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a Sala Segunda de la Cámara del Crimen no encontró responsabilidad en otros dos policías de mayor rango. El tribunal de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen condenó ayer a la pena de dos años de prisión condicional al actualmente exonerado sargento de la Policía de Entre Ríos Carlos Jalil, a quien se lo acusó de maniobras fraudulentas mediante las cuales se habría apoderado de fondos que el Ministerio de Bienestar Social confiaba a manos de la Policía del departamento La Paz para el pago de pensiones de la Ley 4.035. En tanto no encontró responsabilidad en otros dos funcionarios de mayor rango, de apellidos Mohr y Acosta, que también pertenecían al área de Logística, la oficina que se responsabilizaba del contralor de esa tarea, para quienes el fiscal de cámara, doctor Juan Carlos Chemes había pedido la absolución de culpa y cargo. El tribunal, integrado por los vocales Silvia Nazar, Jorge García y Raúl Herzovich había comenzado a juzgar el lunes de la semana pasada al comisario Juan Acosta, y a los suboficiales Jorge Mohr y Carlos Jalil, por los cargos de peculado y malversación de fondos públicos cuando se desempeñaban en el área de Logística de la Jefatura de Policía de La Paz. Fue en el año 2003 cuando se produjeron irregularidades que saltaron a la luz en el mes de diciembre, al anunciarse el cambio de autoridades y al efectuarse un control de rendición contable. El comisario Acosta, que se desempeñaba en ese momento como jefe de Logística de esa departamental y que se vio rozado por su responsabilidad ejecutiva, declaró ayer que “fui yo quien sugerí la rendición contable antes de dejar el puesto y allí se descubre la maniobra realizada por el suboficial Jalil, que se encontraba a cargo de la documentación y pago de la Ley 4.035. Yo fuí engañado, si yo no pedía este arqueo esto no se hubiera detectado”, manifestó textualmente el alto funcionario imputado. Finalmente agregó “quien estaba obligado a controlar la rendición era el Ministerio de Acción Social y ese control no existió. De no ser por el trabajo que se realizó en forma interna, esto no se hubiera descubierto nunca”, manifestó. Como testigos pasaron ayer el ex subdirector de Logística de la Policía de Entre Ríos en ese momento y actual jefe de la Policía de Islas de Ibicuy, comisario mayor Nestor Monzón, quien recordó “enviamos a gente capacitada y a mi cargo para hacer el control de rendición y al notar las irregularidades evidentes hice lo que correspondía, informé a mis superiores y denuncié el hecho en la fiscalía del juzgado jurisdiccional porque estábamos ante la comisión de un delito. Notamos un gran desorden de documentación relacionada con el pago de las pensiones de Ley 4.035 y al no existir los recibos de pago lo tomamos inmediatamente como faltante”. Uno de los controladores de esa gestión fue el oficial Mario Orrego, quien al declarar como testigo mencionó que “fui designado por el comisario mayor Monzón para viajar a La Paz y realizar el contralor. Al notar que algo estaba mal con las documentaciones de la Ley 4.035 busqué al responsable de distribuirlas y el suboficial Jalil me rehuía. Después se excusó mencionando estar atrasado con la documentación un par de meses, pero cuando investigamos a fondo, la cosa venía de mucho tiempo atrás. No había atraso, sino la comisión de un delito”, aseguró Orrego. “Para mí lo que no tiene respaldo documental, falta en dinero”, finalizó diciendo. Durante sus alegatos, uno de los defensores de Jalil, el doctor Alejandro Retamoso insistió en que “no está acreditado que Jalil se apoderó del dinero mediante sustracción. Además, los mismos camaradas y vecinos de nuestro cliente fueron contestes de que nunca se advirtió un cambio en la humilde vida de Jalil, lo que se hubiera notado si le hubiera ingresado dinero extra a su existencia. Es por esto que pido la absolución”, dijo el letrado, haciendo notar además que el escritorio de Jalil fue revisado y los elementos de prueba que se presentaron, extraídos por personal policial, sin orden judicial, dos meses después de que Jalil fuera desvinculado de sus funciones, tiñendo de irregularidades las pruebas presentadas, por lo que pidió su absolución. Por su parte, el doctor Marciano Martínez, defensor de otro de los policías, resaltó que “estas cosas pasan y han ocurrido infinidad de veces, y se transforma en una cuestión de riesgo, porque la Policía no está para esta tareas, sino para prevención y seguridad de la sociedad ante el delito y donde hay dinero siempre hay tentación”. “JURO QUE NO ROBÉ”. Tras la finalización del debate, Jalil no dudó en expresar “juro por mi familia, que es lo único que tengo de valor y no ese dinero que dicen que quedó en mis manos. Acá el hilo se está cortando por lo más fino y yo soy consciente de que entregué todo en tiempo y forma a mis superiores y que cuando en un momento advertí una irregularidad, me exigieron que dejara las cosas así y no me quisieron firmar la entrega de documentación que puse en manos de mis superiores”. Jalil admitió “no fui entrenado para realizar trámites administrativos con el rigor que hubiera tenido que ponerle para solicitar a mis mismos jefes firmas y constancias de entregas de documentación que después me reclamaron a mí. Fui entrenado para cumplir órdenes o ir preso”, admitió. Finalmente, uno de sus defensores, el doctor Alejandro Retamoso manifestó “Jalil ya había sido sacado de la oficina y un mes después la misma fuerza policial allanó su escritorio, al que muchos tenían acceso y de allí se removieron elementos en su contra, sin intermediación judicial y con accionar poco claro. Era obvio que el hilo se iba a cortar por lo mas fino, es regla dentro de una institución verticalista y ellos lo saben”. (El Diario)