, sobre un conflicto sobre la posesión y tenencia de terrenos fiscales. V.4 Presentación que No se Expide en Forma Unívoca a favor o en contra de la Propuesta del Poder Ejecutivo La presentación de la Asociación del Personal Judicial de la provincia (AJER) –fs.178- no se expide respecto de la postulación del candidato sino que reafirma su postura institucional referida al mecanismo de proposición que, sostiene, debiera ser el del tránsito por el Consejo de la Magistratura, tal como el resto de los funcionarios del poder judicial.
VI-FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Partiendo del análisis formal, entendido el concepto, en el sentido de controlar si el candidato propuesto reúne los requisitos que, expresamente, establece nuestra Constitución Provincial, en cuando a la nacionalidad argentina, contar con título de abogado, ser mayor de 30 años y haber ejercido activamente –por lo menos- seis años en la profesión de abogado (art. 149 C.P.), se puede concluir que se encuentran debidamente acreditados tales extremos (fs.8, 11, 13 y 16) y, de hecho, sobre el cumplimiento de tales recaudos, no se han efectuado observaciones al candidato. Entrando de lleno en el análisis sustancial o de fondo de la propuesta, es decir, en el terreno de las adhesiones y las observaciones a la propuesta de designación efectuada por el Sr. Gobernador, debemos liminarmente partir de considerar que resulta evidente que la intervención en este proceso dirigido a conocer la opinión de la ciudadanía respecto de la propuesta, ha estado fuertemente influenciado por cuestiones políticas partidistas coyunturales, seguramente, enmarcadas en que el candidato propuesto actualmente es legislador y lo ha sido en varias oportunidades, lo cual, provoca no sólo la objeción a dicha realidad fundada en una supuesta falta de independencia (que se le exige a los jueces en ejercicio y no previo a su designación respecto del poder político) sino también, la intervención de quienes por cuestiones propias del permanente proceso político de oposición o adhesión, lo han hecho en esta ocasión, lo cual no debe ser aceptado sin más dado que no es la sede ni la oportunidad para hacerlo.
En efecto, lo que se percibe con claridad -por estar documentado en el expediente- es que, amén de la masiva y destacable intervención de personas e instituciones en el procedimiento con el objeto real de manifestarse en pro y en contra de la postulación, resulta evidente que otros, lo hicieron con el fin de reafirmar su postura político-partidaria, lo cual, no debe tampoco ser reprochado como tal, sino que debe ser analizado por esta Comisión en su justa medida e intención.
Es decir que, aún cuando luego igualmente consideraremos los argumentos a favor y los en contra del propuesto, desde ya aclaramos que ese tipo de intervenciones, al menos, se “neutralizan” dado que, sus expresiones, son más propias del quehacer del proceso político partidista que de un procedimiento abierto a la ciudadanía para conocer su –por así decirlo- desinteresada opinión sin que la misma pretenda obtener posicionamientos partidistas u obedecer a estrategias electoralistas.
En este sentido y como forma de demostrar lo antes expresado, puede verse que tanto la adhesión de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (fs.221/222), como la de la Central de Trabajadores Argentinos (fs.386/389), la primera de adhesión, la segunda de observación, se encuentran suscriptas por actuales pares del candidato propuesto, diputados provinciales, en el primer caso del partido del Dr. Castrillón, en el segundo, de la oposición.
También puede verse cierta postura contradictoria respecto de anteriores procesos de este tipo en la intervención de los representantes de los abogados de nuestra provincia.
Así como el Colegio de Abogados de la provincia, observa (mal denomina “impugnación” a su presentación) y se opone a la designación del propuesto, más que por las condiciones personales o profesionales, sino por ser legislador del partido del gobernador que lo propone, centra su crítica en el mismo sistema de selección de magistrados que, sostiene, debiera ser el del Consejo de la Magistratura, crítica ésta que, en definitiva es al sistema que se desarrolla por ante el Poder Ejecutivo y no ante este Senado y que, por otra parte, no se dirige personalmente al candidato propuesto.
Resulta llamativa la postura de dicho ente que representa a todos los abogados de nuestra provincia, dado que esta propuesta, es la tercera que efectúa el gobernador de la actual gestión que siguió el mismo procedimiento que el llevado a cabo en esta ocasión, debiéndose destacar que en los anteriores trámites relativos a las Dras. Pañeda y Medina de Rizzo que, finalmente fueron aprobados, no puso en tela de juicio el sistema, pese a que efectuó algunas consideraciones respecto a los antecedentes de las propuestas, pero no al sistema en sí, por ello, no se entiende el porqué del cambio de posición, dado que no aclara dicho aspecto, ni la firmeza de dicho aspecto cuando en anteriores e idénticos procedimientos ni siquiera fue mencionado.
Pero ya que se menciona el tema relacionado a la, prácticamente unánime objeción de los que se oponen a esta postulación, al sistema de proposición de candidatos a cubrir las vacantes que se produzcan por ante el Superior Tribunal de Justicia, utilizando el sistema previsto en la Constitución Provincial, sin que se aplique el del previo paso por concurso por ante el Consejo de la Magistratura, nos detendremos para hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, no se entiende qué efecto se pretende lograr en el ánimo o en la decisión de esta Comisión y en la decisión del pleno de los senadores cuando sea tratado en el recinto la insistente y férrea introducción de esta cuestión en esta sede legislativa. En efecto, la cuestión que exclusivamente corresponde a este poder legislativo en estos trámites es evaluar si se le presta o no el acuerdo para que la designación se efectivice tal como lo pide el Sr. Gobernador. Entonces, lo que se pretendería –sin que ninguno de los que objetan el sistema lo diga- es que este Senado rechace de aquí para adelante todas las proposiciones que de acuerdo a la Constitución Provincial y al régimen vigente efectúe el Sr. Gobernador para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, presionando a dicho poder para que cambie la regulación ya dictada por la cual se autolimitó en la designación de altos funcionarios extendiéndolos a aquellos no incluidos (entre los que se encuentran las designaciones de vocales del Superior Tribunal de Justicia) también, seguramente que tal desatino, despropósito e improponible cuadro de situación, no es el pretendido por los que se oponen al sistema y si así lo pretendieren de este Senado. Evidentemente, estarían equivocados y serían contradictorios en el tan pretendido y buscado respeto a la separación e independencia de poderes que invocan tan a menudo en sus presentaciones.
En segundo lugar y nuevamente insistiendo con la sede en donde oponen esta cuestión, se recuerda nuevamente que, este Senado cambió la reglamentación en el sentido de hacer un proceso público para todos los acuerdos que deba tratar sean o no de los que provengan del Consejo de la Magistratura o en forma directa por el Gobernador, por ello, también se aplicó a los casos de proposiciones para Fiscal de Estado, Consejo de Educación y los ya mencionados casos de designaciones de vocales del Superior Tribunal de Justicia.
No sólo que el planteo referido se efectúa incorrectamente en la sede de este poder cuando debió haberse efectuado (o insistido) en el Poder Ejecutivo, sino que, además y como se dijo en la sesión pública del 6 de setiembre pasado, existen razones objetivas que justifican sobradamente la no inclusión del trámite previo del concurso por ante el Consejo de la Magistratura de quienes van a desempeñarse por ante el máximo tribunal de justicia del Estado que se trate. Sin pretender agotar la temática, pero para responder a esta insistente e inidónea cuestión traída a este cuerpo deliberativo, digamos que tanto la implementación del Consejo de la Magistratura, como la de la publicidad del trámite de tratamiento del acuerdo en esta Cámara de Senadores, han sido adoptados –por los altos fines ya expresados al inicio de este dictamen- en base al sistema nacional, en el cual, con la sola diferencia que el Consejo de la Magistratura se encuentra previsto en la Constitución Nacional (que sí han podido modificar y nosotros aún no), pero en lo demás, es exactamente idéntico, es decir y se resalta esto: en el sistema nacional los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se someten al Consejo de la Magistratura y son propuestos directamente por el Presidente, como lo es en nuestro sistema. De más está decir que a nivel nacional, no surge como postura ni siquiera minoritariamente relevante en la faz política o de la doctrina constitucionalista que deba ser modificado dicho sistema, en el sentido que en este trámite tan enfáticamente ha sido argumentado.
Aún así y considerando a los autores constitucionalistas que mencionan los escritos que sostienen esta exigencia en este proceso, que son los más prestigiosos por cierto a nivel nacional, todos ellos son admiradores del derecho constitucional norteamericano, que por cierto es el que tuvo como modelo Alberdi al bosquejar nuestra Constitución Nacional, cuyo sistema es idéntico al nacional y al nuestro, es decir, los miembros de las Cortes Superiores de Justicia son propuestos por el titular del poder ejecutivo en forma directa sin paso por concurso alguno para que el Senado preste o no el acuerdo pertinente, lo que demuestra que el planteo no es pertinente y se basa en sistemas que no son los utilizados por aquellas realidades que son tenidas en cuenta al momento de evaluar modificaciones estructurales en los sistemas constitucionales y que han funcionado y regido en forma inalterable por más de 200 años.
También merece destacarse que no ha sido el Sr. Gobernador quien ha prodigado un inexplicable distinto tratamiento a los señores magistrados y funcionarios del poder judicial al someterlos al Consejo de la Magistratura, respecto de los miembros del Superior Tribunal, como se pretende, es la propia Constitución Provincial quien los ha diferenciado, sometiendo a los primeros al Jurado de Enjuiciamiento y a los segundos al Juicio Político, para revisar sus conductas, la diferencia no es menor y ello lo ha hecho la Constitución Provincial.
Continuando con las intervenciones de los representantes de los abogados, abordemos ahora, la contradictoria postura que asumen la Seccional La Paz del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Seccional Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Ambas coinciden en objetar el sistema, tal como lo hizo su representante máximo, el Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Pero mientras la seccional en donde el propuesto ha desarrollado su actividad profesional expresa su beneplácito con la candidatura de un abogado de dicho foro, lo cual es sumamente relevante atendiendo a que, como se dijo, es allí donde el Dr. Castrillón desarrolló y desarrolla su actividad como abogado, es allí donde ha debido realizar esa particular profesión que atiende a conflictos entre partes, a posiciones encontradas en forma permanente, a asumir hoy una postura que, tal vez, mañana sea diferente según el interés del cliente, se contrapone en forma abrupta con la del Colegio de Abogados de la ciudad de Paraná, que si bien resulta importante su intervención, no podría considerarse –reiteramos- en un plano de igual importancia que la anterior. Aún así podríamos preguntarnos el porqué de esta tan virulenta y opositora intervención, cuando la persona jurídica pública no estatal que la comprende (el Colegio de Abogados de Entre Ríos) participó y objetó la postulación en distinto plano.
En realidad no se objeta la participación del colegio de abogados de esta capital, en realidad, toda intervención de por sí, resulta conveniente, lo que llama la atención es que no sólo es una de las posturas más firmes en cuanto a la oposición a la designación, sino que apelando a cuestiones familiares que han sido resueltas en el pasado y que deberían ser objeto de respeto en honor al derecho constitucional a la intimidad del propuesto y de su grupo familiar involucrado que se ha visto expuesto socialmente por sujetos que no requirieron su conformidad o asentimiento, sino que, entre la prueba agregada que comprende a ese aspecto, se incluye prueba documental obtenida en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, lo cual demuestra la intencionalidad que antes hacíamos referencia (fs.362).
También merece ser tratado lo atinente a la calidad de legislador del candidato propuesto, no sólo actualmente, sino en varias ocasiones, en algunas como diputado en otras como senador, cargo al cual se accede por el voto de los pobladores desde donde proviene el propuesto.
El hecho de descalificar por completo la alta función y responsabilidad que el ejercicio del cargo de legislador representa, desconsiderándolo por completo como un antecedente sumamente relevante en cualquier currículum vitae que se presente en la sede que sea, resulta no sólo ser injusto sino que trasunta una postura autoritaria y, por ello, antidemocrática. El candidato propuesto al haberse desempeñado en esta sede legislativa, como asesor y luego como diputado y senador, por el sólo hecho de ser abogado, a lo cual se le debe agregar que por ser una persona pública, ha sido actor activo en los trámites de legislativos de importancia, ha acumulado antecedentes sumamente importantes y relevantes que son ponderados favorablemente por esta Comisión.
Es más el propuesto ha intervenido en la actividad propia de un juez (no judicial, en el caso) en el Jurado de Enjuiciamiento (fs.17, en forma prácticamente ininterrumpida desde el año 1992 a la fecha), lo cual le aporta, además, experiencia en dicho rol de evaluar la conducta de funcionarios públicos de importancia en la estructura institucional del Estado, lo cual ha sido probado por el mismo y no ha sido objeto de reproches de parte de los escritos que se han opuesto a la designación del mismo como miembro de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia.
Debe destacarse que en el día y con motivo de la sesión pública a la cual se sometió el candidato propuesto, no sólo demostró tener condiciones para desempeñarse en el máximo tribunal provincial, sino que acreditó ser una persona motivada para el ejercicio del cargo, contar con suficiente aplomo para sortear la presión a la que fue sometido hasta el momento mismo de la audiencia, sino también, que se puso a la entera disposición de todos los miembros de la comisión para responder a todas las preguntas e interrogantes –aún las más delicadas y urticantes- las cuales fueron respondidas con solvencia y agregando prueba que no ha sido objetada por quienes invocaron tales hechos.
Entre tales hechos explicados al detalle y, como se dijo, con acreditación de pruebas que se acompañaron a esta actuación, se trataron lo atinente al conflicto familiar con motivo del divorcio del mismo y el juicio que comprendió cuestiones relativas a los alimentos de sus hijos, al altercado que lo enfrentó públicamente con un juez de la provincia de Santa Fe relativo a un incidente con unas islas que se ubican en el Río Paraná, como así también a una sanción que se le aplicara por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Entre Ríos, también en ocasión de aquél problema familiar judicializado. Sobre estos puntos, queda claro que ninguno de ellos se mantiene vigente a la fecha, que surgieron y se extinguieron, con las explicaciones del candidato propuesto que fueron suficientes y sobre las que no se han efectuado reparos por los que las llevaron a consideración en esta sede y que, por otra parte, como ya se dijo, cuestiones familiares que hoy se encuentran superadas no son elementos que deban ser ni presentados en público ni tratados por esta Comisión por tratarse de asuntos que constitucionalmente deben quedar reservados a la vida privada de las personas, máxime, como se dijo, cuando evidentemente han sido superados hace tiempo.
Por todo lo antes expuesto, esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos entiende, luego de haberse llevado a cabo todo el proceso del artículo 19 del reglamento de esta Honorable Cámara de Senadores y oído que fuera la opinión de la ciudadanía expresada en el transcurso del mismo, que el candidato propuesto por el Sr. Gobernador de la provincia a cubrir la vacante producida en la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el Dr. Emilio Aroldo Eduardo Castrillon, reúne las condiciones constitucionales y la idoneidad suficiente para acceder al cargo propuesto, con lo cual se dicta este dictamen en forma favorable, para que en el recinto del cuerpo se someta a consideración de nuestros pares.
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