Lunes 08 de enero de 2007
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Política
Estudian cambios en obras sociales para que también cobren por cada prestación
Mientras los usuarios de la salud privada tratan de entender qué modelo es más conveniente, la Superintendencia de Servicios de Salud trabaja para ampliar a las mutuales el sistema de riesgo compartido.

A

pesar de que aseguran que el sistema de “copagos” es eficiente para contener la demanda y administrar los fondos, los consumidores afirman que el cambio de contrato sería ilegal y que se esconde un aumento superior al 22 por ciento. Luego de que el Gobierno autorizara a las empresas de medicina prepaga a implementar el denominado sistema de “copago” y a incrementar de inmediato la cuota 2% y 4% en el resto del año, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) buscará que el sistema se aplique también en las obras sociales. De ser así, el “copago”, o pago de aranceles adicionales a la cuota por servicios como la internación, consultas médicas, estudios diagnósticos, abarcaría a los más de cuatro millones de afiliados a las prepagas y a los 15 millones de usuarios de las obras sociales. Según explicó Tomás Sánchez de Bustamante, ex presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y directivo de OSDE, una de las opciones que se estudian “es que las obras sociales lo apliquen a los socios voluntarios”, aquellos que ingresan no por su relación de dependencia. “En principio, la norma no abarca a las sociedades mutuales, pero sabemos que existe el ánimo en la SSS de aplicar el mismo sistema a todo el mundo”, agregó el dirigente. Sánchez de Bustamante afirmó que a OSDE no le interesa “modificar el sistema, pero si nos lo exigen no tendremos opción”. Instrumentos. Mientras se discute esta ampliación, las prepagas se preparan para aplicar un incremento de 22% para aquellos usuarios que decidan no ir al “copago” tranfiriéndolos a denominados “planes de bienestar integral”. “Se mantendrán las prestaciones y se le agregarán servicios conexos como seguro de vida, acceso a gimnasios y otros”, explicó Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical y presidente de Cimara. Aunque se establezca el “copago” para todo el sistema de salud, la pregunta es a quién le resultará útil mantener el plan completo y a quién el sistema de responsabilidad compartida. Para Belocopitt es útil para todos los usuarios “porque significa un mejor uso de su plata, y para nosotros, un ordenamiento de la demanda”. Según Oscar Cetrángolo, economista especializado en gasto social y salud de la CEPAL, el plan completo es conveniente “cuando el riesgo de una enfermedad se convierte en certeza”, mientras que el copago contempla la posibilidad de una “mejor administración” de los fondos. Inflación. La medida aún genera muchas dudas porque fue pensada, esencialmente, para contener el índice inflacionario y, luego, reordenar el sistema de salud. Tanto es así que otro empresario del sector aseguró a PERFIL que la medida “fue diseñada para que no haya inflación, porque el INDEC no mide el ‘copago’; y a los que prefieran pagar el aumento de 22% se les creará un nuevo plan, que no podrá ser evaluado cuánto aumentó porque, en 2006, en el índice de precios ese plan no existía”. ¿Más caro o más barato? ¿Qué es más costoso? ¿El “copago” o el nuevo plan un 22% más caro? Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores de la Argentina (Adecua) asegura que el nuevo modelo “es mucho más caro para cualquier tipo de usuario. Se paga una cuota y un adicional por un servicio que ahora está pago en la cuota”. En la misma línea, Pedro Bussetti, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), dijo que “el ‘copago’ esconde un aumento superior al 22 por ciento”. Respecto de qué deberían hacer los usuarios, Bussetti sugirió “solicitar las aclaraciones que exige la Ley 24.240; si no es así, presentar una denuncia en la Secretaría de Comercio Interior y en la Justicia en lo Civil y Comercial”. En la vereda de enfrente, los empresarios del sector afirman que con el “copago” se logra que “unos no paguen los servicios de otros”. “En el peor de los casos, que sería el de una cirugía cardiovascular, la internación no se prolonga más de siete días, por lo cual serían $ 700 por internación, y $ 200 más por el derecho quirúrgico, y con el aumento de 22%, en una cuota de $ 500 se pagarían $ 1.320 más al año.” (Fuente: Perfil)
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