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l fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez federal Norberto Oyarbide la indagatoria por fraude al Estado de varios popes sindicales, ex funcionarios del menemismo y de la Alianza y decenas de empresarios de la salud por el desvío de parte de un crédito de 285 millones de dólares del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales en los noventa. En una denuncia de más de 400 páginas, Stornelli afirmó que miles de dólares que debían destinarse a mejorar el sistema de salud de los trabajadores terminaron en los bolsillos de los sindicalistas y sus socios con la "connivencia" de funcionarios que debían controlar ese préstamo internacional. La solicitud de indagatoria como sospechosos del fiscal abarca a más de 120 sindicalistas, ex funcionarios y empresarios de la salud. Entre los señalados por Stornelli figuran Armando Cavalieri (mercantiles), Juan José Zanola (bancarios), Antonio Cassia (petroleros), Gerardo Martínez (constructores) y Gerónimo Venegas (trabajadores rurales), entre otros (ver Los imputados...). El juez Oyarbide decidirá si acepta el pedido luego de que termine la feria judicial de enero. Para el fiscal, parte de esa plata entregada entre marzo de 1996 y julio del 2000 a determinadas obras sociales —la mayoría eran de los sindicalistas más afines al menemismo— se usó para pagar deudas que no existían a la fecha de la firma del préstamo o pagar cursos de capacitación que no se hicieron a empresas creadas al efecto e integradas por conocidos de los sindicalistas que incluso contrataron luego a funcionarios que debían auditar el crédito. En base a un peritaje del cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia y de documentación allanada de los sindicatos, Stornelli investigó sindicato por sindicato. La investigación la inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien recibió un anónimo que describía cómo el empresario de la salud Gustavo Aondi hizo en 1997 extracciones millonarias de las cuentas de las obras sociales de Telefónicos y de Obras Sanitarias de la sucursal Belgrano del Banco de la Nación. Aondi figura como directivo de las prestadoras médicas SELDOM y Equipo de Salud S.A. y según el fiscal en 1998 constituyó la empresa Low Beach Argencolor junto al titular del sindicato Capital de Obras Sanitarias , ex superintendente de Obras Sociales del menemismo entre 1996 y 1997 y actual directivo de la estatal AySA, José Luis Lingeri. Este negó formar parte de esa empresa, dedicada a buscar fondos para pilotos de Turismo Carretera (ver "La denuncia..."). Sin embargo, la obra social de Lingeri —quien no era su presidente en esa época sino su compañero Roberto Polanco— recibió más de 3 millones de dólares del crédito del Banco Mundial que estaba destinado a pagar deudas, comprar equipamiento, reducir personal y capacitar directivos según un decreto del ex presidente Carlos Menem de 1996. Parte de ese dinero se usó para pagar a la empresa Seldom, que también integraba Aondi, y con facturas que "no aparecen conformadas, auditadas", afirma el fiscal Stornelli en su detallada denuncia. Además, los 500 mil dólares para "desarrollo institucional" los cobró una abogada que, por un lado, firma certificaciones de deudas de la obra social y, por otro lado, "era la representante legal de AV & Asociados", la encargada de dar cursos de capacitación que aún hoy no se sabe cuánto costaron. Más adelante, Stornelli contó el caso de la obra social Ostel, de los telefónicos, luego de que Menem privatizara ENTel, que recibió casi 6.500.000 dólares. En el peritaje surgió que Equipos de Salud facturaba el 10% de los servicios de esa obra social en 1996 antes del crédito. En 1997, el año de los pagos, aparece fac turando de pronto "el 50%" de los servicios y en el 98, cuando se agotó ese recurso, no facturó ni un peso. Todo con el aval de los funcionarios que dirigían el Programa de Reconversión de Obras Sociales (PROS), que aprobaron el tercer tramo de ese crédito pese a que "no habían cumplido" los dos primeros. Además, "muchos de los funcionarios (que debían auditar los préstamos) —dijo el fiscal— tenían vinculación, formaban parte o aparecen como contratados por otras obras sociales". (Clarín) Una caja sindical multimillonaria Por Ismael Bermúdez Las 289 obras sociales nacionales —sin el PAMI— recaudaron el año pasado casi 7.000 millones de pesos. Y cubrieron la atención médica de 12 millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personal doméstico y sus familias. El sistema se financia con un porcentaje de los sueldos a cargo del empleador y del empleado. Y de una suma fija, en el caso de los monotributistas y personal doméstico. El sistema está muy concentrado: las 10 primeras obras sociales recaudan el 50% del total. Encabezan el ranking Empleados de Comercio y OSDE. Una parte de la recaudación va al Fondo de Redistribución, que se encarga de abonar los tratamientos de alta complejidad y de garantizar un ingreso mínimo por afiliado y familia, según la composición y edades del grupo familiar. En 1997, y como parte del plan de reformas impulsado por el Banco Mundial, se introdujo la posibilidad de cambiar de obra social. El argumento fue que los traspasos introducirían "competencia" en un sistema donde el trabajador y su familia estaban obligados a quedarse en la obra social de la actividad que ejercía. Y ayudaría a depurar al sistema de las obras sociales chicas e ineficientes. Desde entonces hubo más de 1,5 millón de traspasos, en especial hacia obras sociales chicas que cerraron acuerdos con empresas prepagas. El sistema es fiscalizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.