Lunes 05 de marzo de 2007
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Política
Lucio Godoy reedita otro escándalo de la Banelco
El acuerdo de renegociación del contrato de concesión de aeropuertos fue convalidado por las dos cámaras del Congreso el 13 del mes último, en sesiones marcadas por duros enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, que reclamó la rescisión.
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Lucio Godoy junto a Martínez Garbino

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a discusión incluyó la denuncia del diputado nacional Juan Carlos Godoy (Nuevo Espacio-Entre Ríos) sobre la posible entrega de regalos a los legisladores de parte de la empresa concesionaria, Aeropuertos Argentina 2000, en los días previos a la votación. Pese al encendido debate, el problema se resolvió en pocas horas, con los votos positivos del kirchnerismo y de sus aliados. No quedaba otra: ese día vencía el plazo que tenía el Congreso para respaldar el acuerdo. De no haberlo hecho, el texto habría quedado aprobado de manera ficta. El primero en dar el respaldo fue el Senado. En defensa del dictamen en mayoría, aprobado en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delgadas al Poder Ejecutivo, el Jorge Capitanich (PJ-Salta) explicó que si bien había habido grandes incumplimientos por parte de la empresa que dirige Eduardo Eurnekian, la proyección de cantidad de pasajeros también había resultado muy inferior a la estimada en 1997. Para Capitanich, lo más importante era terminar con los juicios cruzados entre la empresa y el Estado. "La rescisión del contrato originaba más costos que beneficios", dijo. Y argumentó que, además de la finalización de los juicios, la renegociación permitiría cobrar el canon impago y facilitar la ejecución de un plan de inversiones rápido que resolviera los problemas de infraestructura de los 32 aeropuertos incluidos en el contrato. El modo como el Gobierno dispuso recuperar la deuda por el canon impago, a partir de la emisión de acciones, fue uno de los puntos más criticados por la oposición. "No comprendemos por qué hay que perdonar a la empresa una cifra de 800 millones de dólares no pagados en concepto de canon", dijo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que se abstuvo en la votación del acuerdo. Más duro fue el socialista santafecino Rubén Giustiniani. "Lo sucedido ameritaba claramente la rescisión del contrato. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice claramente que existió una estrategia de incumplimiento para el pago del canon por parte del concesionario", sostuvo. "Acá se habla de litigiosidad, pero la litigiosidad se produce porque la empresa no cumple. ¿De qué otra litigiosidad estamos hablando?", agregó. En la Cámara de Diputados, el debate fue aún más caliente. La defensa del acuerdo estuvo a cargo de santafecino Gustavo Marconato, que destacó que no habían existido objeciones por parte del procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, ni del síndico general de la Nación, Claudio Moroni, dos funcionarios designados por el Gobierno. El macrista Federico Pinedo se preguntó por qué había que premiar a un concesionario que no había cumplido con el pago del canon ni con las inversiones previstas y propuso convocar a una nueva licitación. Desde el bloque de ARI, María América González dijo que estaban en presencia de la convalidación más bochornosa de un contrato y atacó al dueño de AA 2000. "Si hay una persona que ha incumplido en todo y es el maestro, el genio, que puede confundir e iniciar juicios, apelaciones, recursos de amparo, recursos por daños y perjuicios y no pagar nada, es Eurnekian", sostuvo. Denuncia Casi sobre el final de la sesión, el entrerriano Godoy sugirió incluso la entrega de dádivas por parte de la empresa. "Le mandé una carta a la gente de AA 2000, mediante la cual devolví un obsequio que no sé por qué me enviaron y no sé si a todos los legisladores les pasó. El hecho es que me extrañó que en esta casa del pueblo se permita el ingreso de obsequios a legisladores. La verdad, me dio un poco de vergüenza que eso estuviera pasando en otros despachos". En la sesión no se volvió a mencionar el tema. Minutos después, la Cámara baja convirtió en ley el respaldo al acuerdo alcanzado entre el Estado y la empresa. La polémica sigue. (Fuente: La Nación)
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