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l presidente del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Silvio Moreyra, se sumó a la lista de autoridades denunciadas en la provincia por negarse a responder a un pedido de información pública. La denuncia fue radicada el martes de la semana pasada ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) por Juan Bracco, secretario de Redacción de la Agencia Periodística Federal (APF), quien esperó en vano la copia del contrato que el IOSPER celebró en septiembre del año pasado con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER). En su presentación, el periodista señaló que se había agotado el plazo con que Moreyra contaba para responder. Según el decreto 1.169/05 GOB, que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano, toda solicitud debe ser contestada dentro de los 10 días hábiles. Bracco requirió la información el 11 de diciembre de 2006 y jamás fue notificado por Moreyra sobre un pedido de prórroga para responder. Se trata de una licencia que prevé el mismo decreto 1.168/05 GOB, aunque debe estar fundada a través de una resolución administrativa, según lo establece en su artículo 12º. Al recibir la denuncia, la OAEP inició un expediente, notificó al IOSPER, y formuló su habitual recomendación: sugirió a Moreyra que "disponga lo pertinente para que, por donde corresponda, se brinde lo solicitado". El responsable de la OAEP, Luis Pedemonte, siguió así un precepto en materia de derecho de acceso a la información pública, según el cual la publicidad es la regla y el silencio la excepción. Una postura que ya explicito en su dictamen 117/06, emitido a raíz de una denuncia por denegatoria de información promovida contra el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), José Cáceres. A través de ese pronunciamiento Pedemonte precisó: "Es criterio de esta Oficina que frente a una presentación por falta de obtención de la información, se buscará de inmediato que el peticionante obtenga la contestación". Pero habida cuenta del tiempo transcurrido y del notorio vencimiento del plazo que establece el decreto 1.169/05 GOB –incluso considerando que haya existido un pedido de prórroga y contando el receso administrativo durante la primera quincena de enero de 2007-, la OAEP requirió que al IOSPER que brinde "preferente despacho" a la respuesta. A eso se suma que, de acuerdo a lo establecido por el decreto 1.169/05 GOB, la actitud de Moreyra puede ser considerada como "falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación". Según establece la norma en su artículo 12ª, la falta de respuesta a un pedido de información puede ser considerada como una omisión por parte de la autoridad denunciada, lo que habilita al peticionante a invocar la Ley 7.060 de Procedimientos Administrativos. La denuncia contra Moreyra se convirtió en la primera presentación de este tipo ante la OAEP en lo que va del año y en la décima desde la entrada en vigencia del decreto 1.169/05 GOB, en julio de 2005. Fuentes: APF - Accesolibre.org