Domingo 04 de febrero de 2007
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Departamentales
Pedro Pou tiene un año para revisar su polémico terraplen
El ex presidente del Banco Central Pedro Pou buscó incrementar la rentabilidad de los campos que explota en el predelta con un gigantesco terraplen. La Ley Nº 9.757 de Cuencas y Consorcios de Agua obliga revisar todas las obras hídricas.
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Pedro Pou, ex presidente del BCRA y dueño del polémico terraplen
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La ley de Melchiori obliga a revisar todos los cursos de agua

A

llá por el 2003, cuando se retiraba Sergio Montiel, el gobierno provincial le pidió que brinde un informe técnico más detallado y se abstenga de iniciar los trabajos hasta tanto no se determine el impacto que tendrá la obra hidráulica, sobre todo en los campos vecinos, que podrían recibir el agua que no ingrese a las tierras de Pou. Así lo mencionaba el ex secretario de Obras Públicas de Entre Ríos, Carlos Ricciardi. Además, el funcionario precisó que envió la notificación correspondiente a Estancias Unidas del Ibicuy S.A., la empresa que Pou integra junto a su hermano Juan. La intervención del gobierno radical de Sergio Montiel obedeció a un reclamo efectuado por los dueños de la estancia La Conchera de Flores, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy. Sostenian que el terraplén existente en la estancia lindera —La Calera, que pertenece a Pou—, alteró el curso del río Gualeguay y que en épocas de crecida inunda parcelas que antes no se anegaban. Productores vecinos también se han quejado de anegamiento de campos y la inundación de la ciudad de Gualeguay. Pou lo negó y recordó que "el terraplén cuestionado fue hecho en los años 60, antes de que yo comprara el campo". Además, según el estudio que encargó a la consultora paranaense Incociv, la obra proyectada no profundizará los problemas que causa la crecida del río Gualeguay. "Los efectos son similares a los de la obra existente y no producen sobreelevación alguna sobre la ciudad de Gualeguay. Y sobre Puerto Ruiz puede sentirse en algunos casos incrementos adicionales de 1 a 4 cm, mientras que sobre la zona de La Conchera prácticamente no hay variaciones con respecto al caso de la obra ya construida", se lee en su capítulo reservado a las conclusiones. Ya rige la Ley de Cuencas y obliga a revisar el terraplen El Poder Ejecutivo provincial promulgó la Ley Nº 9.757 de Cuencas y Consorcios de Agua, que tuvo aprobación de las Cámaras de Senadores y Diputados el año pasado. La norma prescribe la responsabilidad del Consorcio, que tendrá una visión global de la realidad hídrica provincial en su conjunto. Entre los puntos más importantes de la nueva norma se encuentra que la compleja realidad hídrica de la provincia, que presenta más de 7.000 cursos de agua superficiales y subterráneos, será controlada por una autoridad única. Además determina que los propietarios de todas las obras de infraestructura hídrica que existan o que se tenga previsto realizar en la provincia deberán realizar una presentación ante el organismo, para lo cual la ley establece en su artículo 43º un “plazo de 12 meses desde la sanción de la misma”. El senador por el Departamento Islas, César Melchiori, quien remitió el proyecto original a la Legislatura el año pasado, opinó que la nueva ley “es la solución legal necesaria para conformar una política de Estado con respecto al manejo y gestión del recurso hídrico en Entre Ríos”. Melchiori se mostró muy conforme con el proceso y manifestó su satisfacción ante la sanción definitiva de la ley, y señaló “la importancia a partir de ahora, de la existencia de una autoridad única en el manejo del agua en la provincia, donde tenemos más de 7.000 cursos de agua y diversos problemas tanto en las aguas subterráneas como superficiales”. Ese punto fue uno de los aspectos relevantes y parte de las conclusiones emanadas del Seminario Regional y Taller Provincial de Recursos Hídricos que se realizó en Paraná en setiembre de 2006. En aquella oportunidad el legislador había comprometido su accionar en la Cámara alta provincial a fin de encontrar soluciones integrales en la gestión y tratamiento del recurso hídrico. La ley prescribe en el artículo 43º un plazo de 12 meses para la presentación que deberán hacer ante el organismo los propietarios de todas las obras de infraestructura hídrica que existan o que se tenga previsto realizar en la provincia. Por otra parte se estimuló a los productores, vecinales, colegios profesionales, arrendatarios, municipios, ONG y otras instituciones para que organicen sus Comités de Cuencas y Consorcios del Agua, porque –según evaluó el senador– “será la mejor forma de promover la conservación de un recurso natural que nos pertenece a todos”. En los fundamentos generales, Melchiori indicó que por la nueva norma se podrá lograr el “ordenamiento de las cuencas hídricas de la provincia que cuentan con miles de ríos y arroyos”, y por último “planificar y realizar obras para asegurar la transformación de zonas áridas en productivas por medio del manejo de los excesos de agua que se produzcan en otras zonas”. El reclamo llegó a Busti El gobernador Jorge Busti recibió el 27 de mayo de 2006 a directivos de la Sociedad Rural de Gualeguay y productores de aquella zona, quienes le presentaron la inquietud por los perjuicios que le ocasiona la existencia de un terraplén construido por Estancias Unidas del Ibicuy , propiedad de Pedro Pou, que impide el libre escurrimiento de las aguas. "Concretamente venimos a dialogar con el gobernador para ver en qué estado de situación estaba el trámite legal y técnico de esa obra que creó y acrecienta un profundo malestar en la zona de Gualeguay porque ataja las aguas y porque consideramos que con ello se ha infringido la parte legal”, comentó el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguay, Matías Saizar. El dirigente ruralista explicó que este terraplén, que data de la década del ’80, tiene un perímetro de 65 kilómetros, encierra 14.000 hectáreas y afecta a no menos de 51 productores, propietarios de 89.900 hectáreas. Agregó que este impide el libre escurrimiento de las aguas del río Gualeguay y de cuatro arroyos de la zona que fluyen hacia ese río. Luego reveló que la pretensión de los productores de la zona es la total demolición de terraplén, aunque aclaró que desde la Sociedad Rural se propone una instancia más leve como la abertura de los cuatro arroyos que han sido obstruidos. Informó que, en base a esta última postura, la provincia ha encargado y están encaminados los estudios de lo que sería el impacto de obra, a partir de lo cual se podrá dictaminar lo que se hará en el futuro. “El gobernador nos indicó que ya están encargados los estudios técnicos y una vez que éstos se resuelvan se dictaminará sobre el terraplén. Pero él tiene una justificable preocupación porque no es una cosa fácil ni sencilla de resolver, ya que se trata de una obra faraónica y hay preocupación de lo que sería entrar en un juicio al Estado provincial”, señaló Saizar. Agregó que también le expusieron al mandatario su preocupación por “el punto de anarquismo que se está creando en la zona, ya que muchos productores consideran que si uno hizo un terraplén cualquiera lo puede hacer”. Por su parte, Carlos Masso, también integrante de la Sociedad Rural de Gualeguay, expresó su satisfacción por “la disposición del gobernador Busti y la gestión del diputado Hernán Vitulo (también presente en la reunión) a los fines de buscar una solución sobre este tema que perjudica a una gran cantidad de productores de Gualeguay”. Finalmente, Masso comentó que se acordó mantener un nuevo encuentro en el Corufa, con la participación de autoridades de la Secretaría de la Producción, donde se avanzará sobre los estudios técnicos que se han realizado. Hasta hoy, no existieron novedades. Otra gestión sin novedades El 29 de junio de 2006, El Diputado de la Nación Raúl Patricio Solanas - actual candidato a intendente de Paraná - estuvo en la Ciudad de Gualeguay invitado por productores afectados por el terraplén Pou. Invitado por productores del Departamento Gualeguay, el Diputado Solanas, del Bloque del Frente para la Victoria- P.J., dialogó con quienes sufren las serias consecuencias del monumental terraplén que el Sr. Pedro Pou, construyó en forma ilegal, a lo largo de 60 km y con una altura de 4 a 6 metros, el mismo cegó el paso de varios arroyos y en caso de crecientes del Río Gualeguay, provoca la inundación total de los campos vecinos. El Diputado Solanas, quien en la ocasión estuvo acompañado por el Asesor Legal Dr. Miguel Ángel Fernández, se comprometió a realizar gestiones tanto a nivel nacional como provincial. Hasta hoy, tampoco hay novedades. (www.informedigital.com.ar)
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