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inalmente se concretó la Audiencia Pública en el marco de la renegociación del contrato de concesión del servicio ferroviario de carga en el ex ferrocarril Urquiza, en manos de la empresa América Latina Logística. La reunión, a la que asistieron un centenar de personas, se efectuó en Rincón de Milberg, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Se expusieron fuertes cuestionamientos y demandas contra la empresa y numerosos reclamos para que el Estado rescinda el contrato. El Diputado radical Osvaldo Fernández cuestionó la tibieza del gobierno provincial y señaló a Jorge Busti como “cómplice de ALL”. La representante de la Defensor del Pueblo de la Nación, Marcela Grosso, que “reclamo la inmediata rescisión del contrato y que no se siga adelante con la prestación de los servicios concesionados a ALL”. La audiencia pública en la que se debatió la Carta de Entendimiento alcanzada con la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) fue presidida por el titular de la unidad, Gustavo Simeonoff, y a diferencia de otras convocatorias, no asistieron representantes de entidades de usuarios. Medio centenar de participantes se había inscripto para hablar en la audiencia, y tras la lectura de la Carta Entendimiento por parte del representante de la Uniren, hizo lo propio el vocero de las empresa que destacó los "innumerables logros" de las concesionaria. El lugar elegido lucía desde temprano rodeado por personal de Prefectura. La Audiencia comenzó poco después de las 9 horas y finalizo aproximadamente a las 15 horas. Por Entre Ríos participaron: el Arquitecto Francisco Taibi, que lo hizo en representación del Gobierno de Jorge Busti, el Diputado Dr. Osvaldo Fernández (UCR) y el Diputado Dr. Julio Cesar Aldáz (PJ), que eligió presentar su postura solamente por escrito, detalla un correo de Fernández enviado a INFORME DIGITAL. "Se borraron" “Fue llamativo advertir que no se presentaron la totalidad de los preinscritos para exponer”, comento el Diputado Fernández quien no oculto la sorpresa que le causo la no participación del representante de la Dirección Provincial de Transporte, que “se había anotado para hacer uso de la palabra”. El legislador oriundo de Gualeguaychu dijo que la ponencia del representante del Gobierno de Entre Ríos fue “tibia, solamente pidiendo que la provincia este representada en los órganos de control, pero en definitiva aceptando la Carta de Entendimiento”, la que en las categorías de los servicios, las denominadas redes sin operación o a demanda, no solo contienen los ramales abandonados permitiéndosele a ALL incluir los ramales de acceso a los puertos de Concepción del Uruguay, Ibicuy y Diamante, mientras el ferrocarril opera en función de un puerto privado sobre el río Guazú. “ALL compite deslealmente con los puertos públicos entrerrianos”, denuncio Fernández. “Estoy convencido que el Gobernador Jorge Busti es cómplice de ALL. No escucha las quejas ni los reclamos de miles y miles de entrerrianos que padecen el pésimo servicio de esta empresa, y no pone en marcha ramales que bien pueden ponerse en acción con la sola decisión del Gobernador. Hace silencio y mira para otro lado permitiendo que esta empresa comprometa el patrimonio nacional y se burle de las obligaciones contractuales que tiene con el Estado Nacional y en definitiva termina perjudicando severamente al conjunto de los entrerrianos” enfatizo. Dibujada La reunion fue inaugurada con la exposición del representante de la empresa que “pinto una realidad obviamente dibujada que no se comparece con la realidad de la prestación del servicio en el corredor mesopotámico, en la ex linea Urquiza”, describió Fernández. Luego se escucharon algunas posiciones en favor de la compañía de algunas empresas, sobretodo de algunas que utilizan los servicios ferroviarios, y vecinos del Partido de Tres de Febrero que hicieron defensas de situaciones concretas como de oponerse a la construcción que pretende hacer ALL de un centro multimodal de transporte, en una zona densamente poblada, y que acarrearía un impacto negativo según manifestaron. Seguidamente se escucho a dirigentes nucleados en la Unión Ferroviaria, que dijeron hablar en "resguardo de los puestos de trabajo de sus afiliados" y emitieron una opinión favorable a la empresa. Rescisión En otro sentido se pronuncio la representante de la Defensor del Pueblo de la Nación, Marcela Grosso, que “reclamo la inmediata rescisión del contrato y que no se siga adelante con la prestación de los servicios concesionados a ALL”. Grosso adelantó que la entidad "analiza denunciar ante el Procurador General de la Nación la actuación de los funcionarios de la Uniren que, a prima fase, podrían estar incurriendo en incumplimiento de los deberes públicos". Los representantes de los Gobiernos de provincias también fueron críticos con ambas empresas y fundamentalmente cuestionaron la falta de inversión en la red ferroviaria, y "la desactivación por decisión unilateral de éstas, de suspender el servicio en tramos que no les resultan rentables". El legislador entrerriano Dr. Osvaldo Fernández dijo compartir el criterio del Ombusman y ratifico sus cuestionamientos a la concesionaria, detallando punto por punto lo que a su entender genera perjuicios suficientes como para que el Estado decida no proseguir siquiera con la discusión. “Reclame el rechazo de la Carta de Entendimiento y la rescisión del contrato, además de advertir que si esto avanza iremos al Congreso de la Nación a pedirle a los Legisladores Nacionales que no aprueben esta renegociación con ALL Mesopotamica”, aseguro el Diputado radical. Resaltando que su visión respecto de la Carta de Entendimiento fue compartida incluso por el representante del Instituto Ferroviario que aseguro que “nos se compadece con las políticas que a diseñado el presidente Kirchner (Néstor) en materia ferroviaria”. Prueba escrita Por su parte, en el escrito presentado por el Diputado Aldáz, manifestó que “ALL ha incumplido de manera manifiesta y reiterada las obligaciones contractuales asumidas por lo cual a mi modesto entender, el estado nacional no debiera renegociar el contrato con ALL y lisa y llanamente rescindirle el contrato de concesión por incumplimiento y de acuerdo a las facultades que tiene el Estado nacional, hacer un nuevo llamado a licitación para entregar a un nuevo operador privado o que sea operado a través del estado o en forma mixta, dependiendo de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional”. Para el ex intendente de Basavilbaso, América Latina Logística no sólo ha incumplido el contrato de concesión, sino que es “manifiesto su desinterés por operar servicios de cargas de manera eficiente y que atienda a las necesidades del transporte de carga de las economías regionales, no sólo a la provincia de Entre Ríos, de la cual soy legislador y de las provincias hermanas de Corrientes y Misiones”, el desinterés de la empresa señalado en el escrito de Aldáz, integrante el Instituto Portuario de Entre Ríos, también queda reflejado en que “ninguno de los tres ramales de cargas que acceden a los Puertos de Ibicuy, Diamante y Concepción del Uruguay, se encuentran operables, en los cuales el estado provincial ha efectuado una importante inversión, ALL de manera irresponsable ha abandonado el acceso a dichos puertos haciéndose imposible por otra vía que no sea en camiones, ocasionando enormes perjuicios a nuestros puertos y es público y notorio de que ALL, su política de transporte y comercial de carga no sólo ha desatendido a nuestros sectores productivos, sino ha desarrollado arbitraria y deliberadamente en contra de nuestros puertos un proyecto de transporte de carga en la terminal Paraná Guazú de capitales privados, el cual se encuentra al pie del complejo Brazo Largo –Zárate”. Finalmente, Aldáz reiteró su “absoluta oposición a la Renegociación de Contrato” y peticionó que el Estado “de por caída dicha concesión y se apliquen todas las multas que correspondan y el debido resarcimiento por al estado por el perjuicio ocasionado por ALL”.