L

a ex presidenta María Estela Martínez de Perón fue detenida en su domicilio en España, en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de un ciudadano mendocino durante su gobierno en 1976, informaron fuentes policiales. "El arresto se produce como consecuencia de la orden de detención recibida hace pocas horas por Interpol Madrid", informó la dirección general de la policía española en un comunicado. Un juez mendocino ordenó ayer la captura internacional de la viuda de Perón, acusada por el secuestro y desaparición de un militante político durante su gobierno. El juez de San Rafael, Raúl Acosta, quién investiga la desaparición de Héctor Fagetti Gallego luego de su detención el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a Isabel Perón, envió el pedido de detención a la Policía Federal e Interpol. La ex presidenta fue apresada en su domicilio y conducida a la Audiencia Nacional, donde un juez de guardia le comunicó la causa por la que fue detenida. La viuda de Perón comparecerá ante un magistrado de la Audiencia Nacional que le notificará la orden de extradición y le preguntará si acepta o no ser extraditada, informaron fuentes judiciales. Según trascendió, en caso de que Isabel Perón se niegue, se abrirá un proceso de extradición, aunque la última palabra será para el Consejo de Ministros que deberá decidir si la autoriza o no. La ex presidenta está acusada de dos hechos de represión ilegal: la desaparición forzada de Héctor Fagetti Gallego, de 26 años, y de la privación ilegal de la libertad de Jorge Verón, que tenía 17 años. Para el juez, esos hechos respondieron a la puesta en práctica de tres decretos del 6 de octubre de 1975, por los que se ordenaba la "aniquilación del accionar de los elementos subversivos", y que fueron declarados delitos de lesa humanidad por el magistrado. Otros imputados En la misma causa, el magistrado mendocino imputó a su entonces ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, y de Economía, Antonio Cafiero, por sus responsabilidades en el dictado de esos decretos. Cafiero fue beneficiado por Acosta con la eximición de prisión y Ruckauf, en función de sus fueros como diputado nacional, no podrá ser detenido. En noviembre pasado, Acosta pidió al gobierno de Mendoza y a la Policía Federal que le informen sobre los datos personales de cada uno de los firmantes de los decretos. La nómina incluía al ex ministro de Interior Angel Federico Robledo, al ex canciller Manuel Arauz Castex, al ex ministro de Defensa Tomás Vottero, al ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery y el ex presidente provisional del Senado, Italo Lúder. Salvo éste último, que padece una grave enfermedad que le impedirá comparecer, el juez recibió la información de que el resto de los implicados falleció.