Miércoles 28 de marzo de 2007
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Policiales
Pidieron cuatro años de prisión para el ex gerente del Nación de Ramírez
La fiscal reclamó penas mínimas para el resto de los procesados. Rechazos de los abogados defensores.
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E

n la jornada del martes concluyó una maratónica audiencia en el Juzgado Oral Federal Criminal de Paraná, en la causa que se investiga la defraudación a la administración pública al Banco de la Nación. En la etapa de los alegatos, la fiscal solicitó la pena de cuatro años de prisión efectiva para el ex gerente de la entidad, Daniel Cabrera, en tanto que solicitó al tribunal condenar a dos años de cárcel condicional al resto de los procesados: Daniel Cabrera, de 44 años (ex gerente); Luis Ricardo Correa, de 56, jefe de área; Luis Manuel Alarcón, de 65, contador, y Miguel Euclides Morel, de 58, tesorero. La fiscal Marina Herbel de Pajares pidió que se condene al ex gerente Daniel Cabrera a la pena de cuatro años de prisión efectiva porque consideró acreditado el delito de Defraudación administrativa pública. En su alegato la funcionaria judicial del fuero federal también reclamó penas, pero de carácter condicional para Correa, Alarcón y Morel. Para todos ellos consideró necesaria la condena de dos años de cárcel en suspenso. En tanto, la actora civil en representación del Banco Nación, María Laura Pais, pidió al momento de alegar que Cabrera debiera ser sancionado con una indemnización cercana a los 3 millones de pesos, suma que se estableció como el perjuicio ocasionado por las irregularidades cometidas por la ex cúpula del Banco Nación, sucursal Ramírez. En ese marco, también consideró necesario reclamar una indemnización solidaria a Alarcón por el 50% del perjuicio, y a Correa y Morel, con el 25 y el 10 % respectivamente. La audiencia se inició a las 10, y finalizó a las 17. Allí, la mayor parte del tiempo fue aprovechado por los abogados defensores que trataron por todos los medios de desacreditar las pruebas avaladas por la fiscal. Los camaristas Lilia Carnero, Roberto López Arango y David Chaulet dispusieron varios cuartos intermedios y al finalizar la jornada notificaron que la sentencia se dará a conocer mañana a las 9. En la causa por Defraudación administrativa pública, a criterio de la fiscal quedaron acreditadas las irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios sin la garantía suficiente; tomarse atribuciones que superaban la responsabilidad de la sucursal; haber dado de baja del sistema, indebidamente, pagarés de altas sumas de dinero sin que hubieran sido abonados; realizar movimientos de débito sin sustento contable y haber otorgado préstamos a sola firma sin tener esa facultad. Férrea defensa Los abogados defensores Marcos Rodríguez Allende, Marina Barbagelata y Mario Paz pusieron énfasis en marcar que la figura que se dispuso nunca existió, habida cuenta de que los hechos nunca se fundaron ni acreditaron por parte del Banco Nación. Hubo severos cuestionamientos a la falta de controles y auditorías por parte de los responsable zonales, pero además se desacreditó por ser considerada poco idónea la perito a cargo de la pericia oficial. Se marcó de parte de los letrados defensores que la contadora recientemente recibida hizo una recopilación de datos brindados por el Nación, pero que no llegó a ninguna conclusión de certeza, sobre todo con el posible perjuicio económico. Se alertó que no hubo dolo de parte de los procesados, porque a excepción de Cabrera, el resto no tenía facultades ni responsabilidades en el otorgamiento de créditos u otras operaciones que fueron ejecutadas por el gerente, con el fin de “controlar el gran desorden existente”, se explicó. Se hizo notar por parte de los defensores que “el Nación consideraba a la cúpula de la sucursal Ramírez como ejemplares empleados, pero de la noche a la mañana los transformó en delincuentes, acusándolos de las irregularidades que ellos nunca detectaron en las auditorías”. Actora civil La doctora María Laura Pais comentó que no hubo ninguna negligencia de parte de las letradas a la hora de avanzar en la causa que determinó que el tribunal las apartara como querellantes. La abogada señaló que hubo un malentendido en la aplicación de la normativa, pero más allá de la resolución en nada cambió la acción de las representantes, que preguntaron y alegaron en la parte final. (Fuente: UNO)
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