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as inquietudes centrales de las principales fuerzas están dadas en modificar la estructura impositiva para hacerla más competitiva, teniendo en cuenta las desventajas que exhibe la provincia a la hora de atraer inversiones, especialmente entre las provincias de la Región Centro. Sergio Urribarri, desde el Justicialismo, propone modificar la estructura impositiva provincial estableciendo un nuevo marco legal que tienda a “lograr una baja en la presión impositiva provincial recomponiendo su estructura acompañada de un crecimiento de las recaudaciones por mejoras en la administración tributaria que evite desmejorar la situación de la caja del Estado”. Por su parte, Agustín Addy, candidato del PRO, entiende, en este punto que su estrategia será “eliminar aportes patronales, tales como la Ley 4.035 que ahuyenta las empresas que se quieren radicar en Entre Ríos, sólo este impuesto provincial da un costo laboral de casi 4 % más, no existe en Santa Fe y Córdoba. No somos competitivos a nivel Estado dentro de la Región Centro, ya que tenemos más impuestos y otros más elevados, así nadie quiere invertir”, dijo. En el mismo sentido, Gustavo Cusinato, quien lidera la fórmula de la UCR, afirma que su gestión “tenderá a lograr una baja en la presión impositiva provincial recomponiendo su estructura acompañada de un crecimiento de las recaudaciones por mejoras en la administración tributaria que evite en todo momento desmejorar la situación de la caja del Estado” . El equipo económico de la fórmula de la Lista 100 que lidera Julio Solanas parte de un diagnóstico pesimista sobre el estado actual de las cuentas públicas donde marca el endeudamiento de la provincia. “La más alta por habitante con 3 mil pesos per cápita contra 600 de Santa Fe”, dicen, y siendo la provincia que “menos ha crecido en materia de recaudación genuina”. En este marco proponen un programa de austeridad para “lograr una reforma del sistema de Administración Tributaria otorgándole la autarquía a la Dirección de Rentas con el fin de eficientizar su funcionamiento e independizarlo del poder político, con reorganización de cargos por concursos y calificación del personal”. El Partido Humanista, por su parte y con la misma preocupación, enfocó su propuesta en aspectos más conceptuales. En este sentido, su candidata Bernardita Zalisñak, asegura que partirán de “la exigencia al Gobierno nacional para que restituya la facultad federal sobre las contribuciones directas, mientras se exige el aumento de los montos provenientes de la coparticipación. Debe ser la provincia la que recaude y luego eleve a la Nación un porcentaje por los servicios que la misma presta, esto otorgaría mayor autonomía financiera a los estados provinciales y agilizaría el flujo de fondos”. Finalmente, el equipo de la Concertación Entrerriana, con Emilio Martínez Garbino como candidato, asegura que se puede lograr el equilibrio fiscal en la provincia partiendo de una reforma tributaria con el criterio constitucional de “quien más tiene más paga. Hoy los pooles de siembra no están pagando y hay que aplicar un criterio progresivo en el impuesto inmobiliario. Tenemos que modificar el sistema tributario para dar cumplimiento a lo que dice en el artículo 43 de la Constitución”, para ello proponen crear auditorías ciudadanas en Rentas y en la Administración Pública para dar transparencia. La provincia tiene una deuda que supera los 3.000 millones de pesos, y una parte importante es con el Gobierno nacional, y existe una Espada de Damocles: gran parte de ella se ajusta por CER y puede llegar a ser un gran compromiso en el futuro. Hoy estamos gastando más en servicios de la deuda que en Educación y Cultura”. PRODUCCIÓN El alto nivel de primarización que exhibe la producción provincial ocupó también un lugar destacado en los proyectos principales de los candidatos para el próximo período de gobierno. En este punto y sin entrar en detalles finos, Cusinato asegura que “buscará la industrialización de la provincia a través del incentivo y el estímulo de las inversiones y del incremento de capacidad y efectividad de los parques industriales. Se realizarán, también, políticas activas del Estado para el sostenimiento y recuperación de las actividades productivas típicas de la provincia como son la ganadería, la avicultura y la citricultura”. Emilio Martínez Garbino también se muestra preocupado por lo que entiende es un proceso de monocultivo que afecta el futuro productivo. Desde su equipo aseguran que “cada campaña estamos un porcentaje más alto en concentración de soja. En pocos años pasamos del 60 % al 67 % en la última campaña. Pensar que nos vamos a salvar vendiendo porotos de soja es un error grande y esto no es un problema individual, sin un problema social que debemos afrontar entre todos”, entiende. Desde el Justicialismo, Urribarri intenta mirar más allá del concepto de cluster y asegura que “nuestra política económica incentivará a aquellos sectores cuya dinámica favorezca procesos de distribución más equitativa del ingreso y de apropiación de los beneficios de la mayor productividad. Necesitamos avanzar en el desarrollo de microregiones, y pensar la economía provincial en término de complejos productivos por región o por sector, impulsando el aumento de la producción y procesamiento de agroalimentos. En ese marco vamos a impulsar específicamente las plantas que agreguen valor trabajo entrerriano a la oferta exportable”. Addy, en consonancia con la filosofía económica de su partido, propone la eliminación gradual de las retenciones como herramienta que permite devolver la rentabilidad al campo, así como la no intervención en los mercados. “Si dejamos que el productor gane más, van a poder mejorar los salarios y la inversión en este sector que es el más importante de Entre Ríos. “Proponemos fomentar a través de subsidios, exenciones impositivas y tarifa eléctrica diferenciada, la radicación o ampliación de las empresas agroindustriales que dan valor agregado a la producción del campo, las industrias tecnológicas y de servicios especializados. Estos son los rubros económicos del mundo moderno donde Entre Ríos puede competir“ afirmó. El Frente para la Victoria y la Justicia Social, de Julio Solanas, propone “abandonar un rol pasivo, garantizar un umbral de infraestructuras y servicios que sean gestionados con eficiencia desburocratizando las tramitaciones y la corrupción”. También pretende utilizar el mercado como instrumento de transformación involucrándolo en actividades económicas lucrativas. También pretende apoyar al privado en las estrategias de la oferta exportable, e “implementar una política de comercio exterior con eficiencia y poniendo en marcha un régimen de promoción de actividades”. El partido de Bernardita Zalisñak apuesta a la creación de empresas con sistema de propiedad participada de los trabajadores, “donde el trabajador participe en las ganancias y dirección de la empresa, obligando a la reinversión productiva y evitando la fuga de capitales hacia la especulación financiera. Puesta en marcha en todo el territorio provincial de micro empresas eco productivas, con emprendimientos de producción que incorporen la más avanzada tecnología, elaboradores y exportadores de productos del tipo IV (ecológicos y de alto valor agregado)”, entiende, asegurando que estarán organizados en base a un modelo de democracia real. Infraestructura: Cusinato: El Estado va a acompañar el avance de la tecnificación y de los avances tanto sanitarios como de la calidad y volumen de la producción agropecuaria de nuestra provincia. La optimización de los recursos y la búsqueda del incremento de los fondos federales estarán destinados al desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar la competitividad. Urribarri: Nuestro gobierno seguirá los caminos que indica la planificación estratégica de la Región Centro. En infraestructura hay que seguir avanzando en la electrificación de las áreas rurales, la sistematización de arroyos para riego, red de cadenas de frío y cámaras en áreas de transferencia de carga, red caminera primaria y secundaria en condiciones y red de comunicaciones inalámbricas. Addy: Necesitamos políticas de inversión en infraestructura, en coordinación con la Nación, de las famosas cinco autovías proyectadas, el acceso al puerto de Ibicuy, revertir el 85 % de caminos de tierra haciendo funcionar vialidad y usar los fondos de la Cafesg para resolver el elevado costo de la tarifa eléctrica. Solanas: Es necesaria la implementación de mecanismos de control social e institucional, generando un régimen con criterios de eficacia y eficiencia. Desde allí abordar un programa de inversiones, abandonando el rol pasivo del Estado, garantizando un umbral de infraestructuras y servicios que sean gestionados con eficiencia. Zalisñak: El PH propone una investigación exhaustiva para determinar la viabilidad de recuperación de los ramales y estaciones ferroviarios revisando las privatizaciones, promoviendo la instalación de fabricas metal-mecánica. Igualmente acerca de los caminos para determinar los de mayor importancia para el transporte de la producción, mejorar caminos asfaltados y asfaltar los que no lo están, promover la eliminación de peajes al transporte de la producción. Martínez Garbino: Las provincias agropecuarias necesitamos discutir el retorno de un porcentaje de las retenciones en carácter de regalías, con un destino específico que apunte a la diversificación productiva con inclusión social. Es importante que una parte de los consejos viales vaya a los caminos de la producción porque cada vez que llueve no se pueden sacar los productos. (Fuente: El Diario)