E

l itinerario fue terrestre y fluvial y tuvo como objetivo relevar situaciones que se presumen irregulares. “Es una forma de ejercer el control ciudadano de las obras realizadas y de las pendientes”, dijo Aníbal Faccendini, abogado de la ONG que busca promover conciencia sobre el tema. El enlace vial fue construido entre 1998 y 2003 por la empresa Puentes del Litoral S.A., y la conexión terminó siendo una saga de problemas económicos y financieros. La calidad del servicio no es el único frente de tormenta sobre el puente, que ya acumuló varios pedidos de investigación sobre costos, deudas y manejos financieros. La lupa sobre la situación se agigantó el pasado 3 de mayo cuando Puentes del Litoral entró en concurso de acreedores ante el pedido de quiebra que le interpuso una de sus subcontratistas, la holandesa Boskalis Ballast, a cargo del dragado y los terraplenes. “Esta es la primera vez que el Occovi le permite a una ONG ejercer un control ciudadano in situ”, explicó Faccendini. Y aseguró que la Asamblea por los Derechos Sociales fue la única organización civil que en el 2003 impulsó una presentación ante la Fiscalía de los Tribunales Federales rosarinos. En esa oportunidad, solicitaron que se investigara penalmente las relaciones entre el costo real del puente y los aportes realizados por la empresa y el Estado. La inspección comenzó en el viejo obrador de la empresa Puentes del Litoral S.A. e incluyó tramos terrestres y fluviales a lo largo de toda la conexión. Entre las situaciones a comprobar se anotaron el estado de los postes de teléfonos para S.O.S y las defensas acuáticas para evitar colisiones con barcos de gran porte. Según Faccendini, la instancia de la inspección llegó después de una presentación que realizaron ante el Occovi en Capital Federal. “Cuando nos anoticiamos del concurso de acreedores presentado por la empresa, fuimos al organismo y planteamos que tome en cuenta los elementos acumulados en cuatro años de investigación”, relató el letrado a La Capital. En su presentación ante el organismo nacional, la Asamblea por los Derechos Sociales solicitó que se definiera “si corresponde la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la empresa, anulación que el Estado deberá considerar en la medida que haya tomado todos los recaudos”, puntualizó Faccendini.