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ería especialmente usado como un medidor constante de la situación demográfica, social y económica de la provincia, con la conformación de una base actualizada de datos para la aplicación de políticas de Educación, Salud, Seguridad. La provincia de Entre Ríos no posee un padrón electoral propio, en cada elección viene usando el nacional. Por eso fue que en la primera experiencia de una elección provincial separada de la nación se debió celebrar un convenio con la Nación, entre el Tribunal Electoral provincial y la justicia nacional, para que se le facilite el padrón. Tras las elecciones del 18 de marzo, el secretario del Tribunal Electoral Provincial, Carlos Vela, consideró que es un momento oportuno para avanzar en lo que constituye un reclamo de todas las jurisdicciones provinciales: confeccionar un padrón propio, que permita contar con datos actualizados. Históricamente, las juntas de Gobierno fueron creadas por el gobernador de turno para atender las necesidades de las poblaciones más pequeñas de la provincia. Desde el año 2003 una nueva legislación permite a los habitantes de esos pequeños poblados elegir sus autoridades por el voto popular. Pero ocurre que no todas las juntas de Gobierno figuran en el padrón electoral a los efectos de elegir sus autoridades. Por eso, tanto el ex gobernador Sergio Montiel como el actual mandatario, Jorge Busti, dispusieron que sólo se vote en aquellas juntas de Gobierno cuyo nombre coincida con el que viene en el padrón nacional. Vela pone un ejemplo: en el departamento Villaguay, el pueblo Raíces Oeste figura en el padrón, pero no el poblado de Paso de la Laguna, cuyos habitantes deben ir a votar a una mesa a Raíces Oeste, distante a 15 kilómetros. ¿Por qué ocurre esto? “El padrón, armado en el Ministerio del Interior va recibiendo las informaciones que les da la provincia y ésta no ha pasado un mapa de Paso de la Laguna”, explica el funcionario. “Muchas veces, un gobernador crea una Junta de Gobierno en un lugar donde encuentra casas, pero ese nombre no está dentro del padrón como distrito denunciado en el Ministerio del Interior. Cuando surge el elemento de la votación nos encontramos con el problema de que hay caseríos muy grandes que no están en el padrón y otras que fueron juntadas caprichosamente bajo un mismo distrito y que están a 50 kilómetros de distancia”. Ante esta “urgencia”, Vela sostiene que lo primero que habría que hacer es “asegurar que la gente del campo pueda elegir sus autoridades legítimamente”, para lo cual hay que enviar la información correspondiente al Ministerio del Interior para que cree el nuevo distrito. “Históricamente esto no se hacía porque no se votaba en las juntas de Gobierno”, agrega. Se trata de “dibujar nuevos mapas de juntas de Gobierno para que coincidan los límites y no quede gente en una zona gris, para que cada uno pueda elegir sus autoridades”. “Esto es lo urgente, pero sería limitar demasiado al padrón, que sirve para funciones mucho más importantes y es una política de Estado”, remarca el funcionario. JURISDICCIONES. Si bien la Constitución autoriza a cada provincia a confeccionar su propio padrón es poco lo que se ha avanzado en el país en este sentido. “Un padrón significa relevar toda la provincia. No sólo sirve para lo electoral sino para fijar jurisdicciones. Y las jurisdicciones sirven para que las autoridades sepan hasta dónde tienen que actuar”, define Vela. El armado del padrón provincial se hace con juntas empadronadoras, que funcionan como un registro civil móvil con representantes de los partidos políticos y del Tribunal Electoral. “Al fijar jurisdicciones se sabe hasta dónde actúa un juez de paz, una policía de campaña, una directora de escuela de campo; se pueden modificar las jurisdicciones de los registros civiles que a veces son incómodas”, enumera. Los ejemplos son múltiples. A qué comisaría le corresponde intervenir ante una denuncia de abigeato; hasta dónde controla una sala de salud la completa aplicación de una vacuna; cómo hace una directora de escuela o el supervisor para ver si todos cumplen con la primaria obligatoria; de qué manera puede detectar irregularidades la autoridad de Trabajo. “Eso puede que esté resuelto en parte, pero lo está en jurisdicciones tremendamente grandes. Aprovechando los nuevos mapas de las juntas de Gobierno se delimita mucho más la jurisdicción y se acota el trabajo y no quedan zonas grises en la provincia”, dice Vela. INDICADORES. Los datos que aportaría un padrón provincial correrían con la ventaja de no permanecer estáticos. “Se incorporan los indicadores de medición, un observador que permite incorporar datos como grados de indigencia, desnutrición, alfabetización, madres en estado de lactancia, estado de abandono, situaciones de vivienda, chicos que cumplen la primaria obligatoria y con la secundaria”. “Con poner un observador que utilice esos elementos de índices de medición, cada dos o tres años se puede actualizar esos datos”, con mucho más frecuencia que los que aportan cada diez años los censos. “De esta manera se puede prevenir desnutrición, deserción escolar, delitos; se puede ubicar mejor hasta dónde se tiene que llegar con el ripio en cada jurisdicción. En definitiva, el indicador está midiendo cuál es el estado de riesgo o de necesidad, o hasta dónde hay que dirigir políticas”, sostiene Vela.