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a obra social provincial se amparó en que en Entre Ríos no está vigente la Ley Nacional de Discapacidad (Nº 24.901), la diputada Grimalt remarcó que el proyecto de ley que adhiere a la nacional tiene media sanción de Diputados y hoy se encuentra encajonada en la Cámara de Senadores, “se presiona al senado, se juntan firmas, se piden reuniones pero no hay respuestas”. La diputada señaló que el estado debe ser el primero en cumplir, según la legisladora el gobierno "pone como fundamento al no tratamiento de la ley provincial de discapacidad". la falta de recursos económicos, “los recursos están, que gasten menos en publicidad para la campaña y sean responsables”, enfatizó. Por otro lado manifestó que el estado se refugia en los hospitales públicos para que atiendan a estas personas, “por tal motivo creen que no están incumpliendo con la ley, pero estos nosocomios no cuentan a veces con la tecnología apropiada”. Grimalt comentó que el 3 % de la población padece alguna discapacidad y que el caso de esta niña de 7 años comprueba que el gobernador, Jorge Busti y su esposa, la señora Cristina Cremer, titular del Área de Discapacidad de la provincia se llenan la boca hablando de derechos humanos pero que en la actualidad hacen lo contrario, “tienen que realizar acciones para si es verdad lo que sostienen”, aseveró. La dirigente dijo que la gente que posee este tipo de dolencias tiene dos opciones: recurrir a la justicia o ampararse en el artículo 75 de la Constitución que establece la no discriminación. "Entre Ríos no es la única provincia que no ha adherido a la ley nacional pero tiene la obligación de hacerlo cuanto antes ya que desde el estado nacional se esta trabajando en dictar una ley que permita sancionar de forma severa a quienes no cumplan con la ley 24.901".