E

l jefe de la Unidad Penal 1 (UP1), José Luis Mondragón, confirmó esta tarde que 27 internos de la dependencia se encuentran llevando adelante una huelga de hambre en apoyo a un detenido que cumplió con su condena principal pero que continúa en la Penitenciaría por una resolución del Juzgado de Instrucción Nº 4 que le aplicó sanciones luego de que quebrantara el régimen de libertad condicional. Esta decisión judicial ha sido apelada al Superior Tribunal de Justicia. “Esta persona ha gozado de todos los beneficios que se pueden obtener por la Ley de Ejecución de Penas. Ha tenido salidas transitorias y obtuvo su libertad condicional y ha incumplido con estas normas, cometiendo nuevos ilícitos”, dijo el funcionario. Mondragón informó que 27 detenidos en la UP1 se han sumado a una huelga de hambre que inició un interno para obtener su libertad porque “oportunamente se le aplicó una medida de seguridad”. “Esta persona ha gozado de todos los beneficios que se pueden obtener por la Ley de Ejecución de Penas. Ha tenido salidas transitorias y obtuvo su libertad condicional y ha incumplido con estas normas, cometiendo nuevos ilícitos. Por eso, el Juzgado dictó en julio de 2006 la revocatoria de la libertad condicional y le impuso la medida de seguridad, independiente de la pena principal”, cuyo plazo se cumplió el pasado 26 de diciembre, narró el responsable de la Unidad Penal. Mondragón comentó en declaraciones a APF que el detenido “insiste con su accionar delictivo” y agregó que también “tiene una fuerte adicción a las drogas”, puntualizando que es “muy vulnerable estando en el medio libre, por lo que comete nuevos ilícitos”. El muchacho, de 24 años de edad, está encarcelado desde “muy temprana edad; es una persona con amplio historial de adicciones y con carencias en edades temprana. No ha sido muy favorecido en la vida y lo ha afectado el sistema penal”, detalló el funcionario. La medida, tomada por el Juzgado de Instrucción Nº 4 a cargo de Héctor Enrique Vilarrodona, fue apelada por el detenido ante el Superior Tribunal de Justicia por lo que “está en sus manos la resolución” de la situación del penado, indicó el titular de la UP1. Mondragón aseveró que el Servicio Penitenciario “ha cumplido con todos los pasos legales” y lo propio ha hecho el Juzgado de Ejecución de Penas, añadiendo que este martes “se elevaron todas las constancias para que el Superior Tribunal evalúe y disponga lo que crea conveniente”. Paso seguido consideró que la protesta de los internos, luego de la apelación al STJ, es “innecesaria” y vaticinó que luego de una charla con oficiales del servicio de la Unidad Penal “esta situación tendría que deponerse”.