Lunes 26 de marzo de 2007
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Política
Despiden a médicos por probar drogas con jubilados
Dos facultativos que trabajaban en un policlínico de la obra social en Rosario habrían cobrado 40.000 dólares por realizar los experimentos
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Graciea Ocaña - Titular del PAMI

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OSARIO (DyN).— La titular del PAMI, Graciela Ocaña, aseguró que despidió a dos médicos de un policlínico de Rosario que cobraron una elevada suma de dinero de un laboratorio extranjero para probar un medicamento, sin haber sido autorizados por el organismo nacional. Ocaña señaló que tuvo conocimiento del hecho a través de un mensaje "anónimo" y precisó que era una práctica que se llevaba a cabo en un policlínico de Rosario que "depende del PAMI, sin autorización de las autoridades de Buenos Aires y simplemente creando un comité al solo efecto de probar esos medicamentos". Los profesionales despedidos con causa utilizaban "toda la infraestructura hospitalaria y los pacientes del hospital para hacer estas pruebas cobrando 40.000 dólares", destacó. Ocaña manifestó que como los contratos no se firmaron en la Argentina, los allanamientos ordenados por la justicia dieron resultado negativo porque los papeles están fuera del país. La interventora en el PAMI confirmó que los dos profesionales involucrados fueron despedidos y que, además de la instancia de sumario administrativo que está en curso en el seno de la institución que conduce, existe una causa penal en la Justicia Federal. Precisó también que "el director del policlínico sabía y era parte" del trabajo en favor del laboratorio de origen norteamericano. Asimismo, destacó que casos similares se produjeron en otros siete hospitales públicos y clínicas privadas de Buenos Aires y otros puntos del país. Ocaña admitió que "no hay una regulación en la Argentina que establezca cómo realizar estas pruebas" de medicamentos en pacientes, aunque indicó que el "organismo que controla es la Anmat". Este, aseguró, cuando el PAMI lo consultó si había aprobado el caso del policlínico de Rosario "dijo que esa institución no estaba autorizada, pero cuando se hizo el allanamiento apareció la autorización" del ente del Ministerio de Salud. "Cobraron 40.000 dólares para conseguir las pruebas y hacer que el laboratorio tenga la cantidad de casos" sobre la aplicación del medicamento, que es un "antibiótico que se utiliza para infección intrahospitalaria".
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