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l Poder Ejecutivo puso paños fríos a la protesta gremial que se produjo estos días de parte de empleados de distintas reparticiones que reclamaban un “trato igualitario” en la percepción de adicionales. En una reunión que representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y de la Asociación del Personal Superior mantuvieron anoche con representantes del Poder Ejecutivo y de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se acordó un adelanto de 40 módulos (120 pesos) para un grupo de 204 empleados a cobrar el 15 de noviembre, a cuenta del acuerdo de fondo que la comisión empezará a discutir la semana que viene y se prevé esté cerrado antes de fines del mes próximo. El anticipo, que incumbe a empleados de Despacho, Mayordomía, Mercado y Ferias, Comunidades Vecinales, parte de Fiscalía y Escribanía, todas reparticiones medianamente chicas, pero que tienen en común que llevan más de dos meses pidiendo un “trato igualitario” para la percepción del beneficio que reciben agentes que desempeñan tareas similares, tanto en áreas de servicio como administrativas. Esa es la discusión de fondo. Los gremios dicen que, según números suministrados por el Ejecutivo, son 680 los empleados que no perciben ningún tipo de adicional, mientras otros que desempeñan iguales tareas cobran entre 200 y 1.200 pesos por ese concepto. Para el Ejecutivo, en cambio, no está claro que el total de los 680 empleados brinden una mayor prestación horaria o puedan argumentar una especificidad de tarea (riesgosa, insalubre) que los encuadre dentro de lo que, conceptualmente, supone la percepción de una suma por encima del salario. “No necesariamente van a cobrar todos, si fuera así, estaríamos hablando de un aumento salarial”, distinguió el secretario de Hacienda, César Pross. Esa será la discusión que se tendrá que dar la comisión a partir del lunes, con el telón de fondo del proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo al Concejo Deliberante para fijar un techo a los adicionales que se pagan actualmente —por disposición del mismo Ejecutivo— de modo que no superen al sueldo mínimo garantizado, de 834 pesos. Esto supone una reducción salarial para los que exceden ese monto, a la que, naturalmente, los gremios se oponen por tratarse de un “derecho adquirido” del que se viene gozando, en algunos casos, hace más de un año. “Ese es un problema que tendrá que resolver el Ejecutivo”, deslindó el secretario gremial de Suoyem, Ramón Leal. Lo importante ahora para el Gobierno es que se frenarán las protestas diarias frente al Palacio Municipal que venían alterando el humor y, particularmente, la imagen del intendente Julios Solanas, postulado a la gobernación para las próximas elecciones. La tregua, según explicó el secretario general de los jerarquizados, Oscar Milocco, es hasta fines de noviembre. El dirigente asume que se trata de una tarea de ordenamiento que “no va a ser fácil”, dado que “hay mucha disparidad, muchos oficios dentro de la Municipalidad”. Lo que se tiene que acordar es “el marco en el que se deben incorporar el conjunto de los adicionales, con su correspondiente adecuación presupuestaria”, explicó Pross. El funcionario ratificó la voluntad del Ejecutivo de fijar un techo de 834 pesos, como parte de “un marco regulatorio definitivo que nunca hubo” y, en ese contexto, negó que se esté propiciando una reducción salarial para los empleados que cobran adicionales más altos, dado que ese concepto “tiene que ver con productividad”, tal como lo define la ordenanza que pasó a comisión en la última sesión del Concejo Deliberante. (Fuente: El Diario)