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atalia Correa, para INFORME DIGITAL Cremer admitió que “muchas personas han hecho amparo y dentro del Instituto hemos hecho un aporte para esas situaciones”, aclarando que desde el Instituto de Discapacidad de la Provincia se trabaja con gente que no tiene ninguna cobertura social. Dado el caso que “la gente tenga el IOSPER y cae en un tratamiento muy caro o una cirugía y tenga que recurrir a un crédito solidario, se considera la situación de la familia que realmente no esté en condiciones económicas para hacerse cargo”, - como efectivamente sucedió en el caso en cuestión - dijo la funcionaria y aclaró que “es allí cuando el Instituto interviene”. Cremer manifestó oportunamente que quienes se encuentran en la necesidad de que un familiar se realice un tratamiento costoso o de comprar medicamentos inaccesibles a su condición económica pueden recurrir al Instituto de Discapacidad porque “nosotros tenemos profesionales para tratamientos moderados pero en casos de ser tratamientos severos, desde el Instituto, podemos recomendarle –luego de una verificación- ayudarle en la parte que el IOSPER no le cubre”. Particularmente refirió al caso presentado ante la justicia y dado a conocer por este diario en la jornada del 28 de febrero, diciendo que “me llama la atención porque nosotros habíamos estado hablando con el Presidente del IOSPER de ver la posibilidad de cubrir todo lo mas que la provincia puede” y aconsejó a la familia para que reúna toda la documentación de la niña y “todos los papeles del informe que hace el IOSPER y vaya al Instituto para ver como colaboramos para llegar a cubrirle la parte que ella no puede”. No obstante recalcó que “el IOSPER es el responsable directo y tienen que cubrirle porque la persona está afiliada”. Consultada por INFORME DIGITAL respecto de la adhesión provincial a la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901 - que la Obra Social citó para negar cobertura total a la menor discapacitada - Cremer señaló que “estamos trabajando para adherirnos de acuerdo a la forma nuestra de trabajo” y comentó que a nivel nacional “la ley de prestaciones básicas está en un proceso de revisión, o sea que realmente también hay problemas en todas las otras provincias que no se han adherido por la misma situación”. “Es una ley muy amplia, muy completa, pero que realmente resulta imposible de aplicar y ante esta situación las provincias se adhirieren a la misma”, resumió finalmente.