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o ordenó la Cámara Federal de Capital Federal al revocar un sobreseimiento que beneficiaba a los funcionarios. Además, dispuso que se haga un peritaje para determinar el estado en que se hallaban las máquinas.
La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre el rol del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, entre otros, en la compra directa y supuestamente irregular de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa.
En una resolución a la que accedió Clarín, ese tribunal tomó esa decisión luego de revocar el sobreseimiento que el ex juez federal Jorge Urso había dictado a favor de De Vido y Jaime antes de renunciar y evitar así un juicio político. La medida también alcanza al subsecretario de Transporte, Julio Montaña, y al empresario de excelente llegada al Gobierno, Sergio Taselli.
La resolución de este tribunal de apelaciones es una señal a los dos jueces federales que de ella dependen para "avanzar más rápidamente" en causas que involucran a actuales funcionarios, afirmó una fuente judicial consultadas por este diario.
En el 2004 y en el marco de la emergencia ferroviaria, Jaime compró sin llamar a licitación 15 locomotoras usadas a la firma "Railway Leasin Argentina S.A." en 21 millones de pesos cuando, en realidad, según el denunciante Juan Carlos Iglesias, no costaban más de 12 millones. Además, la compra hubiese correspondido al concesionario ferroviario "Transportes Metropolitanos General Roca" (TMGA) del grupo Taselli y no al Estado, agregó.
Las locomotoras las estaba usando el concesionario gracias a un leasing hasta que TMGA se declaró en quiebra. Entonces, Railway Leasing Argentina pidió a la justicia comercial el secuestro de sus locomotoras. Fue en ese momento que Jaime decidió comprarlas con fondos del estado y lo presentó a la prensa como un salvataje a favor de los usuarios de los trenes.
La compra fue avalada por De Vido como superior inmediato de Jaime aunque ambos no tengan una buena relación personal y el secretario de Transporte tenga llegada directa al presidente Néstor Kirchner.
La denuncia de Iglesias fue avalada por el fiscal Luis Comparatore y luego por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.
Sin embargo, como ya se dijo, el juez Urso sobreseyó a los imputados pero los fiscales apelaron a la sala II de la Cámara Federal integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.
Los camaristas ponderaron un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que afirma que el precio de las locomotoras fue justo pero también otro del Centro Argentino de Ingenieros lo calificó de "muy vago y falto de rigor técnico" porque las locomotoras eran viejas y algunas habría "canibalizadas" para sacarles repuestos.
En su resolución de esta semana, la cámara ordenó al juez subrogante de Urso, Marcelo Martínez De Giorgi, profundizar la investigación en base a estas medidas:
Realizar un peritaje para conocer el grado de conservación y mantenimiento de las máquinas cuando se compraron en julio del 2004.
Citar a declaración testimonial al ingeniero Adolfo Deltell para que informe el estado en que se encontraban las locomotoras en el 2002 cuando fueron inspeccionadas en Córdoba.
Ampliar el informe técnico sobre las "justificación económica" de Jaime sobre la compra.
Averiguar si "existieron negociaciones previas" entre el Gobierno y Railway Leasing Argentina y citar a declarar a su presidente, Takashi Ikegmai.
Pedir los controles que hizo la secretaria de Transporte sobre el concesionario TMGA y las concesiones del San Martín y el Belgrano Sur.
Investigar si el grupo Tasselli "se vio beneficiado" gracias a sus vínculos con el Gobierno y no habría cumplido con sus obligaciones como concesionario. (Fuente: Clarín)
