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n su momento, siendo Legisladora Nacional, la Senadora Grand había puesto a consideración del Congreso un proyecto de ley en el mismo sentido del fallo que se conoció en los últimos días, en el que se hacía hincapié en la defensa de los valores que fueran de menores o de personas con discapacidad. La Senadora por el departamento Paraná, Teresita Ferrari de Grand (PJ), consideró “importante y positivo” al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) en el que se determinó que “no se deben pesificar depósitos judiciales ya que no son efectuados voluntariamente, sino que se trata de cuentas abiertas por orden de un magistrado para resguardo de valores que, en muchos casos, pertenecen a menores o a personas con discapacidad”. Indicó que “ha sido el máximo tribunal argentino el que decidió esto y debe ser bienvenido”. Agregó que “el fallo tiene un alto contenido de justicia” y después recordó que como Diputada Nacional había presentado un proyecto de ley en el mismo sentido, con el claro objetivo “evitar que se afecte con decisiones macroeconómicas de coyuntura un bien que es, en muchísimos casos, de un menor”. “Aquellos manotazos de ahogado de la Alianza atacaban especialmente a los más débiles, a los indefensos”, acotó. Cabe explicar que los montos en litigio se depositan y a veces quedan allí mucho tiempo, ajenos a la voluntad de su legítimo dueño y los jueces, para que no pierda el valor, ordenan que se depositen en dólares. Este llevó a que al momento de ponerse en práctica el “corralito”, durante el gobierno presidido por De la Rúa, se pretendiera incluir en los alcances de la pesificación a este tipo de depósitos. “Con el sentido de proteger a los más débiles presenté el proyecto en su momento, pero no fue tratado, ahora la Corte definió en el mismo sentido”, expresó la legisladora. Aspectos del fallo Medios nacionales difundieron aspectos del fallo. La CSJ sostiene que los depósitos judiciales son un supuesto especial porque se relacionan con la división de poderes y el derecho de propiedad. Son los jueces los que pueden resolver el destino de los bienes sujetos a litigio y si ellos ordenaron ponerlos en dólares, el Gobierno no puede inmiscuirse. Se sostiene en el dictamen que no es razonable que quien ha disputado un bien en un pleito se vea perjudicado por una decisión que no tomó -porque el depósito no fue pactado por él con el banco, sino que fue ordenado por el juez-, por riesgos que no tomó, ni que se lo haga compartir el riesgo con un banco que no eligió. Con esto, los depósitos judiciales quedaron fuera de los alcances del decreto 214 de 2002, no pueden ser afectados por normas de emergencia. El Juez Calos Fayt afirma en su posición que "no puede, válidamente, alterarse la sustancia de los bienes cuya custodia se le confió al banco en calidad de depósito judicial. El capital debe permanecer incólume y cualquier conversión obligatoria resultaría confiscatoria e inconstitucional". Por último la Senadora Grand sostuvo que “hubo que esperar la decisión de la Corte y su posición debe ser bien valorada porque defendió la de los más débiles”.