Viernes 26 de enero de 2007
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Policiales
Aprobaron la extradición del ex represor Juan Carlos Fotea, acusado por el crimen de Rodolfo Walsh
El juez federal Sergio Torres había emitido una orden de captura contra el ex policía por los delitos de "tortura y lesa humanidad" en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato del escritor argentino, ocurridos en 1977.

E

l gobierno español aprobó hoy la extradición a la Argentina del ex policía y represor Juan Carlos Fotea, reclamado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh. La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que Fotea será extraditado a la Argentina por "delitos de tortura y lesa humanidad". La decisión,adoptada por el Consejo de Ministros español, se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, renunciara a investigar a Fotea por la desaparición de María Alicia Milia de Pirles en el marco de una causa por "crímenes de lesa humanidad". La Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para Fotea el 24 de noviembre de 2005, después de que fuera detenido en España a raíz de una orden de captura internacional de Interpol dictada por el juez federal argentino Sergio Torres, quien investiga a 18 represores por el secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977. Baltasar Garzón, por su parte, había procesado al ex represor por genocidio, terrorismo y torturas el 7 de julio de 1998, por su participación en el secuestro de la argentina María Alicia Milia de Pirles, ocurrido el 28 de mayo de 1977. En noviembre de 2006, Garzón decidió mantener a Fotea en prisión imputado por el crimen de Pirles y por su participación en el operativo de la Iglesia de Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, en el que desaparecieron las monjas francesas Léonie Duquet y Angela Aguad, y las madres Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco, y Azucena Villaflor. Sorpresivamente, el pasado 10 de enero, Garzón se "inhibió" de juzgar a Fotea, atendiendo el planteamiento de su defensa, y los datos obtenidos en una comisión rogatoria internacional sobre la causa abierta contra el ex policía en Argentina, supuestamente con anterioridad a la investigación iniciada en España. Ahora, el Gobierno español ratifica la decisión judicial, que fue recurrida por la acusación particular que ejerce la Asociación Argentina pro Derecho Humanos.
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