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a Iglesia Católica se prepara para manifestar públicamente su desacuerdo con la distribución gratuita de la llamada "píldora del día después" (o anticonceptivo hormonal de emergencia) en los hospitales públicos y centros de atención primaria del país, porque considera que es "abortiva y conlleva otros efectos secundarios dañinos para la salud".
Como informó ayer Clarín en exclusiva, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, decidió distribuir la píldora del día después, que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud como una herramienta para prevenir el embarazo no deseado y el aborto.
La píldora, en sus distintos regímenes, ya se vende en las farmacias a precios que oscilan entre los 18 y 24 pesos. Desde 1998 en adelante, varias provincias, como Chaco, Entre Ríos, y las ciudades de Rosario, en Santa Fe, y Buenos Aires, la brindan gratis.
Ahora, el Ministerio de Salud decidió garantizar el acceso universal a la píldora, que se puede usar en casos de emergencia, tras una violación o cualquier relación sexual no protegida. Y ya despertó la oposición de las autoridades de la Iglesia Católica.
Voceros de la Iglesia informaron ayer a Clarín que los obispos criticarán en los próximos días —grupal e individualmente— la medida, por considerar que la píldora es "abortiva y conlleva otros efectos secundarios". También se estima que la Conferencia Episcopal —que agrupa a los cien obispos del país— podría pronunciarse sobre el tema entre el 21 y el 22 de marzo, cuando su cúpula —que encabeza el cardenal Jorge Bergoglio— celebre la primera reunión del año en Capital.
No es la primera vez que la Iglesia se opone a las decisiones del Gobierno en materia de salud. Desde fines de 2002, rige la Ley 25.673 por la cual se garantiza el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos. Así, se buscó bajar la mortalidad materna (que es consecuencia de los abortos sobre embarazos no deseados), el embarazo adolescente y la transmisión del VIH/sida u otras infecciones por relaciones sexuales sin protección.
Ya en diciembre de 2002 la Iglesia le había pedido al Ministerio que le introdujera ciertas precisiones a la reglamentación de la ley. En agosto de 2004 representantes del clero católico criticaron la entrega masiva de preservativos.
En febrero de 2005 se disparó una gran polémica: el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, le envió una carta a González García (quien se ha manifestado públicamente a favor de la ampliación de la despenalización del aborto) en la que le advirtió que el Evangelio dice que "los que escandalizan a los pequeños (según el obispo, repartiendo profilácticos entre los jóvenes) merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar". El presidente Néstor Kirchner revocó el nombramiento de Baseotto y se generó un conflicto diplomático. Pero el papa Benedicto XVI intervino en apoyo al obispo.
En diciembre pasado, el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina expresó en un documento su posición contraria a la píldora del día después, a raíz de que había un proyecto de ley en la Cámara de Diputados a favor de que se suministrase gratis. Ahora, el acceso universal a la píldora empezó a ser realidad. Y la discusión se gatilló otra vez. (Clarín)
