Jueves 15 de febrero de 2007
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Política
Caería el proyecto foto - radar
El costo es un punto vulnerable: los privados pretenden alrededor del 70 % del valor de cada multa. Dos informes técnicos, producidos por la Policía y la Dirección de Informática, pusieron reparos a las tres ofertas presentadas.
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E

l Gobierno había anunciado en abril de 2006 la implementación de los controles de velocidad en rutas, pero el trámite se demoró. La licitación número 50/06 convocada por la Provincia para la contratación de un servicio de control electrónico de infracciones de tránsito, referidas al exceso de velocidad permitida y adelantamiento indebido en rutas nacionales y provinciales, podría quedar desierta al no cumplir ninguna de las tres empresas oferentes las condiciones exigidas por la Policía para operar el sistema. Un comité conformado por representantes de la Policía y el Ministerio de Economía tiene a estudio los sobres con las ofertas, cuya apertura se produjo el 24 de enero último. Uno de los argumentos que haría caer la licitación es el costo demasiado elevado del servicio que pretenden los privados: la mayoría aspira a quedarse con alrededor del 70 % del monto de las multas cobradas, y hubo incluso firmas que pusieron un piso mínimo, de 20 mil actas de infracción en forma mensual. Una fuente que tiene acceso a los pliegos de la licitación admitió a EL DIARIO que el costo ofertado por los privados “es alto”, aunque prefirió no abundar en detalles. De todos modos, el Gobierno no había puesto un piso mínimo. El punto 7.1 del pliego de bases y condiciones estableció que los oferentes deberán presentar cotización con “un único porcentaje que cobrarán por su prestación, a aplicarse sobre las multas que se determinen como consecuencia de las infracciones que hayan sido detectadas por la prestataria, y que efectivamente sean percibidas por el Estado Provincial en razón de la gestión realizada”. Y que dicho porcentaje “se reducirá a un tercio cuando se trate de gestiones de cobranzas de multas que hayan sido detectadas por propia gestión de la Policía de la Provincia, sin intervención de la prestataria”. CUESTIONAMIENTOS. Jorge Caballero, gerente de la firma Equys SRL, con sede en Villa María, Córdoba, planteó sus diferencias respecto del trámite que está teniendo la licitación del sistema de foto-radar en la provincia, y defendió la situación de la empresa respecto de las otras dos oferentes. Al respecto, destacó que el informe elaborado por la División Asesoría Letrada de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, suscripto por el abogado Danilo Edgardo Gastaldi, sólo formula “serias observaciones” a las firmas Systeco SA y Carlos Alberto Béttiga, “siendo Equys SRL la única firma que no ha recibido ninguna observación, siendo la única que se ha ajustado al pliego licitatorio; ello además de haber presentado, reitero, la mejor oferta económica”. Según Caballero, ese informe indica respecto a la firma Carlos Alberto Béttiga “que la misma no se halla inscripta en el Registro de Proveedores ni consta trámite al respecto, no adjunta folletos ni aprobación de los elementos (cinemómetros) ofrecidos, no adjunta estados contables ni acredita experiencia en el rubro”. Y en lo que hace a Systeco SA afirma que la oferta presentada cotiza tomando como parámetro una base mensual mínima de infracciones, lo cual “no condice con lo dispuesto en el pliego”. Respecto de la oferta de Equys SRL lo “único que advierte” el informe técnico de la Policía de Entre Ríos que involucra a los tres oferentes es que “si bien no se estableció un límite cuantitativo”, las ofertas económicas son “un tanto elevadas y no muy convincentes a los intereses del erario público”. Pero según Caballero, lo ofertado está dentro de los parámetros bajo los cuales “se cotiza este tipo de servicio”. Y añade que el porcentaje que le queda al Estado “es libre de todo gasto, en tanto que la empresa debe deducir IVA (21 %) , Impuesto a las Ganancias (35 %), Ingresos Brutos (3,5 %), Impuestos Municipales (2,5 %), seguros (que el pliego obliga a contratar), gastos de inmueble (que conforme al pliego debe proveer la prestataria), mantenimiento de cinco vehículos afectados diariamente al control las 24 horas, gastos de personal (que según el pliego debe estar a cargo de la empresa, tanto de empleados que se desempeñen en la Oficina de Atención al Público y de confección de Intimaciones como de los choferes/operadores del sistema de los vehículos que la prestataria debe aportar al servicio), gastos de franqueo para el envío de las notificaciones y resoluciones que impongan las multas (que, conforme al pliego, es a cargo de la empresa), después de lo cual a la Empresa termina quedándole como ganancia un porcentaje mucho menor que lo que percibe el Estado”. Un proceso que se inició en abril LA POSIBILIDAD DE QUE ENTRE RÍOS INSTAURE la emergencia vial ha sido descartada de plano por el Gobierno, que considera que la principal causa de los accidentes se debe a fallas humanas. Eso ha dicho el director de Vialidad, Santiago Gaitán, al sostener que “el Gobernador (Jorge Busti) ha decidido no declarar la emergencia vial”. El funcionario explicó que la medida “lo único que hace es agilizar algunos trámites administrativos, problema que en la provincia no tenemos porque la Policía ha hecho sus cosas y Vialidad está demarcando las rutas”. Aunque el Estado no ha hecho todo. El trámite para la instrumentación de las foto-multas, por ejemplo, viene anunciándose desde abril y todavía está en veremos. La licitación fue convocada por la provincia en base a lo dispuesto por los decretos N° 1.962 y 7.989/06. La privatización del servicio apunta a dos ejes: a) servicios especializados de ingeniería de tránsito, integrados por el suministro, instalación, operación y mantenimiento del equipamiento necesario para el control de velocidad y adelantamiento indebido de vehículos en las rutas nacionales y provinciales en Entre Ríos indicados por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos; y b) provisión, puesta en marcha y funcionamiento permanente de un sistema computarizado complementario de administración de infracciones, notificación e intimación de estas y gestión de cobranzas de las multas impuestas ante la verificación de las mismas, válido tanto para las multas a las infracciones detectadas con intervención de la prestataria, como para cualquier otra que haya sido impuesta por la Policía por su propia gestión. (Fuente: El Diario)
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