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a ex ministro de Salud de la provincia, Graciela López de Degani, deberá prestar declaración indagatoria este martes 24 a las 8, luego de la medida dispuesta por el Juzgado de Instrucción Nº 6, en la causa número 39317 caratulada como "López, Graciela Delia/ Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público". Dicha causa fue iniciada por la denuncia efectuada por el diputado radical de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, tras el escándalo público con motivo de haberse descubierto el vencimiento y posterior quema de alimentos que se hallaban almacenados en depósitos del Ejército Argentino en la zona de cuarteles de la ciudad de Paraná. En tanto se supo que a la misma hora del día siguiente, es decir el miércoles 25, está citado también a prestar declaración indagatoria, Hugo Musto, el empleado encargado del depósito donde se hallaban guardados los alimentos, a quien había responsabilizado Degani. Oportunamente el juzgado del doctor Gustavo Maldonado había requerido al Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante el oficio número 1280 informara sobre la situación del almacenamiento de las mercaderías depositada, pedido que fue viabilizado a través del oficio número 233 el 12 de Julio del 2005. La noticia del escándalo, que le costó el cargo a la ex ministro, tomó difusión pública a partir de un alerta sobre una densa humareda en la zona de los Cuarteles y derivó en una información en la que se indicaba que el Gobierno había incinerado alimentos vencidos. Esa semana la ministra Graciela Degani confirmó que se quemaron unas cinco toneladas de mercadería, una parte vencida, la otra en mal estado por un almacenaje inadecuado. Fideos, dulce de membrillo, harina y cacao figura entre lo que se habría perdido. La funcionaria consideró que la decisión de haberse deshecho de esos productos fue la correcta, mientras confirmaba que el responsable del depósito había sido desplazado y se sustanciaba una investigación interna. Al poco tiempo otra sorpresa del mismo tenor asombraría a la ciudadanía: tres toneladas de harina vencida había sido entregada por el gobernador Busti en La Paz y por su esposa, en un barrio de Paraná. Cristina Cremer reveló que sabía que se trataba de paquetes vencidos pero que explicó que hicieron una prueba con un maestro panadero en el Instituto de la Discapacidad y llegaron a la conclusión de que la harina era apta como materia prima para alimentos que no necesitaran leudarse: pizzas, tartas, tortas fritas, torrejas, etc. Cremer explicó que las entidades que recibieron la mercadería de la discordia estaban al tanto de sus facultades afectadas. A pocas horas el gobernador Busti asumió públicamente “toda la responsabilidad”, reconoció que fue un “error” haber dejado vencer la mercadería y le ofreció al Defensor del Pueblo de Paraná, Jorge Kerz, que se haga cargo de la coordinación general de programas sociales. Además, mediante decreto 3452 se dispuso una investigación a cargo de la Fiscalía de Estado, la que no dio hasta el momento indicios de interés para dilucidar las responsabilidades del caso. En tanto en la Legislatura, la oposición reclamaba la presencia de la doctora Degani para una interpelación y a los pocos días el diputado Fernández presentaba la denuncia por que la semana próxima deberá prestar declaración indagatoria la ex funcionaria provincial. • La causa en cuestión La causa judicial se inició el 11 de julio de 2005, un mes después de que tomara estado público el escándalo por la quema de alimentos destinados a los más necesitados. La primera presentación fue realizada por la diputada Lucy Grimalt (La Red), aunque luego se sumó también el radical Osvaldo Fernández. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 6, entonces al mando de Héctor Toloy, hoy a cargo de otro magistrado, Gustavo Maldonado, con la carátula “López, Graciela Delia – Musto, Hugo Alberto s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”. “Estamos como querellantes y asistiendo a todas las audiencias que se están llevando adelante, y esta decisión la tomamos una vez que el juez comenzó con las testimoniales y se formuló el requerimiento de instrucción formal”, dijo oportunamente Luis Pedemonte, titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública. Uno de los que ya pasó por el despacho del juez Maldonado es el actual presidente del Consejo General de Educación (CGE), Jorge Kerz, quien entre diciembre y noviembre de 2005 ocupara el cargo de coordinador de Ejecución y Control de Políticas Sociales, designación dispuesta por el gobernador Busti como fusible en medio de la extrema presión que le generó a su gobierno el escándalo de la quema de los alimentos. Según informó Analisis, las testimoniales ocurren un año después de la quema de alimentos en mal estado, unas 45 toneladas según los cálculos extraoficiales que se conocieron a mediados de 2005. Primero fueron 5 toneladas que se incineraron, y luego 40 toneladas más. Una parte de esos alimentos fue incinerada, y otra enterrada en algún punto de la provincia que jamás trascendió, luego de que los organismos de control certificaran que no estaban aptos para el consumo humano. Pero la única reacción oficial inmediata fue la separación de su cargo del responsable del depósito, Hugo Musto. “Tomamos esta determinación de quemar la mercadería, que nos duele muchísimo, porque no queríamos llevarla a algún lugar y enterrarla, porque temíamos que la gente la desentierre, y la puedan llegar a recuperar y a ingerir”, dijo Degani entonces, mientras conservaba su puesto en el Gobierno.