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or caso, ante la confusa situación generada por los polémicos retoques del gobierno nacional a la manera de calcular la inflación, el Ejecutivo mendocino optó por la insólita medida de divulgar dos índices paralelos. Mientras tanto, desde otros distritos salieron a defender la «honestidad» de los datos relevados y del procesamiento de la información (despegándolos de toda influencia política), mientras que además se escucharon cuestionamientos desde el interior a la decisión de Néstor Kirchner de remover a la anterior responsable de medir el Indice de Precios al Consumidor (IPC), Graciela Bevacqua. Ante la falta de información oficial desde el INDEC, los técnicos de las provincias que relevan datos para el organismo nacional mostraron esta semana sus dudas respecto de cómo deberán calcular de ahora en más los índices. Pero las incógnitas sobre una potencial «intervención oficial» nacional en la metodología, también en el caso del interior, parecen acentuarse teniendo en cuenta el flojo desempeño en materia de control de precios más allá de la General Paz que mostró en 2006 el secretario de Comercio nacional, Guillermo Moreno. El IPC nacional registró el año pasado una suba de 10%, superior a 9,8% mostrado en ese mismo período por el índice tradicional (que sólo alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). Desde fines de 2005 existe un IPC a nivel nacional, que releva y procesa los precios en ocho jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, San Luis y Catamarca, que representan 83% del gasto en consumo nacional. En la elaboración de este índice participan las direcciones de Estadísticas de las respectivas provincias. El IPC que difunde el INDEC los primeros días de cada mes corresponde, en cambio, a un relevamiento hecho en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. El pasado lunes, el gobierno nacional difundió que el aumento de los precios minoristas de enero fue de sólo 1,1%, en base a no incluir en el cálculo el incremento de hasta 23% en la medicina privada. De esa manera, la nueva responsable del Indice de Precios al Consumidor, Beatriz Paglieri (tras la polémica remoción de Graciela Bevacqua) virtualmente cumplió la primera misión que le encomendó Moreno, en lo que respecta a tomar como válido para medir el alza de los costos de la medicina prepaga el régimen de copagos, y no los aumentos directos en las facturas de las prestadoras. Así, Paglieri sólo computó el incremento de 2% que Moreno cerró con las empresas del sector. En este marco, Mendoza es quizás uno de los casos más emblemáticos del impacto del efecto INDEC, ya que directamente optaron por dar a conocer dos índices de inflación de enero. Ambos fueron calculados en base a un relevamiento local de precios. Pero uno de ellos toma como dato el aumento promedio de 15% en las prepagas locales (que fue relevado por el organismo local y que confluye hacia un índice de inflación de enero de 1,8%), mientras que el otro se alinea con el alza de 2% en ese rubro autorizada por el gobierno nacional, cerrando un indicador de 1,5%.  Confusión «Dimos dos índices preliminares porque no sabemos cuál será la decisión del INDEC con respecto a las prepagas en las provincias», aseguró la titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas local (DEIE), Patricia Giménez, en declaraciones a diario «Uno». «El lunes conocimos la decisión con respecto a Capital Federal, pero no sabemos si va a ser la misma hacia abajo. Si la decisión es aplicar el mismo criterio para todas las provincias, el índice en Mendoza estaría alrededor de 1,5%, pero si aplicamos el valor que realmente tomamos en campo el índice sería de 1,8%», graficó Giménez. Este confuso escenario hasta incluyó una desmentida de una estimación oficial de la inflación de enero difundida desde los despachos de la Casa de Gobierno. En los hechos, los bolsillos mendocinos sufrieron el impacto de 1,8% de inflación (vía la suba en las prepagas), y no de 1,5%, resultante de extrapolar la dudosa metodología utilizada por el gobierno nacional. En el organismo mendocino ahora esperan precisiones respecto de cuál será la mecánica a aplicar en el futuro en materia de mediciones. Mientras, no descartan que el doble índice sea repetido a futuro. En Tucumán, en cambio, optaron por utilizar el incremento en las prepagas relevado en la provincia -que fue del orden de 20%-, por lo cual no utilizaron el mecanismo preparado por Moreno. El índice, según trascendió, se ubicaría entre 1,5% y 1,6%. Desde Entre Ríos, en tanto, la titular de Estadística y Censos local, Graciela Mingo de Bevilacqua -curiosamente, casi una homónima de la desplazada Graciela Bevacqua- se refirió a la remoción de la funcionaria del INDEC. «Desde la Dirección de Estadísticas hemos hecho una nota pidiendo que se nos informe de manera formal qué es lo que ha pasado, porque hasta ahora de lo que nos hemos enterado ha sido a través de los medios», aseguró esta semana, en declaraciones difundidas por «El Diario». En este marco, hubo un espacio para la queja: «Queremos seguir defendiendo como un bien público las estadísticas oficiales, y esto erosiona la credibilidad, ya que de por sí el termómetro de la gente no era el más apropiado respecto de los datos que dábamos», advirtió. En sintonía, desde San Luis, el jefe del Programa Estadística y Censos provincial, Adrián Garraza, salió presuroso esta semana a explicar la metodología y el sistema de recolección de datos locales. Según Garraza, en el Instituto de Estadística y Censos de San Luis «se trabaja con absoluta seriedad y de acuerdo con los informes reales que procesan los técnicos», sin modificar ninguna cifra que pueda alterar el informe final, en obvia alusión a la polémica instalada a nivel nacional tras el desplazamiento de Bevacqua. «No se manipula ningún número», enfatizó el funcionario.