Viernes 30 de marzo de 2007
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Política
Compromete Auditoría a Miceli en caso Greco
Justicia ya citó a funcionarios

L

a investigación del caso Greco se acelera en todos sus frentes al punto que promete complicarle el inicio de la campaña electoral al gobierno. No es ya el avance de la causa que lleva adelante el juez Sergio Torres lo que preocupa más al Ministerio de Economía, sino el informe que elabora la Auditoría General de la Nación sobre el episodio. El caso, para la Auditoría, es de una gravedad tal que los siete integrantes fueron involucrados en la investigación para dar mayor sustento técnicopolítico al informe final. Algunos borradores de ese reporte ya se conocen. De hecho, los senadores radicales que iniciaron las denuncias por el intento de pago a los Greco tuvieron acceso a esa información. En todos los casos se cuestiona la actuación de Felisa Miceli al haber firmado el proyecto de pedido de ampliación de la emisión de bonos de consolidación que incluía las órdenes de pago a los Greco. Pesan en su contra los informes de la SIGEN y las divergencias en los dictámenes de la Procuración del Tesoro que ya analiza la Auditoría. Resta saber el final de esa investigación y hasta dónde llegará la asignación de responsabilidades. Todo aparecerá en escena dentro de 120 días, justo para el comienzo de la campaña presidencial. El gobierno ya se prepara para recibir malas noticias sobre el caso Greco justo en medio de la campaña electoral. A la investigación que retomaron los senadores radicales se sumarán en poco tiempo el informe que elabora la Auditoría General de la Nación y la citación de funcionarios del Ministerio de Economía por parte de la Justicia Federal. El resultado de todas esas pesquisas comenzará a tomar forma casi al mismo tiempo. Es decir, hacia julio/agosto de este año junto con el inicio formal de la campaña electoral. La Auditoría, controlada por el radical Leandro Despouy, pero con perfil bajo, tiene ya experiencia adquirida en el caso Greco. Algunos de los auditores comenzaron hace ya dos meses a entregar en secreto borradores de informes preliminares a los senadores que participan en la investigación. Su intervención comenzó en el inicio del escándalo, exactamente en diciembre del año pasado en medio del debate en el Senado que terminó frenando el pago al grupo, cuando todos los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -senadores y diputados, peronistas y radicales- aprobaron una resolución por la que se instruyó a la Auditoría General a investigar ese trámite. Uno de los datos más nuevos dentro de la investigación se conoció cuando comenzaron a aparecer esta semana viejas actas y archivos de la Mixta Revisora de Cuentas donde se daba cuenta de la deuda con los Greco. Algunos de los senadores y diputados que integraron esa comisión juran que en esos informes se hablaba de montos hasta cincuenta veces inferiores que la deuda que el gobierno ahora envió al Congreso para habilitar su pago. Lentitud Formalmente, la Auditoría tomó vista del caso Greco recién cuando el Congreso se lo ordenó. En inicio, el análisis fue más lento, pero cuando comenzaron a recibir las pruebas del caso, muchos de los auditores entraron en pánico. Tal fue el impacto de la investigación en la AGN, que se creó una comisión especial para investigar integrada por un delegado de cada uno de los siete auditores. Esas decisiones se toman en la Auditoría sólo cuando la gravedad del caso exige que se comprometa a todo el colegio de auditores en el resultado del informe. «Esto fue claro, hubo acuerdo con que todos pondrían la firma en la investigación del tema Greco. Esta no es una cuestión para un solo miembro», explicaba ayer uno de los integrantes de la AGN más experimentados. Dentro de la información que se pidió en la Auditoría para llevar adelante el informe constan los pedidos a la Secretaría de Finanzas sobre el origen de las seis órdenes de pago a nombre de cada uno de los ex integrantes del grupo Greco o sus herederos. Tan importante como ese informe y que consta también en los pedidos de la Auditoría, es el dictamen de la Sindicatura General de la Nación, ya adelantado por este diario, en el que el 5 de enero de este año no sólo se cuestionaba el pago sino que se recordaba un dato clave: el 10 de octubre de 2006 -cuando la Cámara de Diputados aún no había iniciado el tratamiento del polémico proyecto- de ampliación de emisión de BOCON donde se encontraba oculto el pago a los Grecoel Director de Administración de Deuda Pública (avalado por la Oficina Nacional de Crédito Público y el subsecretario de Financiamiento) le pidió a la subsecretaria Legal del Ministeriode Economía que previo al pago se intente «cobrarle» a los Greco deudas que éstos mantenían con el Estado y que ascendían en monto nominal a unos $ 164 millones. Esos pagos, como otros realizados por el Estado a cuenta de deudas de los Greco no fueron incluidos en la liquidación que aceptaron los abogados del fisco y que motivó la homologación judicial del 11 de agosto de 2005. Para la Auditoría ese dato es clave para la investigación. Tanto como el relato de los hechos por parte de Estela Palomeque, la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Economía, quien tuvo en su despacho el expediente Greco durante 19 días, de acuerdo con la guía de trámites internos de Economía que también publicó este diario. Los informes que pidió la auditoría al Ministerio de Economía fueron avanzando casi en sintonía con la causa que lleva adelante el juez Sergio Torres , unificada ahora con la denuncia contra Miceli que tramitaba Ariel Lijo por la presentación hecha por el abogado Ricardo Monner Sanz. Torres ya citó a Palomeque como testigo dentro de la última tanda de resoluciones que tomó el juez en torno de la causa. Y allí precisamente es donde se encontrarán todas las investigaciones que rondan el caso. Torres tomó 17 medidas que ya incluyeron una citación al radical Ernesto Sanz, uno de los denunciantes en el Senado del caso Greco, y que ahora seguirá con Palomeque el próximo 11 de abril y el denunciante Ricardo Monner Sanz. Al mismo tiempo analiza los cuestionados dictámenes del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino y la presentación que ya realizó el chaqueño Jorge Capitanich. Esa ronda se cerrará con informes clave que Torres ya pidió a la jefatura de Gabinete, a Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y, finalmente, a la Auditoría General de la Nación. (Ambito Financiero)
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