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o cumplen desde el punto de vista legal con los requerimientos de la fuerza de seguridad para efectuar el control de velocidad en rutas. Buscan que un privado opere el sistema, y que la Policía labre las actas en las rutas provinciales y nacionales, notificando la falta en el momento. El 24 de enero último, en la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia (Corrientes 187), se abrieron los sobres de la Licitación Pública Número 50/06 convocada por el Gobierno de Entre Ríos para la contratación de un servicio de control electrónico de infracciones de tránsito, referidas al exceso de velocidad permitida y adelantamiento indebido de vehículos en las rutas nacionales y provinciales. Cinco días después de esa apertura, la Dirección General de Informática y la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos produjeron sendos informes sobre las ofertas presentadas. Uno de esos informes, el correspondiente a la Policía, “observó” a los tres oferentes, lo que en la práctica significa que ninguno cumplió en su totalidad con los requisitos exigidos. De todos modos, la definición respecto de qué ocurrirá con esa licitación que abre la puerta para la reinstalación del sistema de las foto-multas en la provincia, anunciado en abril de 2006 por el Gobierno, quedará en manos de una comisión de compras, que conforman el Jefe de la Policía, el Director de Logística de la fuerza, y el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno. Hasta el viernes, no había ninguna resolución al respecto, según informaron a EL DIARIO en la Unidad Central de Contrataciones. — ¿Para la Policía, cumplen las ofertas presentadas con los requisitos exigidos en licitación?— se preguntó al asesor legal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Mauricio Giles. —Han tenido observaciones. No le voy a dar detalles, pero hubo observaciones a las tres ofertas presentadas. De todos modos, la Policía no es el único organismo que interviene en el informe técnico. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista jurídico. La licitación para la contratación de un servicio de control electrónico de infracciones a las normas sobre exceso de velocidad permitida y adelantamiento indebido de vehículos en las rutas nacionales y provinciales en Entre Ríos, y para la gestión y seguimiento de cobro de infracciones detectadas por la Policía de Entre Ríos, fue convocada por la provincia en base a lo dispuesto por los decretos N° 1.962 y 7.989/06. Se trata de una privatización del sistema de foto-radar, tal como ha venido ocurriendo en ensayos previos, desde 1998 en adelante, y se compone de dos renglones específicos a contratar por el Estado entrerriano, a saber: a) servicios especializados de ingeniería de tránsito, integrados por el suministro, instalación, operación y mantenimiento del equipamiento necesario para el control de velocidad y adelantamiento indebido de vehículos en las rutas nacionales y provinciales en Entre Ríos indicados por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos; y b) provisión, puesta en marcha y funcionamiento permanente de un sistema computarizado complementario de administración de infracciones, notificación e intimación de estas y gestión de cobranzas de las multas impuestas ante la verificación de las mismas, válido tanto para las multas a las infracciones detectadas con intervención de la prestataria, como para cualquier otra que haya sido impuesta por la Policía por su propia gestión. Respecto del canon que el Estado deberá pagar a los privados que resulten adjudicatarios de la licitación, el punto 7.1 del pliego de bases y condiciones fija que los oferentes deberán presentar cotización con “un único porcentaje que cobrarán por su prestación, a aplicarse sobre las multas que se determinen como consecuencia de las infracciones que hayan sido detectadas por la prestataria, y que efectivamente sean percibidas por el Estado Provincial en razón de la gestión realizada”. Y el punto 7.2 añade: “Dicho porcentaje se reducirá a un tercio cuando se trate de gestiones de cobranzas de multas que hayan sido detectadas por propia gestión de la Policía de la Provincia, sin intervención de la prestataria”. El decreto número 1.962, del 25 de abril último, puso en manos de la Policía la facultad para controlar las infracciones de tránsito mediante el uso de las foto multas. En los artículos 7º y 8º de la norma se autorizó al PE a realizar el gasto y el correspondiente llamado a licitación para la compra de los implementos necesarios para ponerlo en marcha. El artículo 1º dejó en poder de la fuerza de seguridad el registro provincial de accidentes de tránsito, de modo de llevar la estadística de accidentología, seguros y datos del parque automotor, además de concentrar los datos de las licencias para conducir, de los infractores y sanciones. Este registro, puntualiza el texto, deberá ser consultado para cada nuevo trámite en la materia. Pero aún no se ha puesto en práctica. La norma ordenó a la Policía que a la “brevedad posible” se implemente una licencia de conducir tipo en toda la provincia. Por otra parte, se dio forma dentro de la fuerza a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que tendrá a su cargo la prevención de accidentes y el control de los accidentes de tránsito, para lo cual se le otorga jurisdicción sobre los puestos camineros de la policía provincial. El decreto además impuso como responsabilidad a la Dirección Provincial de Vialidad que, en el plazo de 60 días, realice una “adecuada señalización vertical y horizontal de todas las rutas y caminos de la provincia”, conforme a la normativa nacional. Pero tanta premura no se ha traducido en hechos concretos. De aquella decisión oficial de implementar los controles de velocidad por foto multas a hoy ha pasado casi un año y todavía no hay fecha efectiva de su puesta en marcha. No hay un registro único de infractores La provincia adhirió en 1996 a la Ley Nacional de Tránsito que, entre otros instrumentos, creó un registro único de antecedentes de tránsito y ordenó unificar el sistema de obtención del carné de conducir. Pero esos organismos todavía están en fase de homologación. Aunque según dijo Lucila Haidar, secretaria general del Ministerio de Gobierno e integrante del Consejo Provincial de Seguridad Vial, “estamos trabajando en afirmar la política de seguridad vial buscando acordar con los intendentes la homologación de los carné de conductor únicos, y también en la concreción del registro único de antecedentes”. La creación de ese registro, subrayó Haidar, “es un tema que tiene sus aristas”, lo que en buen romance significa que no es de fácil resolución. Por eso, la idea es avanzar por fases: primero en la homologación del carné, después, el registro de antecedentes. “Lo del registro nos llevará más tiempo porque hay que tener una base de datos. Esto nos va a llevar un tiempo”, admitió. ¿Se puede aplicar el sistema de las foto multas sin contar la provincia con un registro único de infractores? El asesor legal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Mauricio Giles, dice que sí. “Sí, se puede hacer, de hecho la Policía siempre ha trabajado constatando infracciones de tránsito, sin tener registro único”, dijo. — ¿No temen que les ocurra lo que pasa en otras provincias, que mandan actas de infracción a personas que ya han transferido los vehículos con los cuales se cometieron esas infracciones? — Eso se quiere evitar. Y se soluciona notificando a quien maneja el vehículo, en el momento en que se comete la infracción, que es lo que la Policía pretende hacer. En ese caso, yo no necesito una base de datos, porque el infractor está ahí, en el momento. La infracción no se envía al titular de un vehículo. — Pero la ley pena con multas más graves al reincidente. ¿Cómo van a saber si alguien es reincidente? — Sí es verdad, no tenemos esa base de datos nacional. Pero sí tenemos una base de datos propia de las personas a las cuales le hemos labrado un acta de infracción. Pero el registro de infracciones de tránsito ni siquiera está implementado a nivel nacional. (Fuente: El Diario)