Domingo 24 de diciembre de 2006
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Política
Por los juicios de Cromañón el Estado tendrá que pagar 1.200 millones de pesos
Los gobiernos de la Ciudad y nacional deberán hacer frente al pago de millonarios resarcimientos por los muertos y heridos en la discoteca de Once.

L

os dos estamentos oficiales son acusados de la habilitación irregular del boliche y de las coimas que cobraba la Policía para seguir funcionando. También exigirán el pago a los funcionarios implicados, Chabán y los músicos de Callejeros. Las cifras de las demandas arrancan en 500 mil pesos y llegan a superar el millón. Fue la mayor tragedia por causas no naturales de la historia argentina. Dejó 194 muertos, tres funcionarios y cinco policías procesados, un jefe de Gobierno destituido, una banda de rock acusada, amenazas y, hasta el momento, un solo detenido. La fatal noche del 30 de diciembre de 2004 camina hacia el juicio oral de manera lenta. A poco de cumplirse dos años del incendio de República Cromañón, se calcula que el Estado deberá enfrentarse a una demanda millonaria por parte de los damnificados. Sobrevivientes y familiares de víctimas pedirán indemnizaciones por un monto que superaría los 1.200 millones de pesos. “Para los sobrevivientes estamos presentado demandas por encima de los 500 mil pesos. En el caso de los familiares de chicos fallecidos, supera el millón de pesos”, explica Fernando Soto, uno de los abogados querellantes, que representa a 350 damnificados. Las demandas van dirigidas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también contra el Estado Nacional. En el primer caso, el reclamo se debe a la omisión de controles, habilitación e inspección del boliche de Once, algo que, según Soto, estaría probado por la destitución de Aníbal Ibarra y por los subsidios que otorga el Gobierno porteño a sobrevivientes y familiares de víctimas. En el caso del Gobierno nacional, se vería involucrado por las acusaciones que pesan sobre la cúpula policial de la Comisaría 7ª, sobre el cobro de coimas, y por las irregularidades en la habilitación del boliche, por parte de Bomberos de la Policía Federal. En algunos casos, también se presentaron demandas contra Ibarra, los integrantes de Callejeros, funcionarios porteños y Omar Chabán, aunque todos eran insolventes al momento de la tragedia. Las demandas que presentó el estudio del abogado Patricio Poplavsky rondan los mismos montos: oscilan entre 500 y 800 mil pesos, según el caso, considerando las características personales de cada damnificado. Haciendo números. El monto de las indemnizaciones exigidas todavía no puede ser calculado en su totalidad. El plazo para presentar las demandas prescribe el primer día hábil del mes de febrero. Pero teniendo en cuenta que hay 194 muertos y más de 2 mil sobrevivientes, con los valores que manejan los abogados, la cifra superaría ampliamente los 1.200 millones. Es habitual decir que, para la Justicia, la vida humana no tiene precio pero que, obligados a fallar, los jueces deben cuantificar una serie de factores. El cálculo a realizar debe tener en cuenta los daños patrimoniales, lo que se conoce como pérdida de vida y chance. El monto considerará la edad de la persona fallecida y la expectativa de vida que tenía, si era sostén económico del hogar, aquello que dejó de ganar o podría haber llegado a percibir en su vida. Además, se deben considerar los daños físicos y psíquicos y la incapacidad sobreviniente, lo que esa persona habría podido desempeñar pero se vio frustrado por los daños sufridos. “En materia civil no hay parámetros fijos acerca de las indemnizaciones. Pero la jurisprudencia los fue desarrollando a lo largo de los años. En el caso de Cromañón seguramente va a tener mucho peso el daño moral”, explica Beatriz Campos, abogada querellante y representante de cerca de 200 damnificados. Recientemente, en el caso Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró las indemnizaciones correspondientes a los hermanos de la víctima, algo inédito hasta el momento. “Estamos evaluando también pedir este tipo de resarcimientos, además del padecimiento para encontrar cuerpos, que fue desastroso, y el estado en que fueron entregados”, dice Campos. Los abogados querellantes apuestan a que la cifra será descomunal. Ahora resta que los Tribunales decidan en qué medida el Estado es responsable de la tragedia. (Perfil)
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