Martes 26 de diciembre de 2006
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Policiales
Imputados, condenados, absueltos y sospechados
Tras varios años de investigación, en 2006 se produjo la condena de Mori, Morard, Sola, en la conocida causa del desvío de los ATN. Por enriquecimiento ilícito, fue sentenciado Daniel Rossi, quien no quedó conforme y acudió a la CSJN.

A

l ex titular de la FIA Oscar Rovira se lo encontró responsable del delito de “abuso de autoridad”. Más que un balance de lo sucedido en el año, esta nota pretende hacer un repaso de las principales causas judiciales que se sustanciaron en los tribunales entrerrianos durante el 2006 y por el cual los denunciados (con condenas o procesos en marcha) fueron o son funcionarios públicos, legisladores, vicegobernadores, gobernadores e intendentes. Delitos por enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de caudales públicos o abuso de autoridad, entre otros. Juicio orales y públicos que condenaron, pero que ninguno de los sentenciados cumplen su pena, por haber interpuesto apelaciones. En el caso del actual intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, no quedó conforme con que la Sala Penal haya rechazado su planteo de queja, por lo que decidió cuestionar el fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De esta manera, el Intendente de Santa Elena prepara su campaña proselitista con vistas a lograr su reelección, tras la reforma de la Ley 3.001. De ganar los comicios de marzo de 2007, Rossi contabilizará a su favor el cuarto mandato en la comuna de la localidad del norte entrerriano. El ex vicegobernador de la primera gestión de Jorge Busti, fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. LO QUE PASÓ. Los primeros de 2006, que debieron sentarse en el banquillo de los acusados fueron el ex secretario de Reforma y Control de Gestión, Oscar Mori; la ex concejal del PJ, Liliana Morard de Castoldi, y Marcelo Sola, quienes estaban al frente de una asociación sin personería jurídica, por medio de la cual habían logrado conseguir dos ATN por casi un millón de pesos. El juicio oral y público se llevó a cabo en el mes de febrero. Durante el debate, los tres acusados fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán —cuando quede firme la sentencia—cumplir con tareas comunitarias. En este caso los tres fueron encontrados culpables del delito de “defraudación reiterada a la administración pública” por haber desviado dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de pesos/dólares para actos fraudulentos e ilícitos. Si bien la causa pertenece al 2005, Mario Yedro, ex senador provincial del PJ, fue condenado en diciembre de ese año, por el delito de enriquecimiento ilícito. En este caso, todavía la sentencia no está firme y se espera que la Sala Penal fije la fecha de casación. En marzo de 2006, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira, también debió enfrentar al Tribunal, en un juicio que se le hizo por el delito de “abuso reiterado de autoridad”, denuncia interpuesta por el entonces diputado nacional Jorge Busti. Por este hecho, Rovira fue condenado a un mes de prisión condicional y dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En junio, el ex intendente de Victoria, Jorge Valverde, fue absuelto del delito de violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica en concurso real y omisión de los deberes del cargo. El ex jefe comunal había sido llevado a juicio oral y público por las irregularidades que se habían detectado en la licitación para explotación comercial de la zona de la costanera y el balneario de la ciudad de las siete colinas, en el 2003. En noviembre, fue absuelto por el tribunal integrado por Felipe Celli, Juan Ascúa y Daniel Perotti, el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Gustavo Borrajo, quien estaba acusado por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones en concurso real”, por haber direccionado una operación de auditoría convenida entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el Gobierno provincial —en la segunda gestión bustista, entre 1995 y 1999—, en favor del estudio jurídico Sábato-Rioja & Asociados, del cual él mismo sería integrante, según la acusación. Tras el juicio oral y público, los magistrados consideraron que no había elementos para condenar a Borrajo por los hechos que se le imputaban, por lo que de declaró la absolución de culpa y cargo. PROCESADOS. En junio, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, fue procesado en la causa conocida como San José, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Además del ex mandatario, están acusados los ex ministros de su gabinete, el de Economía Oscar Berón y el de Gobierno Fermín Garay. La causa se inició con la denuncia del actual gobernador Jorge Busti, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, al considerar que había habido una sobrevaluación de las unidades aceptadas por el Poder Ejecutivo como pago de deudas impositivas. Para cerrar el año, la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay dictó el procesamiento del intendente Daniel Irigoyen y lo embargó por 500 mil pesos, en la causa que investiga el millonario desfalco producido en la Tesorería de la Municipalidad de Gualeguaychú. Además, se confirmaron los procesamientos del contador Ángel José Giménez y del ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez. La resolución de la Cámara fue dispuesta tras el pedido coincidente de los fiscales que intervienen en la causa. El intendente Irigoyen fue procesado por nueve hechos, tal lo dispuesto por la Cámara de Concepción del Uruguay que también le trabó un embargo sobre sus bienes por medio millón de pesos. La medida responde a un pedido planteado el 9 de noviembre pasado por el fiscal de apelaciones Diego Young, adhiriendo a la postura del fiscal de Gualeguaychú Rubén Chaia, al entender que el jefe comunal debería ser procesado por sus responsabilidades administrativas en el desfalco de 2,6 millones de pesos a la Tesorería Municipal. IMPUTADOS. A la ex ministra de Salud y Acción Social de Entre Ríos de la actual gestión, Graciela López de Degani, se le sigue una causa por la quema de mercadería de los planes sociales, ocurridos en junio de 2005. La causa está en manos del juez de Instrucción Nº 6, Gustavo Maldonado. A la ex funcionaria, se le imputada el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al igual que a Hugo Musto, quien era responsable del galpón donde se almacenaban los alimentos. Sentencias de la Sala Penal De acuerdo a los datos estadísticos de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se resolvieron en el transcurso del 2006, 840 causas, en ese organismo. Lo que da un promedio de tres sentencias dictadas diariamente. Y las que ingresaron el año anterior, están todas terminadas. Entre esas 840 causas que tuvieron entrada y trámite este año, se resolvieron dentro del término legal correspondiente: 605 amparos, 43 apelaciones contra decisorios de ejecución de penas y medidas de seguridad y 27 presentaciones de internos carcelarios; a la par que de las 221 casaciones que se recepcionaron se resolvieron 164, lo cual hace un promedio de casi tres sentencias por día (2,70), descontando los recesos de enero y julio y sin tener en cuenta los días feriados. Asimismo, se informó que el 80 % de los 1.200 internos carcelarios que tiene la provincia, ya están penados. El control del Estado de las causas es diario y las fechas de audiencias ya están fijadas para los primeros meses del año próximo, dejándose aún algunas disponibles para imponderables como es el caso de expedientes que puedan llegar de otras jurisdicciones contra un mismo procesado. En materia de casación penal, es de destacar que del año 2005 a esta parte el número de causas ha aumentado ostensiblemente en todos los tribunales provinciales del país y Entre Ríos no es la excepción. Esto se debe al criterio jurídico que adoptó la Corte Interamericana primero y la CSJN después, al considerar que las cuestiones que se elevan en casación a una corte o tribunal superior, deben ser revisadas y controladas en su totalidad, sin desecharse como hasta entonces, aquellas que presentaban cuestiones de forma. Esto devino en un considerable aumento de trabajo en los organismos de esa instancia. En la Sala que integran los doctores. Miguel Carlín, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, se presentaron 221 casaciones en lo que va del año, pero a la fecha el 74 % de las mismas ya ha sido resuelto, se informó. (Fuente: El Diario)
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