Miércoles 07 de marzo de 2007
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Paraná
La Comuna deberá pagar un juicio millonario por el SEO
El monto total a abonar rondaría los 3 millones de pesos. Es en el marco de una demanda iniciada por la empresa Dakota SA, prestadora del Servicio de Estacionamiento Medido (SEO) en el período 1998-2002.
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E

l caso tiene sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde marzo de 2006, que en diciembre rechazó un recurso extraordinario interpuesto por el municipio. El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Albornoz, a cargo transitoriamente de la intendencia de Paraná, junto al fiscal de Estado municipal, Martín Uranga; el jefe de Gabinete, Jorge González, y el secretario de Hacienda, César Pross, informaron ayer, durante una conferencia de prensa, de la situación generada a partir de una demanda iniciada por la empresa Dakota SA, prestataria del Servicio de Estacionamiento Medido (SEO) durante el período 1998-2002. Según informaron, la Municipalidad deberá pagar un monto superior a los 3 millones de pesos, tras una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que en marzo de 2006 hizo lugar parcialmente a la demanda presentada por la empresa en cuestión y luego de que en diciembre pasado fuera rechazado un recurso extraordinario presentado por la Comuna. De todas formas, queda en pie un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque, los funcionarios aclararon “no tiene carácter suspensivo; es decir que la empresa ya está en condiciones de poder ejecutar el dinero por el cual ganó parcialmente la demanda”. Al respecto, Uranga anunció que acababan “de recibir el traslado por la liquidación y suma, sin honorarios y gastos, 2.527.161,53 pesos”. En abril de 1998 comienza la historia de Dakota y el polémico SEO en Paraná, cuando se rubricó el contrato. Pero el acuerdo terminó abruptamente, antes de tiempo, en junio de 2002 en medio de una honda disconformidad de los automovilistas respecto del funcionamiento del sistema. Fue entonces cuando “se rescinde unilateralmente el contrato por parte de la empresa y se inicia simultáneamente un juicio”, informó Uranga. La demanda contenía cuatro conceptos que, de acuerdo a la empresa, gravitaban negativamente en la ecuación económica. De esos cuatros aspectos, prosperó sólo uno que puso en tela de juicio la “idoneidad del personal municipal (en referencia a los inspectores)” afectado al sistema, cuestión que le atribuye “responsabilidad exclusiva” a la Municipalidad. Así el STJ terminó obligando a la Comuna a pagar la cifra de 962.793,20 pesos, que con costas e intereses desde 1999 la cifra se triplica, según las estimaciones. Sucede que las quejas de la empresa empezaron a plantearse en la vía administrativa un año después de comenzada la relación contractual; es decir, en 1999. Una vez agotada esa instancia se inició la etapa judicial, que se habría iniciado paralelamente a la rescisión del contrato, según aseveró Uranga. Al iniciarse la nueva gestión de gobierno, en diciembre de 2003, ya había culminado la instancia de los alegatos y luego, el extravío de carpetas con documentación probatoria, habrían dilatado la conclusión de la causa hasta marzo de 2006, aseguraron los funcionarios. “Posteriormente, el año pasado, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En diciembre último, el Superior Tribunal rechazó este pedido y el 2 de febrero fue presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero este recurso de queja no tiene carácter suspensivo; es decir que la empresa ya está en condiciones de poder ejecutar el dinero por el cual ganó parcialmente la demanda”, relató el fiscal de Estado, quien informó que la Comuna recibió el 26 de febrero “el traslado por la liquidación y suma —sin honorarios y gastos— 2.527.161,53 pesos”. Ante el panorama, González señaló que la intención es llegar a un acuerdo con Dakota. Seguidamente puntualizó que “el juicio se inició por una rescisión unilateral de la gestión de 2002 que encabezaba el señor Sergio Varisco (...) y hoy hay un monto de alrededor de un millón de dólares que tiene que afrontar el pueblo de Paraná”. En sintonía, los funcionarios recordaron que el año pasado recayó un embargo de 1 millón de pesos a las cuentas de la Comuna debido a un juicio iniciado en 1997 por un accidente de trabajo de un empleado municipal. Uranga señaló que finalmente se logró un acuerdo para abonar en cuotas y así levantar el embargo. Por su parte, César Pross indicó que el “inminente” pago de la obligación “creará dificultades financieras” para el municipio y adelantó que la previsión implica un “ajuste en las partidas de gastos”. Así las cosas, anunció que seguramente se deberá “prescindir de alguna obra o algún servicio importante de la ciudad para abonar un juicio por el que se debieron tomar precauciones en su momento”. En diciembre último, el Ejecutivo había remitido al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza solicitando autorización para tomar un crédito de unos 8 millones de pesos para atender pasivos. Entre las obligaciones a pagar con esos recursos, figuraba la demanda iniciada por Dakota. La iniciativa no prosperó debido a que el oficialismo no logró reunir el voto de los dos tercios del cuerpo y la intención quedó en nada. En ese sentido, el concejal Albornoz se lamentó por no haber podido conseguir la mayoría especial para tomar el empréstito y dijo que ahora “el pueblo paranaense tiene que terminar pagando a través de los aportes y tasas”. A modo de conclusión, los funcionarios pusieron énfasis en que “la Municipalidad pueda sufrir un embargo de alrededor de 3 millones de pesos en cualquier momento, si no hay acuerdo de pago”. Aunque, no dieron fechas estimativas respecto a la concreción de la medida. Evalúan hacer una denuncia contra las autoridades anteriores Los funcionarios anunciaron que la Comuna realizará una presentación, informando el tema, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia y también se “evaluará la posibilidad de poder hacer una denuncia en el caso de que veamos que puede haber alguna clase de incumplimiento de funcionario público”. Uranga informó que ayer se habían comenzado a redactar esas presentaciones, al tiempo que se decidió “comunicar a la sociedad paranaense que va a tener que pagar si en definitiva no acoge favorablemente la Corte este planteo”, advirtió. El fiscal de Estado consideró que la implementación del SEO fue nefasta y funesta para la ciudad y remarcó “la desidia y la irresponsabilidad de la autoridad municipal de ese momento”, pues “se consiguió que el epílogo sea esta sentencia”. Por último, aclaró que se esperó hasta ahora para informar públicamente el caso, debido a que aguardaron las últimas instancias: “En este momento estamos al borde de que el perjuicio se concrete y más allá del monto (final), vemos que es necesario que la comunidad lo conozca”, dijo. (El Diario)
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