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n un informe sobre la actividad de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) en 2006, elaborado días pasados, el organismo provincial pronosticó que este año llegará a instancia de juicio oral el 30% de las causas en trámite con su intervención –contra ex funcionarios públicos–, en base a la tendencia que indican las estadísticas del último período. Los datos al segundo semestre del año pasado reflejan que hasta el momento sólo obtuvo sentencia condenatoria –no firme– el 9% de los casos, y una porción igual representaron los sobreseimientos no firmes y las causas con probation concedida. Por otra parte, el trabajo demuestra que en más de la mitad de las causas en que interviene esta repartición del Estado, se investiga el delito de Fraude a la Administración Pública (57%); luego los más comunes son Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Peculado y Negociación Incompatible con la Función Pública (11% cada uno), y por último Malversación de Fondos Públicos (5%) y Enriquecimiento Ilícito (5%). El año pasado hubo dos juicios orales por los delitos de Fraude a la Administración Pública (causa Aciser) y Enriquecimiento Ilícito (contra Domingo Daniel Rossi) que culminaron con sentencia condenatoria. El informe de Anticorrupción correspondiente al segundo semestre de 2006 señala que “en orden al trabajo en sede judicial, se puede constatar que desde la creación de la OAEP en el ámbito de Fiscalía de Estado, no se presentaron obstáculos para nuestra constitución y actuación como parte querellante en las distintas causas”. Agrega que esa circunstancia “objetivamente nos favoreció, ya que se pudieron impulsar las causas sin dilaciones”. Según la interpretación de las estadísticas que hizo este organismo, hubo una “evolución” de su participación, desde la denuncia, la constitución como querellantes y la actuación en los juicios orales que se produjeron. “Dándonos un margen de error de dos puntos, estaríamos en el año 2007 en presencia de un 30% de causas actualmente en trámite, dirimiéndose en juicio oral y público”, se pronostica. También destaca el informe que la mayor cantidad de causas en las que intervienen abogados de la OAEP mediante carta poder de la Fiscal de Estado tuvieron origen en denuncias de esta misma Oficina (29%) y de funcionarios públicos (29%), siguiendo luego ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) (25%), la Fiscalía de Estado (13%) y particulares (4%). Por otra parte, de la totalidad de causas judiciales que tiene a su cargo la OAEP, poco más de la cuarta parte (26%) se encuentra con requerimiento de instrucción, o sea que las denuncias realizadas “han tenido una acogida favorable desde la óptica del Ministerio Público”. También se observó que el 9% de las causas concluyó por sentencias condenatorias, aún no firmes por haber sido impugnadas por recursos de los imputados. Otro 9% terminó por solicitud de suspensión de juicio a prueba (probation), cuando el imputado no reviste la calidad de funcionario. “La perspectiva está delimitada por un 13% de causas con auto de procesamiento firme y un 5% de causas elevadas a juicio, que se encuentran con trámite de instrucción suplementaria”, resalta el informe oficial. “Si a esto le adosamos que existe un 14% de causas con indagatoria cumplimentada, podemos decir que (las estadísticas) reflejan las expectativas de participación judicial activa que fueron tenidas en cuenta al insertar institucionalmente a la OAEP dentro de la Fiscalía de Estado”, dice el balance del organismo que encabeza Luis Pedemonte. Esto es lo que hace prever que llegue a juicio el 30% de los casos. Contra la ex FIA Por otra parte, el informe compara el desarrollo de las causas con intervención de Anticorrupción con las de la ex FIA de Oscar Rovira, que tenía el obstáculo constitucional de no poder constituirse como parte querellante en los procesos penales. “Si analizamos la totalidad de las causas que el organismo (por la FIA) investigó e instruyó, tenemos que efectivizó un total de 88 denuncias en sede judicial durante todo el período de su existencia, de las cuales 76, es decir el 86%, no prosperaron y solamente a 12 causas (14%) se le dio trámite judicial”, se remarca. “A juzgar por la infraestructura y presupuesto con el que fue dotado el organismo de marras, puede observarse que los resultados traducidos en cifras no resultaron óptimos”, se agregó. La Nación pide más acciones a la Provincia El año pasado se conoció el informe de diagnóstico sobre Entre Ríos realizado por un equipo de profesionales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que arrojó numerosas debilidades en el Estado provincial en materia de combate contra la corrupción. Ahora, según anuncia la OAEP en su informe, se está trabajando una serie de propuestas y sugerencias elaboradas por la Oficina Anticorrupción de la Nación a partir de dicho Informe Diagnóstico. La finalidad es elaborar un plan de acción para este año, “que recepte dichas sugerencias y plasme medidas concretas tendientes a rectificar falencias del sistema y a fortalecer institucionalmente a la OAEP”. Esta será la tercera etapa del Plan Provincias, al cual adhirió Entre Ríos en octubre de 2004, que consiste en recibir la asistencia de la Oficina nacional para trabajar en aquellas temáticas que fueron señaladas como “debilidad sistémica”. Desde la Nación se envió a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos el Plan de Asistencia de Técnica, donde se resaltó la necesidad de elaborar un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo como una manera de mejorar la calidad de las políticas públicas que está llevando adelante la OAEP. (Fuente: UNO)