S
i bien se trata de oxígeno para un sector relegado y siempre en pie de guerra, la medida es también leída como un gesto políticamente conveniente en tiempos electorales -el ministro de Educación, Daniel Filmus, aspira a la Jefatura del Gobierno porteño- que complica la ajustada economía de las administraciones del interior.
Las consecuencias de que el salario mínimo docente pase, desde marzo, de $ 840 a $ 1.040 están siendo estudiadas en varias provincias, pero ya desde el gobierno bonaerense advierten que «las cuentas no dan».
En rigor, en buena parte de los distritos se verán afectadas las negociaciones salariales. Pero las situaciones no son similares, ya que hay un lote de provincias -las consideradas «más pobres»- al cual Nación subsidiará por segundo año consecutivo, cubriendo el monto que representa el aumento, tal como sucede desde que el mínimo pasó en 2006 de $ 600 a $ 840. El año pasado fueron once provincias las que recibieron este apoyo, en tanto que en 2007 aún no se estableció si habrá cambios. «Depende de negociación con los distritos», indicaron desde el Ministerio de Educación.
Aun así, los fondos no cancelan las complicaciones económicas. «El efecto financiero debería ser nulo porque la Nación nos subsidia, pero no podemos saber en qué deriva el aumento del mínimo, porque luego surgen pedidos de sectores con sueldos más altos para que se apliquen subas equivalentes», confían desde un Ministerio de Economía provincial.
Además se dan otros problemas: «El subsidio aplicado hasta ahora venció en diciembre, es decir que no incluyó los sueldos docentes de enero y febrero, en los cuales la provincia tuvo que pagar el aumento», explicó la fuente del interior.
Surgen así algunas debilidades de la implementación del llamado Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, la herramienta creada para cumplir «con uno de los objetivos de la Ley de Educación Nacional de establecer un piso común frente a las diferencias abismales en los salarios», según explicó Filmus durante el anuncio del aumento el pasado lunes. Ese día también destacó que «se ha multiplicado por cuatro el ingreso docente testigo de las provincias más pobres y por tres en el resto del país».
Escenario
También está la posición de las provincias que no reciben ayuda nacional para aplicar la suba. Buenos Aires es un caso testigo, ya que contiene la plantilla docente más numerosa del país y mantiene una permanente negociación salarial con el Frente Gremial Docente, que realizó ocho jornadas de paro durante 2006.
«Me alegro muchísimo de que los docentes que recién se inician tengan un salario de $ 1.040, pero nos preocupa mucho cómo llegar en la provincia a esa suba», reconoció ayer la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós. «Por ahora las cuentas no dan (la provincia) no tiene los fondos suficientes» para encarar esa mejora de haberes, afirmó.
En tanto, en sintonía con la preocupación de las administraciones de provincias subsidiadas, la funcionaria del gobierno de Felipe Solá agregó: «A partir del anuncio del gobierno nacional estamos haciendo las cuentas de nuevo, ya que este aumento no se debe reducir sólo a los que recién se inician, porque no hay que olvidar la totalidad de los maestros y ahí está el pedido de pasaje al básico para que no se achate la pirámide salarial».
El anuncio de la administración de Néstor Kirchner cayó en Buenos Aires en plena discusión salarial entre gobierno y docentes. Por lo pronto, en la provincia se decidió ayer que la paritaria pase a cuarto intermedio hasta el viernes. En este marco, los gremios SUTEBA y FEB piden un piso superior al que determinó Nación -de $ 1.150- y amenazan con no iniciar el ciclo lectivo 2007.
En este sentido, el titular de la CTERA, Hugo Yasky, reconoció que la suba otorgada por Nación da «mayor dinamismo en las discusiones salariales pendientes»; y el representante del Sindicato de Docentes Privados, Horacio Ghilini, mostró un «optimismo moderado» ante el anuncio, ya que este sector tendrá ahora una nueva base para sentarse a negociar. (Ambito Financiero)
