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e trata del caso en el que se ventila la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y defraudación en perjuicio del fisco, por los términos en que se resolvió la condonación de una deuda en favor de una empresa dedicada al transporte de pasajeros de media y larga distancia, radicada en la provincia. Además del ex gobernador, están imputados los ex ministros Oscar Berón, Fermín Garay y Rubén Villaverde y el por entonces asesor de la Gobernación - primero fue Ministro de Economía - Osvaldo Cepeda. Lo que ocurrió formalmente es que, luego de denegar distintos recursos y ofrecimientos de diligencias oportunamente presentados por los representantes legales de los ciudadanos incriminados, el doctor Barbagelata consideró que la instrucción estaba agotada como las imputaciones fueron confirmadas en tribunal de Alzada, le corrió vista a la fiscal, en los términos del artículo 350 del Código Procesal Penal: “Cuando el juez hubiere dispuesto al procesamiento del imputado y estimare cumplida la investigación instructoria, correrá vista al agente fiscal por el término de diez días, el que podrá prorrogarse por otro tanto cuando se trate de procesos extensos, o de casos graves o complejos”. En suma, el magistrado entiende que las inquietudes de las imputados y sus abogados pueden satisfacerse con el juicio en marcha, sin afectar el derecho a defensa y que, entonces, plantear urgencias en este sentido se parece más a una maniobra dilatoria que a otra cosa. Buena parte de las observaciones están centradas en los dichos de un testigo clave. Se trata de Manuel Alfredo Duré, empleado del Consejo de Tasaciones de la provincia que, según asegura, en abril de 2002 tuvo la ocasión directa de advertir una maniobra por la cual el propio ex gobernador habría puesto en marcha un mecanismo paralelo al administrativo, con la idea de que el dictamen de rigor “se acercara” a la oferta que había realizado el deudor. El ex gobernador y los ex ministros aparecen directamente involucrados porque son los firmantes de los decretos que habilitaron la operación que se pone en entredicho, haciendo oídos sordos a las observaciones que realizó la Contaduría General de la provincia, a cargo en ese momento por Diego Valiero, actual titular de la cartera económica. Lisa y llanamente, la empresa ofreció colectivos para saldar los impuestos provinciales impagos al 31 de diciembre de 2001. Es decir, una “dación de pago de bienes registrables”, cuando la normativa habla de “taxativamente” una deuda se puede cancelar mediante el pago, la compensación, la prescripción y la condonación. A esto se suma la sobrevaluación de las unidades, perjuicio que fue estimado en 130.000 pesos. Ahí empieza a tallar el testimonio de Duré que, palabras más, palabras menos, aseguró que en nombre del doctor Montiel, quien era su asesor, el contador Cepeda, intervino directamente para lograr en tiempo récord que el Consejo de Tasaciones modificara la valuación que había hecho sobre las unidades. Fuente: (El Diario)