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o hicieron en su condición de querellantes en la causa iniciada contra los responsables de las pasteras de Fray Bentos por el delito de contaminación en grado de tentativa en ese mismo Juzgado Federal. Será el magistrado quien deba decidir ahora si cita a los empresarios pasteros y a los directivos del Banco Mundial a prestar declaración indagatoria, según reveló el especialista en derecho internacional Juan Carlos Vega. En rigor, los máximas autoridades del Gobierno entrerriano solicitan en el documento que “se tenga por incorporada la documental del Banco Mundial ofrecida, y por denunciados los hechos ocurridos en Washington DC el 21 de noviembre de 2006”. Además, reiteran “el formal pedido de que se profundice la investigación mediante la urgente citación a prestar declaración indagatoria, por estar acreditado el motivo bastante de sospecha de participación en la comisión del delito tentado e individualizados en el proceso los responsables”. Vega, quien patrocina al Gobierno provincial en esta causa, precisó que “éste es un hecho nuevo que se pone en conocimiento del juez porque tiene directa conexidad con el caso penal investigado”, que consiste en la aprobación de un crédito de 170 millones de dólares para Botnia por parte del directorio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del organismo de garantía de los créditos, que aconteció el pasado 21 de noviembre en Washington. Es de destacar que en el documento presentado ante el juez federal de Concepción del Uruguay, Busti y Guastavino ofrecen como “prueba nueva” de la verosimilitud de los hechos denunciados dos informes técnicos de la Ombusdman del Banco Mundial de noviembre de 2005 y febrero de 2006 que “acreditan jurídicamente el grado de probabilidad del hecho criminal denunciado”. La oficina de la Ombusdman del Banco Mundial observó “serias deficiencias en materia de información ambiental y social en los procedimientos seguidos para la tramitación de los pedidos de financiación”. Asimismo, califica como “inadecuada” la “diligencia debida” exigida a la CFI para asegurar que los informes de impacto ambiental estuvieran completos. En la presentación se menciona, además, que al momento de tomar la decisión los directivos de la CFI que aprobaron el crédito habían recibido un día antes un carta oficial firmada por el presidente argentino Néstor Kirchner mediante la cual se les solicitaba la no aprobación de esos créditos, en virtud de que “contribuirían decisivamente a la concreción de emprendimientos contaminantes y perjudiciales para la vida de los ciudadanos argentinos”. Delito en grado de tentativa “A mi entender, con esta decisión se estaría concretando un delito en grado de tentativa”, refirió Vega, al tiempo que remarcó que este proceso en el Juzgado de Concepción del Uruguay “debería continuar con el llamado a declaración indagatoria a las personas individualizadas como responsables de la contaminación en grado de tentativa”. Cabe señalar que estas personas “individualizadas” son, por un lado, los responsables de las empresas denunciados hace cuatro meses, y por el otro, los directivos de la CFI que dieron vía libre al crédito. Dicho esto, consideró oportuno remarcar una vez más que “somos absolutamente legalistas” y que “el gobernador y el vicegobernador son funcionarios públicos que tienen la obligación de comunicar un hecho, y el juez tiene la obligación de calificar las conductas”. Finalmente, estimó que “si el juez cumple con ese rol tendrá que citar a prestar declaración indagatoria”.