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ras el fallo del STJ, que deja en firme la sentencia que lo condenó por enriquecimiento ilícito, el intendente de Santa Elena encabezó una marcha impulsada por sus seguidores. Rossi debe dejar el cargo aunque concejales del PJ dan por descontado que “no va a renunciar”. Fue la primera expresión de rechazo a la última palabra de la Justicia que selló la suerte de Domingo Daniel Rossi. El intendente de Santa Elena, que deberá dejar su cargo por cuanto quedó en firme la sentencia que lo condenó por enriquecimiento ilícito, encabezó anoche una manifestación de sus seguidores que se reunieron frente a la sede del Municipio, tras una reunión en la casa del Partido Justicialista. La última palabra de la Justicia entrerriana fue el rechazo a un recurso extraordinario pedido por Rossi, resolución con la cual se le cierran los pasos al condenado para recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Valdéz, presidente del bloque de concejales del justicialismo, aseguró que “Rossi no va a renunciar”, como si aún quedaran caminos abiertos para la continuidad el dirigente que acaba de ser reelecto para un nuevo período institucional al frente del Municipio. Aseguró que el acto que protagonizaba Rossi anoche “será breve porque el Intendente no dirá demasiado”. “Mañana (por hoy) estará seguramente a las 5.30 en su despacho, como lo hace habitualmente”, aseveró el edil del oficialismo. “Acá en Santa Elena hay mucha tristeza por esta noticia. Hemos sufrido mucho todo este tiempo porque este hombre puso de pie la esperanza y la sociedad está conforme tal como quedó demostrado el 18 de marzo”, puso de relieve Valdéz que se demoró en detallar “las obras” realizadas por la gestión de Rossi en los últimos tiempos, al tiempo que lamentó que “algunos hombres de la Justicia no puedan ver esto”. No hay precisiones, aún, acerca del modo en que se produciría el alejamiento de Rossi de su cargo, aunque todo indica que no será simple. La viceintendenta, que debiera quedar a cargo del Ejecutivo municipal, es la señora Asunción Olmedo. EL FALLO La resolución judicial que le cerró el camino a Rossi hacia la Corte Suprema de Justicia fue dictado por la Sala Penal del STJ que, en esta oportunidad, estuvo integrada por los doctores Carlos Chiara Díaz, Bernardo Salduna y Daniel Carubia. Rossi fue condenado por enriquecimiento ilícito a una pena de tres años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si bien queda otra posibilidad a Rossi para acudir a la Corte —el recurso en queja—, la sentencia del STJ no tiene efecto suspensivo por lo cual el intendente debe dejar la Municipalidad. El Concejo Deliberante será el que, reunido en sesión, deberá tratar la situación institucional planteada en Santa Elena. De no ocurrir así, se estaría incurriendo en incumplimiento de sentencia. Por otro lado, cualquier ciudadano podría recurrir a la Justicia para exigir, con un simple amparo, que se haga efectiva la dimisión. Respecto a la situación del 10 de diciembre —momento en que Rossi debería asumir el nuevo cargo para el cual fue reelecto en las elecciones últimas—, debe actuar la Junta Electoral de La Paz, librando el diploma al intendente suplente que resultó elegido el 18 de marzo. Más allá de la situación de Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito, lo cierto es que fue una modificación a la Ley 3001, Orgánica de Municipios, la que dio luz verde al intendente para continuar en el cargo y, además, para postularse a un nuevo mandato. La norma en cuestión fue reformada a mediados de 2006 por la Legislatura, con el voto de legisladores de los dos peronismos —el que se encolumnó en el PJ y el que fue con Julio Solanas y Enrique Cresto— más el de la diputada Lucy Grimalt. El texto caduco disponía que debía cesar en el cargo de intendente o concejal toda persona que se encuentre en condición de procesado en una causa judicial. La redacción fue cuestionada históricamente por cuanto colisionaba con el principio de presunción de inocencia, tan es así que hay sobrada jurisprudencia en Entre Ríos que cuestionó este punto de la Ley 3001. Pero la reforma echó por tierra con esta polémica. El problema es que la nueva redacción no sólo salva a intendentes o concejales procesados, sino también a los condenados por la Justicia. Esto es así porque sólo se exige la renuncia a los cargos cuando la sentencia condenatoria esté en firme. Más de una vez se escuchó que este punto fue planteado para salvar la situación de Rossi que, en efecto, con una serie de apelaciones y recursos no sólo se mantuvo en el cargo sino que, además, pudo ser candidato y ser electo para un nuevo período institucional. (El Diario)