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Por Jorge Liotti / Damian Nabot (Perfil) a le habían propuesto un plan B a Fernando de la Rúa, que rechazó. En la semana de los 5 presidentes, armaron un programa de contingencia, que no se ejecutó porque se calmaron las aguas con la asunción de Duhalde. La situación social desborda y la violencia se apodera de las calles. Las fuerzas de seguridad se ven superadas y el poder político emerge impotente para controlar este escenario. Ante el vacío de poder y el riesgo de atomización social, las Fuerzas Armadas forman una junta de crisis que se hace cargo del Gobierno y encabezan una administración de transición. Finalmente la tensión cede y, tras la convocatoria a comicios nacionales, asume un nuevo presidente electo. Aunque desde una perspectiva actual puede resultar disparatado, ese cuadro fue contemplado en un “plan de contingencia” secreto elaborado por las máximas autoridades militares durante la crisis de 2001-2002, y su implementación fue descartada sólo después de que cierto clima de normalidad retornó a la vida cotidiana. El proyecto tuvo su génesis en la declaración del estado de sitio dispuesto por Fernando de la Rúa el 19 de diciembre de 2001, fue redactado como un informe reservado y fue debatido en una reunión de altos mandos militares realizada en los días posteriores, según averiguó PERFIL. “Las Fuerzas Armadas trabajaron con la hipótesis de que, si la instancia del Congreso no funcionaba, se iba a producir un vacío de poder y alguien iba a tener que hacerse cargo de la situación. Inclusive se confeccionó una brochure con ese plan de contingencia. Su idea era actuar como garantes de última instancia del orden y la unidad nacional. Pero nunca se planteó como un golpe de Estado clásico, con los tanques en las calles”. El que habla es José Pampuro, secretario general de la Presidencia con Eduardo Duhalde y ministro de Defensa durante la gestión de Néstor Kirchner. Como principal operador político de Duhalde e interlocutor privilegiado de los militares, Pampuro conoció de primera mano estos planes. Dos fuentes más –que pidieron mantener en reserva su nombre– afirmaron a PERFIL conocer la existencia de ese informe. Uno fue viceministro durante la gestión de Duhalde y el otro es un senador referencial del kirchnerismo que trabajó activamente durante la transición 2001-2002. Los militares, en tanto, admitieron en forma elíptica que hubo discusiones sobre distintas alternativas, algunas de las cuales contemplaban una situación de colapso del sistema institucional y la “necesidad de guiar una transición”, según la expresión que utilizó uno de ellos. Este debate quedó claramente plasmado en una reunión de altos mandos realizada en la última semana de 2001, con el fin de analizar el cuadro de anarquía en el que estaba sumido el país. La gestación del plan. La historia del “plan de contingencia” se originó con las protestas y los saqueos del 19 de diciembre de 2001. Ese día De la Rúa mandó a auscultar la disposición de los militares para colaborar con las fuerzas de seguridad, que por momentos emergieron desbordadas. El entonces Presidente buscaba reunir datos porque se aprestaba a declarar el estado de sitio. Los uniformados le hicieron saber al jefe del Estado que estaban dispuestos a asumir su responsabilidad institucional, siempre y cuando se cumplieran todos los requisitos establecidos en la Ley 24.059 de Seguridad Interior, como la duración de la medida de excepción, la zona de acción y el comandante que estaría a cargo de las tareas. La exigencia era consecuencia de la experiencia de la década del 70 y las responsabilidades jurídicas que, según advertían, podía generar la medida. Por ello, las Fuerzas Armadas aclararon que, antes de salir con las tropas a las calles, necesitaban que las autoridades civiles respaldaran en forma explícita su accionar. Pero De la Rúa no receptó esos planteos: la noche del 19 de diciembre emitió el decreto 1678 de declaración del estado de sitio sin mayores especificaciones. En el texto, simplemente se aludía a la necesidad de intervenir frente a “los hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos”. En sus artículos 31 y 32 la Ley de Seguridad Interior faculta a emplear las Fuerzas Armadas para el “restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional” cuando la tarea conjunta de la Policía y la Gendarmería “resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación” (ver recuadro). Voces castrenses. “De la Rúa no se animó a firmar el decreto de estado de sitio como correspondía para que pudieran intervenir las Fuerzas Armadas. El decreto no reunía las formalidades necesarias. Así como estaba redactado nadie era responsable de las acciones que se llevaran a cabo. A De la Rúa se le dijo claramente esto”, afirmó a PERFIL el general (R) Carlos Reimundes, un hombre de íntima confianza del fallecido ex jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y su principal operador político. El general retirado Julio Hang, jefe de la Casa Militar durante la gestión delarruista, comparte ese pensamiento y niega que haya habido “desobediencia” de parte de los militares. “La declaración del estado de sitio no incluía las medidas complementarias que indicaran los roles a cumplir. El decreto 1678 fue una mera enunciación con efecto desde el punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista de la acción de las Fuerzas”. El 20 de diciembre, ante la continuidad de los actos de violencia, la cúpula castrense se reunió en las oficinas del Edificio Libertador con el entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Allí estaban, entre otros, Brinzoni, el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Carlos Mugnolo, y los jefes de la Armada, almirante Joaquín Stella, y de la Fuerza Aérea, brigadier Walter Barbero. Jaunarena negó a este diario que haya habido planteos de parte de los uniformados, pero otro testigo presencial se mostró más dispuesto a relatar lo ocurrido en ese encuentro. Radical como él, Angel Tello era entonces secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. En un café de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, Tello contó que los militares, ante el fracaso del estado de sitio, le elevaron un “plan alternativo” al Gobierno. “El encargado de presentarlo fue Mugnolo, ya que le correspondía hacerlo como jefe del Estado Mayor Conjunto”, recuerda cinco años después el ex funcionario de Jaunarena. Opción B. La propuesta comprometía la movilización de unos nueve mil efectivos, exponía medidas de apoyo a la Policía y la Gendarmería, y la protección de objetivos estratégicos, como la Casa Rosada, el Congreso, las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas y un conjunto de edificios públicos emblemáticos. El plan proponía delimitar áreas de acción y nombrar a un “comandante operacional de las Fuerzas Armadas” que tendría bajo su tutela a las policías y la Gendarmería. Los militares también habían previsto un lugar alternativo –hasta hoy mantenido en secreto– para la realización de una Asamblea Legislativa, en el caso de que no se pudiera realizar en el palacio del Congreso. Sin embargo, como admitió Tello, “el plan alternativo nunca fue aceptado”. Otras fuentes cercanas al delarruismo interpretaron que el ex presidente no quiso cederle tan amplio campo de acción a los militares en un momento de semejante incertidumbre política. Ahí se abrió el camino para debatir el “plan de contingencia”, que a diferencia del “plan alternativo” nunca fue expuesto oficialmente ante las autoridades civiles y fue mantenido hasta ahora en estricta reserva. Según la explicación de un experto militar en planeamiento estratégico que participó de la reunión de altos mandos tras la caída de De la Rúa, existe una diferencia conceptual entre un “plan alternativo” y un “plan de contingencia”: “El primero expresa otra forma de obtener un objetivo ante la imposibilidad de hacerlo de acuerdo con el plan original. Es la búsqueda de otra vía, un plan B. Un plan de contingencia, en cambio, implica hacer algo distinto a lo planeado originalmente, en atención a la imposibilidad de ejecutar el plan alternativo. Es un plan C”. Secretos del ‘Plan C’. Como De la Rúa renunció el mismo 20 de diciembre, y la incertidumbre institucional se prolongó por varios días más, los militares se encontraron sin interlocución política durante las jornadas más críticas. En este contexto, el “plan de contingencia” tomó forma secretamente como una medida de última instancia, frente a la necesidad de los militares de prepararse ante un agravamiento de la situación. En este contexto, durante los últimos siete días de 2001 se realizó en el Edificio Libertador una importante cumbre militar. “En la semana de los cinco presidentes hubo una reunión de los altos mandos militares en la que todos discutimos cuál era el mejor camino para garantizar la estabilidad del Gobierno. Allí hubo un cambio de opiniones sobre cómo actuar”, señaló Hang a PERFIL. El recuerda bien esa reunión porque una semana antes lo habían designado al frente del III Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba, y debió regresar a Buenos Aires de urgencia pocos días después para asistir a ese encuentro. En una extensa charla que tuvo como ámbito la consultora privada donde hoy trabaja, Hang aseguró que en ese diálogo de la cúpula castrense “primó la idea de que la crisis era nuestra oportunidad, nuestra prueba de compromiso con la democracia, y de que no podíamos volver a equivocarnos”. Pero también admitió que allí se conversó de “no permitir la desintegración del país y de hacer todo lo posible para evitar su disolución”. Cuando se lo consultó sobre si se planteó la hipótesis de ocupar interinamente la Presidencia, respondió en forma evasiva: “No fue planteado en conjunto. Si alguno se sintió salvador de la patria... no sé. Cuando ya me había retirado de la fuerza hubo quienes me dijeron que algunos habían pensado en eso. No dudo de que alguien pudo haber dicho que ésa era una alternativa”. Varias fuentes identificaron a Reimundes como un ideólogo de ese proyecto. En diciembre de 2001 se desempeñaba como agregado militar en la Embajada Argentina en Estados Unidos y era muy influyente en la cúpula del Ejército. Por eso Brinzoni lo nombró secretario general de la fuerza a principios de 2002. Desde ese cargo se convirtió en el principal operador político del Ejército y en punto de contacto con sectores políticos y empresarios. Reimundes niega que el Estado Mayor del Ejército haya trabajado con una hipótesis fuera de lo estipulado en la ley de Seguridad Interior, aunque repite varias veces, con tono de aclaración, que Brinzoni “aseguró que las Fuerzas Armadas respetarían la Constitución e impedirían la disolución de la Nación”. “Es cierto que se trabajaron distintos escenarios para la actuación de las fuerzas armadas sobre la base de la hipótesis de un desborde social, pero siempre dentro de lo que establece la ley”, sostuvo Reimundes en un diálogo mantenido con PERFIL en el hall del Hotel Hilton de Puerto Madero. Cuando se lo consultó sobre la confección de un plan que contemplaba la posibilidad de que el jefe del Ejército asumiera el poder político en forma temporal, el militar respondió en forma escueta y tono sugestivo: “No fue analizado orgánicamente”. “Pero, ¿hubo un plan en ese sentido?”, se le repreguntó. “No fue analizado orgánicamente”, insistió él. Durante el breve interregno de Adolfo Rodríguez Saá la situación en las Fuerzas Armadas se mantuvo expectante, porque si bien ya no había muertos en las calles la inestabilidad social era sumamente elevada. El ex presidente puntano asegura no haber tomado conocimiento de ninguna maniobra de parte de los militares durante la semana que estuvo en la Casa Rosada, aunque esto parece haber sido consecuencia del vértigo de esos días. Al dialogar con este diario sólo recordó la “preocupación” que le hicieron llegar por la decisión de la Justicia de detener por segunda vez en seis meses al ex represor Alfredo Astiz, en la causa por la desaparición durante la última dictadura de la sueca Dagmar Hagelin. Para los militares, en cambio, se trató de un período de confusión y desconcierto que alimentó la sensación de que cada vez se tornaba más acuciante adoptar una posición política. De hecho, durante esa semana se produjo la crucial reunión de altos mandos. Como ejemplo del desorden de esos días, los uniformados recuerdan que mientras desde el Ministerio de Justicia se los azuzaba con la posibilidad de reflotar causas judiciales relacionadas con la dictadura, el propio Rodríguez Saá los tranquilizaba en conversaciones reservadas. “Cualquier tema lo hablan conmigo”, les hizo un guiño el entonces jefe del Estado, según relató uno de sus interlocutores castrenses. Quedó latente. La llegada de Duhalde a la Casa Rosada no sirvió para disipar las dudas de los uniformados. El hombre de Lomas de Zamora, “ignoraba para qué estaban las Fuerzas Armadas. En los primeros meses no tenía trato con nosotros”, recuerda hoy un militar retirado. Por ese motivo, un par de emisarios –un hombre de extrema confianza de Duhalde y un legislador– actuaron como nexo informal con ellos para sondear los movimientos de algunos hombres del Ejército. Como la violencia urbana empezó a ceder, el “plan de contingencia” quedó en estado de latencia, a la espera de ver la evolución del cuadro socio-político. Pero el duhaldismo conservó sus suspicacias hacia los uniformados durante un tiempo, especialmente cuando Reimundes, a instancias de Brinzoni, mantuvo una serie de encuentros con empresarios e intelectuales que, preocupados por la situación, se empezaron a aglutinar en la búsqueda de respuestas a la crisis. “Sí, hubo reuniones, pero sin ninguna intención especial. Todos buscaban alguien con ideas claras”, rememora Reimundes. En las Fuerzas Armadas aún hoy consideran que las filtraciones a la prensa de esos encuentros, y la connotación conspirativa que se le buscó dar, fueron parte de un intento del duhaldismo por construir un fantasma que les permitiera consolidarse en el poder. “Querían lavarse la responsabilidad que tuvieron en la caída de De la Rúa”, opinó un oficial superior. Todos los actores militares que tuvieron alguna relación con el “plan de contingencia” fueron pasados a retiro por Néstor Kirchner en la primera semana de su gestión presidencial. Consultado sobre si había alguna vinculación entre ambos hechos, un funcionario que conoce muy bien al actual Presidente respondió: “Pudo haber influido, pero la decisión tuvo consideraciones más generales. Kirchner quería un cambio estructural en las FF.AA.”. Notas relacionadas Qué dicen las leyes ante cualquier intervención castrensePodrían haberlo hecho