Sábado 10 de marzo de 2007
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Policiales
Sellos truchos: Una defraudación al Estado está investigando la Justicia
La Justicia provincial investiga una denuncia según la cual habría instalada una práctica por la que algunos contratos eluden el pago del Impuesto de Sellos, mediante un timbrado trucho.
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o se sabe a esta altura si los casos detectados son incidentes aislados o forman parte de una organización destinada a reorientar fondos públicos hacia fines espurios. La maniobra es más o menos la que sigue. Todos los contratos están sujetos al Impuesto de Sellos que representa el 1 % del monto convenido para todos los casos, salvo para las operaciones en las que interviene el Estado donde la carga se reduce a la mitad, es decir, es del 0,5 %. Está regulado que si lo que se desea es “autenticar” una copia, lo que debe pagarse es una tarifa de 5 pesos, porque se entiende que ese documento ya pagó oportunamente el monto debido, que surge de la aplicación de aquel 1 % si es un vínculo entre privados y del 0,5 % si participa el Estado. Se ignora desde cuándo, pero lo que ha venido ocurriendo es que algunos contratos han sido visados con sellos apócrifos, con lo cual se deja de aportar al fisco el impuesto correspondiente. Obviamente, eso que no ingresa a la provincia no se evapora, queda en algún lado. Y, entonces, con una copia del convenio marcado con ese timbre falsificado, se presenta ante las cajas habilitadas para, de ese modo, pagar sólo los 5 pesos de la copia. Para tener una idea, si un hipotético contrato fuera rubricado entre una empresa privada y alguna dependencia estatal por un total de, digamos, 3.649.058,00 pesos, por el Impuesto de Sellos debió haberse aportado 18.245,00 pesos. Pero si el timbre fuera falso y se pretendiera hacer pasar la copia por válida, al fisco sólo ingresarían 5 pesos porque, como se indicó, por Impuesto de Sellos se retiene el 0,5 % del monto del contrato si interviene alguna dependencia pública. De 18.245 pesos a 5 pesos. He ahí la defraudación. Pongamos otro ejemplo. Si dos particulares intercambiaran una letra hipotecaria escritural por, digamos, 4.690 pesos, por la operación debiera abonarse 469 pesos como Impuesto de Sellos. Con el mecanismo fraudulento, se pagan 5 pesos en vez de 469 pesos. Y así. DE REOJO. Aparentemente, la atenta mirada de una cajera del Colegio de Escribanos de Entre Ríos advirtió, en Paraná, que la maniobra descripta pensaba reeditarse: bajo las apariencias de un sello de la entidad, aparecía un número de caja selladora que no existía. Además de la de Paraná, el Colegio de Escribanos tiene máquina selladora en las delegaciones del interior más importantes, como Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Chajarí y Villaguay. Cada máquina con su identificación alfanumérica, claro. Y lo que la empleada advirtió en Paraná es que la que figuraba en el sello, al costado del contrato, entremezclado con la escritura, no se correspondía con ninguna de las que el colegio tiene dispuestas para la atención al público. Realizó entonces las consultas del caso con autoridades de la institución que, luego, expusieron la situación en el Consejo Directivo y de allí a la Justicia. Por lo que EL DIARIO pudo indagar, no pudo el colegio en sí sino a través de su representante legal, el doctor Jorge Petric, presentarse ante el Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Héctor Villarrodona. En rigor, esta Hoja intentó obtener información oficial de parte de la institución pero sus directivos —por interpósitas personas— respondieron que no era aún el momento ni la ocasión adecuada para prestarse a la requisitoria periodística, acaso porque el expediente de la denuncia recién está empezando a dar los primeros pasos. Y lo que se pretendía corroborar y no se pudo es si, en realidad, había habido una primera denuncia de un contrato que había sido suscripto por una repartición oficial y un segundo incidente, entre particulares, que ameritó la ampliación de la petición. Así las cosas, la gran duda es si se trata de episodios aislados o se estaría ante la presencia de una o más organizaciones destinadas a redireccionar recursos públicos hacia fines particulares. (Fuente: El Diario)
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