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n la actualidad el sistema se implementa por medio de un decreto, después que el gobernador de la provincia, Jorge Busti, decidiera democratizar el proceso de selección de magistrados. El texto, fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Por el mismo se crea el “Consejo de la Magistratura, como órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo Provincial, en que tendrá como competencia exclusiva y excluyente proponerle, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los integrantes del Ministerio Público -pupilar y fiscal en cualquiera de las instancias-, jueces -con exclusión de los jueces de paz- y vocales de cámaras. Queda excluido del régimen previsto en el presente Decreto el nombramiento de los Vocales del Superior Tribunal de Justicia, del Defensor por ante ese Tribunal y del Fiscal General”. En relación a estos últimos sería posible su designación por el mecanismo del Consejo si se reformara la Constitución. El Senador Argain señala en los fundamentos que el proyecto quiere “ratificar los alcances del Decreto Nº 39/03” por el que se creó el Consejo en Entre Ríos. En un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, observa que “en su momento, dicha creación tuvo por objeto lograr un mejor servicio de justicia, ante los requerimientos de la sociedad en cuanto a su participación en las cuestiones de gobierno. Al mismo tiempo, frente a la conflictividad social de entonces, se tornaba imprescindible, como primera medida, jerarquizar el Poder judicial modificando los mecanismos de selección de los magistrados y funcionarios judiciales. Con ello se logró hacer realidad los requisitos de idoneidad, independencia e imparcialidad, establecidos por la Constitución, a la vez que se garantizó la igualdad de oportunidades para el acceso a la función judicial”. La decisión política del gobernador Busti logró que la selección de magistrados se sometiera a un tamiz con una fuerte representación de la sociedad. Añade el legislador que con todo esto “se consiguió dar una respuesta a la sociedad entrerriana que clamaba por una justicia altamente capacitada e independiente para resolver los complejos conflictos sociales”. “Ponerlo en una ley refuerza de manera contundente el compromiso del peronismo en lo que hace al fortalecimiento de las instituciones entrerrianas”, consideró el Senador quien además dijo que por sus características, “el proyecto será acompañado por todas las demás fuerzas políticas, aunque lo ideal sería reformar la Constitución”, aclaró sobre el final de su comunicado.